El Debate.- La asociación Hablamos Español ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana alegando «silencio administrativo» ante un presunto caso de vulneración del mínimo de asignaturas impartidas en español en un colegio público de la localidad valenciana de El Puig de Santamaría.
El asunto viene de antiguo, desde que una familia se quejó en 2022, aunque el recurso está fechado el pasado 19 de febrero, según la documentación consultada por este periódico. Desde la entidad presidida por Gloria Lago llevaron a cabo varios trámites para tratar que el CEIP Guillem d’Entença cumpliera, al menos, con una cuarta parte de las clases en español que marca la ley, tras cambiar la asignatura de Matemáticas del español al valenciano, pero decidieron congelar sus acciones una vez que llegó al poder el nuevo Gobierno de PP y Vox.
«No podíamos imaginar que la Comunidad Valenciana fuera a pasarnos esto. Nosotros empezamos el procedimiento administrativo cuando gobernaba Ximo Puig y en este colegio más de una familia se quejó porque no tenían ni el 25 % mínimo en español en asignatura troncal, que es lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Emitieron un informe que no tiene ni pies ni cabeza, porque se ve en el proyecto lingüístico de ese centro que no tiene ni una asignatura troncal en español», explica Lago.
El informe, de abril de 2022, efectivamente, señala que «el centro […] ha presentado la propuesta de Proyecto Lingüístico de centro (PLC) para el curso 2022-2023, de acuerdo con lo que establece […] la ley […] por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano».
Lago se muestra incrédula e indignada con el Ejecutivo liderado por Carlos Mazón: «Cuando llegó al Gobierno el Partido Popular, nos pusimos en contacto con ellos, les dijimos lo que estaba pasando en este colegio, que no veíamos que se avanzara, y, para nuestra sorpresa, los responsables de Educación nos dijeron que ellos avalaban el informe del Gobierno anterior y que, por lo tanto, no podíamos hacer nada».
Tras considerar que el cambio de aires políticos no iba a «arreglar» la situación, «una sorpresa», en sus palabras, es cuando decidieron acudir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y recurrir ese «silencio administrativo» que entienden que lleva a cabo la Consejería liderada por José Antonio Rovira.
«Hay más familias afectadas y hay más centros afectados, pero vamos a empezar con esta familia porque no nos fiamos nada de la nueva ley de Educación que van a redactar. Visto lo visto, ya no nos fiamos de nada y según la respuesta que tengamos, pues así procederemos con el resto de los afectados, que ellos ya saben que son más. A nosotros realmente nos parece el colmo que no arreglen ni esto», lamenta Lago en una conversación telefónica tras aportar toda la documentación del caso a este diario.
Esta no es la primera vez que desde Hablamos Español critican los pasos dados por el Ejecutivo autonómico valenciano en materia lingüística en las aulas al entender que se quedan cortos respecto a sus pretensiones. Recientemente han publicado un estudio en el que aseguran que las medidas llevadas a cabo hasta ahora por el Consell no están surtiendo el efecto deseado para acabar con esa imposición del valenciano que denuncian.
El Gobierno autonómico anunció a finales de febrero que la vía para que los padres de zonas valencianoparlantes puedan decidir sobre la lengua vehicular en la que se estudiará en los centros educativos se pondrá en marcha finalmente el próximo curso y los cambios se aplicarán en el siguiente, tras la reforma de la Ley de Plurilingüismo. Las medidas se aplazarán, por tanto, al curso 2025-2026. Pese a este tipo de episodios como el que reseña Hablamos Español, los pasos dados por el ‘popular’ Rovira en esta materia cuentan no solo con el respaldo de su partido, sino también con el de Vox.
