El Debate.- Una de las banderas electorales del nuevo Ejecutivo de la Comunidad Valenciana fue la de acabar con la imposición lingüística en las aulas de los centros educativos. El Gobierno liderado por Carlos Mazón ya ha realizado algunas políticas en esa dirección como paso previo a la creación de una nueva norma educativa que esperan que entre en vigor en curso que viene, pero desde algunos sectores ya se han criticado estas medidas en distintos sentidos.
Si desde colectivos pancatalanistas como Escola Valenciana se acusa a los planes de la Consejería de Educación, liderada por José Antonio Rovira, de discriminar el valenciano –un asunto que elevarán al Consejo de Europa–, ahora la asociación Hablamos Español hace lo propio, pero por entender que arrincona los derechos de las familias castellanohablantes. Así lo ha denunciado en un comunicado, en el que señalan que pese a que se está anunciando un «arreglo» del «desaguisado lingüístico que dejó en la Comunidad Valenciana el Gobierno de Socialistas y Compromís», éste en realidad no es tal.
«El Partido Popular y Vox prometieron antes de formar el actual Gobierno bipartito que acabarían con la imposición lingüística y fueron bastante específicos en cuanto a lo que harían en la enseñanza para acabar con la inmersión obligatoria en lengua regional, que se estaba implantando a marchas forzadas en el sistema educativo», recuerdan desde esta entidad que se define como apartidista y sin ánimo de lucro.
Hablamos Español indica que ambas formaciones «defendieron en público la libertad de elección de lengua, que sean las familias las que elijan la lengua vehicular en la Enseñanza […], pero lo que estamos viendo no nos convence, es más, nos preocupa», en referencia a los cambios anunciados en materia educativa.
La asociación ve con buenos ojos la supresión de la Oficina de Derechos Lingüísticos y del Consejo Social de las Lenguas, unos organismos que, a su juicio, «tienen la función de crear un falso victimismo para amparar la discriminación hacia los hispanohablantes, además de llevar la esencia del chiringuito lingüístico». También los cambios normativos para que se estudie valenciano en las zonas de mayoría hispanohablante «de forma sensata, sin adoctrinamiento y en el marco de un sistema de elección de lengua vehicular».
Hablamos Español, sin embargo, considera como «tibio y discriminatorio» el hecho de suspender varios apartados de la Ley de Plurilingüismo que pasan por poder cambiar los proyectos lingüísticos, por lo que, denuncian, «ya no será obligatorio estudiar al menos un 25 % de asignaturas (con una troncal) en valenciano, pero solo se aplicará al alumnado de localidades declaradas castellanohablantes, discriminando a los demás alumnos hispanohablantes de la comunidad».
«Además –añaden–, en la letra pequeña nos dicen que ese cambio no lo decidirán las familias, sino los consejos escolares que, en no pocas ocasiones están mediatizados y que ya han optado por aprobar proyectos lingüísticos con poca presencia del español».
«Nos lo está poniendo muy difícil»
Hablamos Español, además, considera «negativo» que «las familias siguen teniendo que reclamar su derecho a recibir las comunicaciones, también, en español». «La Consejería se niega a extender este derecho, que ampara la Constitución Española. Tampoco quiere garantizar el derecho a responder los exámenes en español y nos lo está poniendo muy difícil, también, para reclamar que se imparta, al menos, el 25 % de español en algunos centros donde hay inmersión de troncales en valenciano».
Asimismo, la asociación en defensa de los derechos de los hispanohablantes critica que «los libros de texto no podrán cambiarse por ahora, porque se seguirá lo establecido en la normativa que busca evitar que las familias tengan que hacer ese gasto de forma frecuente». «Creemos que la Consejería debería hacer un esfuerzo económico en este caso para adaptar los libros a la lengua vehicular de las asignaturas, si esta se cambia», zanjan.
