EFE.- El Ministerio del Interior creará un centro nacional de desaparecidos y una oficina nacional de lucha contra los delitos de odio, ha anunciado hoy su titular, Juan Ignacio Zoido.
La oficina nacional de lucha contra los delitos de odio impulsará la aplicación del protocolo de las fuerzas de seguridad en esta materia y servirá de enlace con los colectivos de víctimas.
Estos son dos de los anuncios que el ministro Juan Ignacio Zoido ha hecho hoy en su primera comparecencia en la comisión de Interior del Congreso, donde ha presentado las prioridades de su departamento para los próximos cuatro años.
Tras recordar los avances logrados en los últimos años sobre el drama de las personas desaparecidas, Zoido ha admitido que existe una demanda para mejorar la colaboración entre cuerpos policiales y otros servicios públicos.
Por eso, Interior quiere que se cree este centro nacional, que sería el responsable del control y la gestión operativa de la base nacional de personas desaparecidas y restos humanos localizados, así como el encargado de incrementar las relaciones entre la administración, las ONG, las fuerzas de seguridad y los familiares de esas personas.
Un centro, ha explicado Zoido, que facilitará la puesta en marcha de una estrategia para apoyar a esos familiares y que formará y «entrenará» a los servicios implicados en la búsqueda de personas para mejorar su actuación.
Desde este organismo se recopilarán también estadísticas para identificar «tendencias y patrones» en las desapariciones, un fenómeno que «envuelve de angustia vital» a las familias cuando un ser querido desaparece.
Sobre la oficina para luchar contra los delitos de odio, Zoido ha avanzado que actuará también como observatorio del fenómeno, recabará información y realizará un análisis estratégico que permita tomar nuevas medidas para atajar esos delitos.
Ha resaltado el protocolo de actuación que rige desde diciembre de 2014 para las fuerzas de seguridad, lo que permite ofrecer a jueces y fiscales indicios racionales de criminalidad de los hechos denunciados.
Ha resaltado la valoración que hace la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que sitúa a España como uno de los cinco primeros países que mejor recogen los datos para el registro de estos delitos.
