La Vanguardia.- Amnistía Internacional y Human Rights Watch alertan de un “tratamiento inhumano” hacia las personas en el sistema de protección de migrantes y refugiados de Canadá. En un informe conjunto, las organizaciones de derechos humanos denuncian abusos en los centros de detención y las cárceles, y discriminación hacia las personas con discapacidad mental.
“El abusivo sistema de detención de migrantes de Canadá plantea un drástico contraste con la rica diversidad y los valores de igualdad y justicia por los cuales este país es conocido en todo el mundo”, ha dicho Ketty Nivyabandi, la secretaria general de Amnistía Internacional Canadá.
Las organizaciones de derechos humanos documentan las condiciones a las que se enfrentan muchas personas migrantes, que tras huir de su país y solicitar protección en Canadá, “son regularmente esposadas, encadenadas y mantenidas con poco o ningún contacto con el mundo exterior”. Estas prácticas excesivas, tanto en centros de detención como en cárceles provinciales, en ocasiones se podían llegar a alargar varios años.
La investigación de 100 páginas, titulada “No me sentía un ser humano allí»: detención migratoria en Canadá y su impacto en la salud mental, incluye hasta 90 entrevistas con inmigrantes que habían sido detenidos, familiares, expertos en salud mental, académicos, abogados, sociedad civil y funcionarios.
Entre abril de 2019 y marzo de 2020, 8.825 inmigrantes de entre 15 y 83 años acabaron recluidos en cárceles canadienses. En el mismo periodo, 136 niños —73 de los cuales menores de seis años— entraron en centros de retención para poder seguir junto a sus familias.
“Canadá se precia de recibir a refugiados y personas llegadas de distintas latitudes con los brazos abiertos, a pesar de ser uno de los pocos países del norte global en el cual las personas que buscan seguridad corren el riesgo de quedar detenidas por tiempo indefinido”, señaló Samer Muscati, subdirector de derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch.
Esta duración indefinida y la incertidumbre de los migrantes de no saber cuándo obtendrán la libertad puede tener un “impacto devastador en su salud mental”, afirmó Muscati.
La situación es más grave para aquellas personas con discapacidad mental, que “experimentan discriminación durante todo el proceso”. En primer lugar, es más probable que acaben en cárceles que en centros de detención para migrantes. Una vez allí, “suelen ser recluidas en régimen de aislamiento” y, además, “puede no permitirles tomar decisiones autónomas sobre su situación jurídica”, es decir, son representantes del Estado quienes toman las decisiones por ellos.
Por todo ello, las organizaciones concluyen que se produce discriminación por motivos de salud mental y piden que no se someta a las personas con “discapacidad psicosocial” a “condiciones punitivas”. Proponen, en su lugar, que el gobierno proporcione “servicios psicosociales, legales y otras modalidades de asistencia que respeten su autonomía y dignidad”.
