PÁGINA 12.- La plataforma de jóvenes indignados del movimiento 15-M de Bruselas elevó una queja formal ante la Secretaría de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) para denunciar las expulsiones de extranjeros de Bélgica. La petición no tiene fecha de debate en el PE, que en cualquier caso analizará la cuestión en la próxima Legislatura de mayo, cuando se celebren las elecciones europeas. En la presentación de su protesta, los firmantes solicitan un cambio de la directiva europea sobre derecho de circulación y residencia en los Estados miembro en la que se basa la ley belga de extranjería.
“La directiva hace de la libre circulación un derecho condicionado, lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y ampara el trato discriminatorio de ciudadanos europeos emigrantes”, aseguraron desde el 15-M. A su vez, consideraron que ese trato discriminatorio afecta especialmente a los ciudadanos que provienen del sur y del este de Europa, que sufren más duramente las consecuencias de la crisis económica y que se ven forzados a emigrar.
Los firmantes expusieron que algunas legislaciones, como la belga, fomentan la justificación legal de la xenofobia, la desigualdad, y son un duro golpe a uno de los pilares de la construcción europea. Los ciudadanos rumanos, búlgaros y españoles encabezan la clasificación de europeos expulsados de Bélgica en 2012 y 2013 por suponer una carga excesiva para el sistema social, según la Secretaría de Estado de Asilo e Inmigración.
Según el diario Público de España, los indignados pidieron además al PE que se retire la exigencia de recursos suficientes, de seguro de salud con cobertura suficiente y toda referencia a ser una carga para la asistencia social del texto de la directiva belga, de manera que la norma comunitaria garantice el derecho efectivo a la libre circulación y residencia de todas las personas con ciudadanía independientemente de su condición económica.
Aunque se trate de invitaciones a abandonar el país y no de repatriaciones forzosas, aclara el diario español, a las personas afectadas por la legislación les resulta muy difícil volver a reincorporarse al Estado belga, que los anota en sus sistemas de modo que no les sea posible volver a registrarse en otra commune (ayuntamiento). “Es la muerte administrativa”, denunciaron desde el 15-M.
“Cargan contra la selección económica que guía las políticas migratorias de la Unión Europea y de sus estados miembros –señalaron desde el movimiento de indignados–. De hecho, la ley belga establece la prohibición de volver al país durante dos años, cuando la directiva prohíbe expresamente que a la orden de expulsión la acompañe una prohibición de entrada”, explicaron los firmantes de la queja.
Según los activistas, aunque la reglamentación permita las expulsiones en algunos casos, también establece límites para los estados. Por ejemplo, no pueden practicar un control sistemático sobre los extranjeros residentes en su territorio. No obstante, para saber a quién expulsar, el Estado belga cruza de modo automático los datos de los extranjeros registrados en lo que se conoce como CPAS (Centro Público de Acción Social, organismo encargado de las ayudas sociales) con los del Office des Etrangers, oficina de extranjería.
“Este cruce de información no sólo vulnera la propia directiva, sino también la normativa europea de tratamiento y protección de datos de carácter personal. En la práctica, además, ampara las expulsiones colectivas, expresamente prohibidas por la Carta Europea de Derechos Fundamentales”, añadieron los firmantes de la petición. Desde el 15-M, insistieron en denunciar, como argumento, la selección económica que guía las políticas migratorias de la UE y de sus estados miembros, que invitan a los ciudadanos europeos a sumarse a la iniciativa, “añadiendo su firma a esta petición desde la plataforma virtual del Parlamento Europeo” o “presentando peticiones desde otros países donde los extranjeros comunitarios estamos recibiendo un trato similar al de Bélgica”.
En 2013 las autoridades belgas retiraron el permiso de estadía a 2712 personas, de las que 816 eran de nacionalidad rumana, 393 búlgaras y 323 españolas. Así, los españoles fueron el tercer grupo con más expulsiones de Bélgica durante el año pasado, aunque se redujo ligeramente la cifra frente a un año antes, cuando ocuparon el segundo lugar.
