En su escrito, Inma Alcolea, conocida como ‘la mosso constitucionalista’, denunciará también al mosso independentista Albert Donaire «por delitos de organización criminal».
CRISTIAN CAMPOS. EL ESPAÑOL.- Inma Alcolea dice haber perdido por fin el miedo. Tras treinta meses de calvario judicial y administrativo, tras ver su foto y la de su hijo expuesta en las redes sociales, y convencida de haberse convertido en objetivo prioritario de la Generalidad y de los sectores separatistas del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, la conocida como «la mosso constitucionalista» ha decidido pasar al ataque, a la espera de que una futura Ley Pasarela permita a los mossos d’esquadra fieles a la Constitución dar el salto a la Policía Nacional. A poder ser, en un destino lo más alejado posible de Cataluña.
A lo largo de los próximos días, Inma Alcolea tiene previsto presentar una denuncia penal frente al fiscal delegado de Delitos de Odio y Discriminación de Gerona, Víctor Pillado, contra Andreu Joan Martínez, director general de la Policía del Departamento del Interior de la Generalidad catalana, y contra Albert Donaire Malagelada, mosso d’esquadra y cabeza visible del sector separatista del cuerpo de la policía autonómica catalana en las redes sociales y especialmente en Twitter, desde donde tuitea con el nombre @albertdmcat.
El escrito de Alcolea, detallista y exhaustivo, de casi cuatrocientas páginas si se incluyen los documentos anexos, pide el procesamiento por delitos contra la intimidad y por delitos de organización criminal contra Albert Donaire, y por prevaricación contra Andreu Joan Martínez «por no aplicar el régimen disciplinario a miembros de este cuerpo policial [los Mossos d’Esquadra] por afinidad ideológica». La denuncia también solicita que se abra investigación «respecto a quiénes son los miembros que integran el grupo criminal en Twitter @Guilleriesmoss1 y Mossos per la República Catalana».
Faltas graves sin sanción
La denuncia debería haberse presentado ya este viernes, pero Alcolea no pudo hacerlo a falta de una última fotocopia y de un añadido de última hora. «Se trata del tema de los agentes rurales» dice Alcolea. «¿Recuerdas cuando expedientaron al mosso Octavi [el autor de la frase «la república no existe, idiota»] por una conversación con un agente rural y un bombero? Los dos llevaban puesto su uniforme laboral fuera de servicio, y no fueron denunciados ni expedientados por ello«.
«El agente rural, por ejemplo, debería haber sido denunciado por Marc Costa, el director general de Agentes Rurales» dice Alcolea. «Marc Costa es un exmosso d’esquadra investigado por la jueza Lamela por su participación en el referéndum del 1 de octubre y que disfruta de un sueldo de 82.000 euros gracias a sus vínculos con la ANC. Pero ni el agente rural ni el bombero fueron expedientados, a pesar de que vestir el uniforme fuera de servicio es, según sus regímenes disciplinarios, una falta grave o muy grave. Sí fue expedientado, en cambio, el mosso Octavi».
La «Genestapo»
Inma Alcolea es conocida en Cataluña como la piedra en el zapato de la División de Asuntos Internos de la policía autonómica catalana, controlada por lo que ella llama «la Genestapo». Su conflicto con el cuerpo al que todavía hoy pertenece empezó en enero de 2017, cuando fue expedientada por un comentario contra el expresidente prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, en aquel momento todavía presidente legítimo de la Generalidad, escrito en su perfil de Facebook.
Tras una primera suspensión de empleo y sueldo de dos meses, y tras un traslado forzoso a un puesto de trabajo a ciento cuarenta kilómetros de su domicilio, Inma Alcolea recibe una propuesta de sanción de suspensión de empleo y sueldo de siete meses. Abrumada por la notificación, la mosso le lanza un «viva España» a una patrulla de compañeros del cuerpo con los que se cruza por la calle. Los mossos se detienen, la identifican y añaden un estigma más a su expediente.
Al poco, Alcolea vuelve a ser castigada con un traslado a la cárcel de Figueres, a ciento veinte kilómetros de su domicilio. ¿La justificación? La ruptura de la «neutralidad política» exigible a todos los agentes de los Mossos d’Esquadra. Una neutralidad política que, como puede comprobar cualquiera que visite los perfiles en las redes sociales de muchos mossos d’esquadra separatistas, abarrotados de llamadas a la rebelión contra el Estado español, no es precisamente una de las reglas más obedecidas en el cuerpo de policía autonómica.
El calvario no acaba aquí. En 2018, Alcolea es suspendida de nuevo sin empleo ni sueldo durante cinco meses, y poco después pierde su plaza fija en Gerona. La Justicia, sin embargo, le ha dado la razón a la mosso constitucionalista declarando ilegales los dieciséis meses en los que fue acribillada con medidas cautelares por supuestas infracciones que los mossos separatistas cometen a diario con total impunidad y sin recibir expediente ni sanción alguna.
«Hay más casos como el mío» dice Alcolea. «Por ejemplo ese mosso d’esquadra que se peleó con el dueño de un taller mecánico que no quiso arreglar el coche de su pareja por ser esta policía nacional, y que ha acabado expedientado y con una sanción grave. Mientras tanto, el señor Alberto Donaire calumnia al Tribunal Supremo, calumnia al monarca, calumnia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, miente en el juicio del Tribunal Supremo, llama a la desobediencia y a la sedición diariamente e incluso cuelga fotos votando en el referéndum ilegal del 1-O y no le pasa absolutamente nada«.»Estamos tristes de trabajar para esta mafia y lo único que pedimos nosotros y cientos de mossos más en una situación parecida a la nuestra es el desarrollo de la Ley Pasarela que nos permita salir de este infierno de cuerpo policial. Queremos sacar a nuestros hijos de esta comunidad autónoma sin ley, sin Estado de derecho y sin seguridad jurídica en la que se han anclado extremistas investigados por desobediencia, malversación y prevaricación, y donde la manera normal de actuar es el nepotismo para acceder a los sueldos públicos«.
