EFE.- La fuerte presencia en los parlamentos de Grecia y Hungría de partidos con un discurso racista, incluso vinculados a grupos paramilitares, es una clara muestra de que todos los países deben hacer más para combatir los extremismos, según un estudio divulgado hoy por la Unión Europea (UE).
«Racismo, discriminación, intolerancia y extremismo: Aprender de las experiencia de Grecia y Hungría» es el título del informe elaborado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), con sede en Viena.
El análisis se centra en esos dos países al considerar que en ellos se da una situación única: la amplia representación en el Parlamento de formaciones políticas de ideología extremista.
En el caso griego se trata del partido Amanecer Dorado, que centra sus ataques en los inmigrantes irregulares, mientras que en Hungría el «Jobbik» tiene un mensaje contra los gitanos y los judíos.
Amanecer Dorado, con 18 de los 300 escaños de la cámara, es, junto a un partido nacionalista, la cuarta fuerza en el Legislativo griego, al tiempo que el Jobbik se sitúa como el tercer partido con más representación en el Parlamento húngaro.
La FRA asegura que existe «una creciente alarma a nivel nacional de la UE e internacional sobre las actuales manifestaciones de discriminación, racismo y la correspondiente intolerancia en miembros» de la Unión como Grecia y Hungría.
Desde la agencia se advierte de que, pese a los esfuerzos para detener ese tipo de conductas, «encuestas recientes muestran que las popularidad de esos partidos se mantiene relativamente alta, especialmente entre los más jóvenes».
Pero la FRA no sólo responsabiliza a esas formaciones o a sus votantes, sino que señala también que en los dos países las autoridades «son reacias a reconocer la gravedad y el impacto social de este fenómeno».
En el caso griego, los autores del informe indican que de las entrevistas con diputados, cargos y empleados públicos se desprende la idea de que la legislación actual no ofrece suficiente protección contra el racismo y la xenofobia, aunque hay intentos de fortalecer las leyes en ese sentido.
Además, los recortes presupuestarios han afectado a la capacidad de responder al fenómeno de la intolerancia, según la FRA.
En el caso húngaro, el documento precisa que, aunque haya leyes que en teoría son una buena herramienta de protección contra el racismo, no se aplican de forma eficaz.
Asimismo, la falta de reconocimiento de que hay un problema de intolerancia supone una barrera para enfrentarse a esas posturas.
El texto señala también que entre los gitanos hay miedo de informar sobre ataques racistas por desconfianza en la policía.
De los análisis de los casos griego y húngaro, la FRA extrae una serie de recomendaciones para todos los miembros de la UE, entre las que destaca la creación de una estrategia nacional contra el racismo y la intolerancia que incluya a las fuerzas de seguridad y al poder judicial, pero también a autoridades locales, ONG y la sociedad civil.
Subraya la importancia de que la policía y los tribunales usen una terminología clara en los casos de delitos de discriminación, para que su naturaleza quede patente, y de mejorar las bases de datos de este tipo de acciones.
La falta de confianza en la policía provoca, de acuerdo con la FRA, que víctimas y testigos de delitos racistas no denuncien, por lo que el informe recomienda establecer mecanismos que permitan presentar denuncias por otras vías que la policial y que ayuden a comprobar si hay discriminación por parte de las propias instituciones.
Asegura que promover el contacto entre las fuerzas del orden y la población, especialmente las minorías, es esencial para afrontar los delitos de carácter racista.
