Ibán García del Blanco Secretario de Movimientos Sociales del PSOE.- Uno de los mayores desafíos con los que nos enfrentamos actualmente es desarrollar adecuadamente políticas de gestión de la diversidad, porque en las últimas décadas la no discriminación y el reconocimiento de la diversidad se han convertido en un concepto clave de la teoría política. Si a mediados del siglo XX las políticas centradas en la justicia social giraban en torno a la redistribución económica y la construcción del Estado del Bienestar, hoy día el reconocimiento de la diversidad y la no discriminación deben ser pilares indispensables de los estados democráticos avanzados.
Gracias a la lucha de los movimientos sociales fundamentalmente, y en concreto a los movimientos feministas, antirracistas, de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, que han abanderado la lucha por la igualdad, hoy se entiende que la igualdad formal no es suficiente y que la democracia plena exige del reconocimiento de la diferencia y la diversidad, reconocimiento que se plasma también en la lucha contra la discriminación.
La política de hoy tiene que explicar que la Justicia Social es bidimensional: por una parte tiene que atender a las justas reivindicaciones de protección social y, al mismo tiempo, tiene que atender también al reconocimiento efectivo de la diversidad social. En realidad, es asegurarnos de que ninguna persona, en razón de una diferencia legítima —la que se da dentro del marco general del respeto a los derechos humanos— encuentre interferencias en su deseo de realización personal así como en su participación social y política plena, en condiciones de igualdad.
El PSOE mantiene un claro compromiso con las políticas de igualdad en la diversidad, no sólo con la aprobación de leyes que colocaron a nuestro país en la vanguardia del reconocimiento de los derechos civiles, también lo hemos sido al convertirnos en el primer partido en España, que ha creado espacios de participación política en su estructura organizativa como los grupos del Pueblo Gitano, Afro, Latino, LGTB, Rumano, de Mayores, Vecinal, de VIH o de Salud Sexual y Derechos Sexuales, entre otros.
Es desde esta interacción de estos grupos que representan distintas diversidades con su entorno asociativo y social desde el que se impulsa el programa electoral socialista en materia de Igualdad en la Diversidad, coordinado por nuestro querido compañero fallecido Pedro Zerolo, y convertido en un firme compromiso para impulsar esa Sociedad del Arcoíris por la que él tanto luchó, y que podemos afirmar es el epílogo de su larga lucha por la igualdad y la no discriminación. Unas propuestas que reafirman el compromiso de aprobar una ley general de igualdad de trato y no discriminación que establezca claramente un marco general de las políticas antidiscriminatorias e incorpore a nuestro ordenamiento elementos tan esenciales para combatir la discriminación como la Autoridad contra la discriminación o la inversión de la carga de la prueba, propuesta que se complementa con la creación de fiscalías especializadas contra la discriminación y los delitos de odio mediante una Ley contra los Delitos de Odio que establezca una propuesta seria, potente y coherente de política criminal contra esto delitos e incluya el estudio y seguimiento del fenómeno, su prevención, la atención a las victimas y, por supuesto, la sanción.
Conviene recordar que las diferentes minorías discriminadas conforman la mayoría de la población, sin olvidar que la gran mayoría de la población será objeto de discriminación en alguna ocasión a lo largo de su vida. Por ello es necesario impulsar una serie de políticas antidiscriminatorias que abarquen ámbitos tales como la no discriminación racial o étnica, mediante un Plan Integral contra el racismo y la xenofobia, la creación del Instituto de Cultura Afro y la Delegación del Gobierno para el Pueblo Gitano, o una nueva Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana; la aprobación del reglamento de la Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la revisión de la regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Debemos seguir avanzando con propuestas que garanticen la igualdad efectiva de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e Intersexuales mediante una Ley para la Igualdad LGTBI y una ley integral para las personas transexuales, o que impidan la discriminación por edad, creencias, convicciones u opinión, y las que se producen por razón de enfermedad, para lo que proponemos la revisión de toda aquella legislación, norma o práctica para evitar la discriminación basada en la edad, el prejuicio y/o el trato diferente por motivos de enfermedad, la creación de los Observatorios contra la Islamofobia y contra el Antisemitismo, o la puesta en marcha un Pacto Social contra la Discriminación de las personas con VIH.
Todas ellas medidas concretas que tratan de responder a los desafíos de una sociedad cada vez más diversa, porque ante las políticas de gestión de la diversidad existen dos actitudes bien distintas: la de quienes miran hacia atrás preocupados por todo lo que avanzamos, y la de quienes miramos hacia delante pensando en lo que nos queda por avanzar.
