La familia tuvo que sacar a la menor y a sus hermanas del colegio tras el incidente y la Generalitat abrió un expediente disciplinario
GERMÁN GONZÁLEZ. EL MUNDO.- Una maestra del centro escolar Font d’Alba de Terrassa (Barcelona) deberá declarar la próxima semana, si la situación de emergencia generada por la epidemia de coronavirus no lo aplaza, como investigada por cometer, presuntamente, un delito cuando el pasado 17 de junio afeó a una de sus alumnas, de 10 años, pintar una bandera española en clase con la frase Viva España.
Tras escuchar a otras docentes de la escuela así como a los padres de la menor, el Juzgado de Instrucción número 2 de Terrassa, que investiga esta presunta agresión, consideró que debe escuchar a la denunciada como imputada, por lo que deberá acudir con su abogado.
La denuncia presentada por la familia de la menor ante los Mossos d’Esquadra, y que después ratificaron en el juzgado, indica que la profesora supuestamente «increpó y zarandeó a la alumna y la humilló ante sus compañeros por pintar una bandera española» en su trabajo de fin de curso.
Además, indicaron que a consecuencia de esta acción la menor cayó al suelo antes de sacarla de clase al pasillo. La denuncia se adjuntó con un informe médico, ya que la alumna fue atendida por las molestias que tenía en la espalda y en una mano.
En la instrucción de la causa han declarado otras responsables de la escuela. Entre ellas, la directora del centro y quienes consideraron que la actitud de la investigada no fue la correcta, aunque sin entrar en las razones de la acción. Sí que confirmaron que la docente llevaba un lazo amarillo en el aula pese a que desde el centro se le instó a quitárselo durante la jornada laboral, ya que se trata de un centro público.
LA GENERALITAT NO EVIDENCIÓ «MALTRATO FÍSICO»
Poco después de conocerse esta denuncia, el Departamento de Educación de la Generalitat abrió un expediente disciplinario a la maestra. Tras una investigación, la Administración catalana concluyó que «no se ha podido evidenciar fehacientemente un maltrato físico» y que «no se percibe motivación ideológica de la docente en su actuación, ya que también rechazó los símbolos y dibujos de otros alumnos al considerar que no se ajustaban a los criterios dados al grupo en la clase».
Pese a esto, el informe considera que la docente pudo cometer una falta leve al romper en público el trabajo de la alumna o dejarla sola en el pasillo, al echarla de clase. Por eso abrió un expediente disciplinario que en estos momentos está paralizado a la espera de conocerse el resultado del procedimiento judicial.
La familia de la menor decidió trasladar de escuela a ella y a sus hermanos pequeños para evitar posibles presiones por esta denuncia. La dirección del centro se había comprometido a «adoptar medidas organizativas para que en el futuro ninguna de sus hijas coincida con la citada profesora como tutora», aunque los padres de la alumna finalmente las cambiaron.
Según fuentes del entorno de la familia, la menor sufre todavía por este episodio y la necesidad de revivirlo dentro del proceso judicial, así que debe declarar acompañada de psicólogos.
BANDERAS DE APOYO
Poco después de la denuncia, S’ha Acabat inició una campaña en las redes sociales de apoyo a la familia a la que se sumaron otras entidades como Impulso Ciudadano y la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Consistía en mostrar banderas españolas pintadas. Además, hubo una protesta ante el centro en la que se pegaron algunos de estos dibujos realizados por grandes y pequeños.
Tras conocerse esta imputación, la diputada de Ciudadanos en el Parlament, Sonia Sierra, aseguró que «confiamos en la Justicia, ya que desde el Departamento de Educación se apresuraron en dar carpetazo al asunto asegurando que no había habido agresión, pese al parte de lesiones, ni motivación ideológica, pese a que la supuesta agresión se produjo tras pintar la alumna una bandera española».
Además, recordaron que han presentado varias iniciativas parlamentarias para acabar con el acoso escolar y destacaron que representantes de Ciudadanos en Terrassa denunciaron al colegio ante la Síndica de Greuges de la localidad por el presunto control a alumnos que hablaban castellano en el recreo.
«Las familias tienen que poder dejar a sus hijos en los centros escolares con total tranquilidad, tienen que ser lugares totalmente seguros para los menores», concluyó Sierra.
