El presidente, Janos Ader, anuncia que la consulta tendrá lugar el próximo 2 de octubre
REUTERS / EL PAÍS.- El presidente de Hungría, Janes Ader, ha anunciado este martes un referéndum para el próximo 2 de octubre en el que los húngaros tendrán que decidir si aceptan o rechazan las cuotas que impone la Unión Europea sobre la reubicación de refugiados a la que el Gobierno húngaro se opuso desde el principio. En un comunicado, el mandatario ha dicho que convoca la consulta de acuerdo con la Constitución, a la espera de que el Tribunal Constitucional la ratifique.
Ader ha detallado que la pregunta, a la que los húngaros deberán responder con un «sí» o un «no» será: «¿Quiere que la Unión Europea tenga derecho a determinar una cuota obligatoria de ciudadanos no húngaros en Hungría sin el consentimiento del Parlamento?».
Hungría y su primer ministro, el conservador Viktor Orban ha afirmado siempre que considera la cuotas de reubicación —unas 160.000 personas en el plazo de dos años, de entre las que a Hungría le corresponden 2.300— “un abuso de poder” de la UE, pese a haber sido aprobadas por mayoría cualificada por los Veintiocho (con el voto en contra de su país, República Checa, Eslovaquia y Rumania).
En febrero, cuando Orban habló por primera vez de la celebración de este referéndum aseguró que quien vote no, «votará por la independencia de Hungría». La consulta —la primera de este tipo en Europa—, sin embargo, es de dudosa legalidad, porque en el caso de salir que no, al ser un acuerdo aprobado por los socios, el tribunal europeo deberá hacer prevalecer la legislación comunitaria.
Además, las autoridades húngaras, que desde que inició la crisis de refugiados han aplicado medidas controvertidas para tratar de frenar las llegadas, como la construcción de vallas y muros, pondrá en práctica desde mañana una reforma legal que permite trasladar a los refugiados interceptados cerca de las fronteras al otro lado de las vallas fronterizas, un procedimiento que, según denuncia la ONU, hará mucho más difícil la petición de asilo.
Desde otoño de 2015, cuando Hungría selló sus fronteras con Serbia y Croacia, entrar en el país de una forma ilegal se considera un delito penado con hasta cinco años de prisión. En lo que va de año y pese a las duras legislaciones y las vallas, han entrado en ese país más de 17.000 refugiados.
Bloque contra la emigración
El discurso contra la emigración ha unido al llamado Grupo de Visegrado: Polonia, Hungría, Eslovaquia y Chequia, una alianza creada en 1991 para acelerar su integración en la Unión, que se ha hecho fuerte en el bloqueo de las políticas migratorias comunitarias.
Los cuatro países del Este son ferozmente reacios a la reforma del sistema de asilo de la UE: desde el reparto de asilados a la acogida obligatoria, algo que encuentran profundamente injusto, poco realista y perjudicial tanto para sus propios Estados como para la UE. Y, por supuesto, rechazan de pleno las multas por no cumplir con los compromisos acordados. Su postura, advirtió el número dos de la Comisión Europea, Frans Timmermans, puede ser “un gran golpe para el proyecto europeo”.
