El Correo.- Marlaska asegura que el Gobierno ultima un cambio en la normativa de víctimas para frenar por la vía administrativa los homenajes a etarras.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este martes que el Gobierno está ultimando un cambio en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para incorporar un «nuevo régimen sancionador» que permita acabar con los homenajes a ex presos de ETA. Unos acto que, dijo, son «incompatibles con la dignidad de las víctimas».
Marlaska se refirió a esta cuestión en respuesta a una pregunta del senador de UPN, Alberto Catalán. Si hay algo a día de hoy en lo que la voz de los colectivos de víctimas y damnificados a nivel particular se escucha casi al unísono es en la crítica a la celebración de ‘ongi etorris’ en espacios públicos. Las llamadas a acabar con este tipo de convocatorias son recurrentes. El propio Catalán acusó este martes al titular de Interior de mirar «para otro lado» tras recordarle que solo en 2020, Covite contabilizó 194 actos de homenaje a ETA, «un 57% más que en 2019».
La reforma legislativa se viene analizando desde hace más de año y medio con asociaciones y fundaciones con el objetivo, en palabras del ministro, de «fortalecer el reconocimiento y dignidad de las víctimas», así como «mejorar sus derechos».
Diferentes sentencias judiciales han limitado las actuaciones por la vía penal contra este tipo de homenajes. Los jueces enmarcan estos actos en la libertad de expresión y consideran que no existe un riesgo de rebrote de la violencia dado que ETA anunció su disolución. Cerrada esta puerta, el Ejecutivo central ve en la vía administrativa «el mecanismo adecuado para luchar contra esta conducta».
La reforma de la ley en la que la dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo trabajaba ya a mediados de 2019 es la de incluir un apartado con medidas sancionadoras dirigidas a quienes concedan autorizaciones para actos de homenaje a terroristas. Es decir, penalizar a los ayuntamientos. Una modificación que debe pasar el corte de los servicios jurídicos del Gobierno. El problema, ahora bien, es que en la mayoría de los casos no se solicita permiso alguno. Y ahí estará la clave del alcance real de la modificación de la ley.
El senador de UPN apremió al ministro del Interior a acometer dicha reforma legislativa -podría realizarse vía decreto- puesto que, reprochó, «ha tenido tiempo suficiente». «Sus únicas prisas conocidas han sido para aprobar los acercamientos de presos de ETA, sin arrepentimiento real y sin exigir la colaboración con la Justicia», le afeó Catalán.
