Un inmigrante de la embarcación que arribó el miércoles a Tenerife da positivo y la delegación del Gobierno levanta la suspensión del procedimiento prevista durante el estado de alarma
MANUEL MARRACO. EL MUNDO.- El Ministerio del Interior ha levantado la suspensión que rige sobre los plazos administrativos durante el estado de alarma para acelerar la expulsión de los tripulantes de una patera que llegó el miércoles a la isla de Tenerife con al menos un caso de coronavirus. Según explican fuentes jurídicas, la embarcación procedente de la costa marroquí fue detectada el miércoles y los 23 inmigrantes que viajaban en ella trasladados a instalaciones de la Cruz Roja.
El jueves estaba previsto que cuatro abogados de guardia les asistieran. Sin embargo, la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional comunicó a los letrados que uno de los inmigrantes había dado positivo en el test de coronavirus y que la entrevista se aplazaba un día.
Finalmente, el delegado de Gobierno dictó ayer una resolución en la que acuerda levantar la suspensión de plazos administrativos aplicada durante el estado de alarma para agilizar la expulsión de quienes arribaron en la patera. El documento recuerda que el real decreto dictado el 14 de marzo ya preveía que la paralización podría levantarse en situaciones «estrechamente vinculadas» a la pandemia. La delegación del Gobierno añade que un caso relacionado con el control de fronteras instaurado por motivos sanitarios cumple ese requisito y requiere «una respuesta inmediata».
Además del test positivo de uno de los inmigrantes, es probable que otros de la misma patera estén contagiados. A algunos de ellos se les proporcionaron mascarillas para su encuentro con los abogados. También había material de protección para policías y letrados, pese a que la situación general en la isla es de escasez.
Los llegados en la patera no van a ser internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la isla ni como suele suceder cuando el CIE está completo, en instalaciones penitenciarias, ante el riesgo de que generen contagios. Los afectados permanecen en una instalación de la Cruz Roja adjunta al complejo penitenciario previsto para presos en semilibertad y previsto para atender a familias de los condenados.
La decisión de la delegación del Gobierno garantiza que la vía administrativa sigue en marcha y que, previsiblemente, se ratificará la orden de expulsión por haber entrado en el país por un puesto fronterizo no habilitado. Otra cosa es la ejecución efectiva de esa decisión. Las restricciones sanitarias por la pandemia han dejado en tierra la mayor parte de los vuelos, entre ellos los que con cierta regularidad trasladan inmigrantes sin papeles de Canarias a Mauritania. Este país es uno de los que ha cerrado sus aeropuertos a vuelos españoles.
Desde el decreto de estado de alarma han llegado varias pateras a Canarias, aunque no se conoce que haya habido infectados. Tampoco en esos casos se ha trasladado a los inmigrantes a los CIE. La semana pasada un juez ordenó desalojar el CIE de Las Palmas al detectarse «un progresivo contagio» entre los internos.
