La norma del ‘solo sí es sí’ propone multar a quienes hagan proposiciones intimidatorias a las mujeres en la calle. La legislación de Podemos cambia el paradigma jurídico y acaba con la distinción entre abuso sexual y violación
PATRICIA MARTÍN. EL PERIÓDICO.- La última ley que defendió Irene Montero como portavoz de Podemos en el Congreso fue la llamada ley del ‘solo sí es sí’, que oficialmente se denomina de protección integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales y que no vio la luz por el adelanto electoral. Como ministra de Igualdad, Montero ha afirmado que su intención es «priorizar» la aprobación de esta norma, que acaba con la polémica distinción entre abuso sexual y violación. Pero además incorpora otras muchas medidas novedosas, como la tipificación por primera vez como delito, de carácter leve, del acoso sexual en los espacios públicos, dado que cada vez más mujeres denuncian que se sienten intimidadas en las calles, discotecas o medios de transporte, según dan cuenta las redes sociales.
En concreto, la proposición presentada por el partido morado en el 2018 prevé que se castigue con pena de multa de tres a nueve meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 50 días «al que se dirija a una persona en la vía pública con proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que, sin llegar a constituir un trato degradante ni atentado contra la libertad sexual, creen para la víctima una situación intimidatoria». Ahora solo se penaliza el acoso en determinadas circunstancias y cuando hay un contacto físico, pero Francia, Portugal, Bélgica u Holanda ya tienen un delito como el descrito. Y la idea de la ministra es que la ley que Podemos trabajó con el movimiento feminista y varios juristas durante meses sea ahora recuperada.
El acuerdo PSOE-Podemos
Si bien, fuentes de su departamento avisan de que la norma puede sufrir algún cambio dado que hace tiempo que se presentó y se tiene que consensuar con el PSOE. Por no hablar de que el Gobierno de coalición no tiene apoyos suficientes y necesita de los grupos minoritarios para aprobar sus iniciativas en las Cortes. No obstante, el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sí incorpora el compromiso de aprobar una ley integral contra las violencias sexuales, que reforme el Código Penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave, por lo que es previsible que sea la ley de Podemos la que sirva de base para la misma.
El PSOE comparte además llevar a la legislación penal el ‘sólo sí es sí’, pero la redacción propuesta por una comisión de expertos en su primera etapa en el Gobierno, tras las protestas que generó la sentencia de ‘La manada’ que condenó a los cinco acusados por abuso y no violación, se quedó también en el tintero.
Violaciones en grupo
La ley de Podemos propone un artículo único de agresión sexual, castigado con una pena de prisión de 1 a 5 años, al que “realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento”, delito que se ve atenuado o agravado en función de varios supuestos. Así, se eleva la pena si el delito lo cometen dos o más personas, es decir, una violación en grupo, o si el autor es o ha sido pareja de la víctima. En cualquier caso, la intención de la norma no es elevar las penas, que en España ya son altas, sino acabar con situaciones en las que se cuestiona la versión de la víctima o se producen diferentes interpretaciones jurídicas.
Pero la norma va mucho más allá y supone un cambio de paradigma, al proponer un conjunto de medidas preventivas, formativas, penales y de reparación integral de la víctima, similar a las que ya existen para las maltratadas por sus parejas o exparejas. De hecho, propone que los tribunales ahora especializados en la violencia contra la mujer asuman las violaciones y se creen juzgados de lo penal y salas en las audiencias provinciales especializadas en violencias sexuales.
Acoso sexual e intimidad
En el ámbito de la justicia prevé además que las víctimas tengan asistencia jurídica gratuita, que se evite el contacto entre acosada y agresor y que se grabe su declaración, de forma que no tenga que ser repetida en el juicio, para evitar la doble victimización de la afectada. La ley introduce también la responsabilidad penal de las empresas o personas jurídicas en el delito de acoso sexual y determina que los tribunales protejan la intimidad de las damnificadas, para tratar de impedir que se difunda su identidad, como sucedió con la víctima de ‘la Manada’ de Pamplona.
Partiendo de la base de que la violencia sexual no sólo es una “cuestión individual, sino social” y que el agresor, además de provocar un daño particular, provoca un perjuicio “colectivo” sobre el conjunto de mujeres “que reciben un mensaje de inseguridad y dominación radicado en el género”, según reza la exposición de motivos, la ley propone medidas preventivas y formativas con el fin de promover relaciones igualitarias. Así, por ejemplo, prevé que se incorpore al currículum escolar obligatorio la educación sexual y programas de formación para el personal sanitario, judicial o policial.
Asimismo, garantiza un conjunto de derechos, entre ellos el de recibir una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio de desempleo si su renta es inferior al salario mínimo. Y las afectadas podrían acogerse a estos derechos aunque no interpongan denuncia.
