La visita de Grande-Marlaska a Mauritania reactiva las repatriaciones, mientras el ministerio confía en retomar las expulsiones al resto de países de origen
GUILLERMO VEGA / MARÍA MARTÍN. EL PAÍS.- El Ministerio de Interior ha ordenado la reapertura de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) tras casi cinco meses cerrados por la pandemia y retoma así los internamientos de inmigrantes en situación irregular para su posterior expulsión. La decisión llega pocos días después del viaje del ministro Fernando Grande-Marlaska a Mauritania, adonde fue para tratar el repunte de llegadas a las islas Canarias y reforzar la importancia de su socio, un país que readmite a los migrantes de terceros países que han llegado irregularmente en España y que previamente hayan transitado o partido desde su territorio.
La reapertura se ha conocido por un oficio de la Secretaría General de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras al que ha tenido acceso Europa Press. En el documento se informa de que se “reinicia la actividad operativa” en los CIE de la Península con el internamiento de los ciudadanos argelinos y marroquíes que lleguen en patera y en los CIE del archipiélago canario para inmigrantes subsaharianos llegados desde Mauritania». Se ordena además que la Unidad Central de Repatriaciones realice las “gestiones oportunas con los consulados de los países de origen para poder materializar las expulsiones”.
El Ministerio del Interior asumió el cierre de los siete centros de internamiento tras certificar que con las restricciones de viaje que se impusieron en todo el mundo no era posible ejecutar las expulsiones de los inmigrantes en situación irregular.En aquel momento, los CIE, que cuentan con 866 plazas, se encontraban al 59% de su capacidad. El proceso se concluyó el pasado 6 de mayo, cuando por primera vez en tres décadas los CIE amanecieron vacíos.
Fuentes del ministerio explican que de la misma forma que se fueron cesando internamientos tras la declaración del estado de alarma, “cuando la capacidad de retorno fue tendiendo a cero”, ahora están “en disposición de volver a retomar esta política de retorno”. “Estas capacidades”, han asegurado las mismas fuentes, “se enmarcan en la política migratoria puesta en marcha por el Ministerio del Interior y que tiene como principales ejes la lucha contra las mafias que trafican con personas y la cooperación con los países de origen y tránsito”.
Aunquelos principales países a los que se devuelve a los extranjeros mantienen aún sus fronteras cerradas,Argelia –hasta el “fin de la crisis sanitaria”– y Marruecos –hasta al menos hasta el 10 de octubre–,Interior “confía plenamente” en que podrá materializar las expulsiones. “Para garantizar que se puedan llevar a cabo en tiempo y forma hay que iniciar ya los procedimientos”, afirman fuentes del departamento.
Para la reapertura de los centros se aplicarán las medidas sanitarias que ya establecieron durante el inicio la pandemia, que pasan por protocolos de detección previos, que son competencia de las comunidades autónomas, y la habilitación de salas de aislamiento, en las que se pueda confinar, atender y dar parte a las autoridades sanitarias de cualquier caso sospechoso.En abril, el juez de control del CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, ordenó su cierre ante “un progresivo contagio” de coronavirus entre los internos debido a las condiciones de “hacinamiento” del centro.»Los CIE no están preparados para reabrir en plena segunda ola del virus y mucho menos para garantizar que sean útiles a lo único para lo que se afirma que están concebidos. Nada puede asegurar que los países de origen de los inmigrantes estén dispuestos a recibir a sus nacionales procedentes de un país en plena ascensión de su curva de contagios», ha denunciado el vicepresidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas, Paco Solans. El letrado ha recomendado a sus compañeros que defiendan ante los jueces responsables de decretar el internamiento que existan garantías de expulsión y de que cuenten con las medidas sanitarias adecuadas.
El departamento de Grande-Marlaska buscaba reactivar los retornos para contener los repuntes de llegadas que están registrándose desde Argelia y hacia el archipiélago canario, adonde este año han llegado uno de cada tres migrantes que alcanza costas españolas. La política de expulsión es un pilar de la política migratoria española y se ve reforzado ahora que la UE debe adoptar su nuevo pacto migratorio apoyado en gran medida en el retorno forzoso de migrantes. En 2019, España consiguió ejecutar la expulsión y devolución de 11.153 personas y logró la readmisión por terceros países —especialmente con Mauritania y Marruecos con quien mantiene ese tipo de acuerdo —de otras 850. La ratio de expulsión española —los retornos ejecutados frente al total de órdenes de abandonar el país que se dictan— es del 30%. No es la más alta de la UE, cuya media es del 32%, pero viene engrasándose desde que Grande-Marlaska ocupa el Ministerio del Interior y está por encima de la de países como Francia (13%) o Italia (24%), aunque por debajo de Alemania (53%), según datos de Eurostat.
