La Delegación del Gobierno ha advertido que no consentirá que se repitan los brutales ataques del pasado año contra la manifestación de la Diada del 9 d’Octubre en València, protagonizados por la ultraderecha regionalista y nazis, pero estos grupúsculos amenazan a cara descubierta al Consell valencià sobre qué debe hacer si quiere que no haya altercados
JOAN CANTARERO. PÚBLICO.- Son irrelevantes en la vida política valenciana. La suma de sus votos apenas llega a los 10.000 en todo el País Valencià, sobre 3,5 millones de personas censadas con derecho a voto. Aun así, son capaces de reunir pequeños grupúsculos de ultrascapaces de provocar episodios de tensión social y violencia cada vez que se lo proponen.
Así ocurrió el año pasado en el brutal asalto a la manifestación de la Diada del País Valencià, ejecutado por un par de centurias nazis de Yomus —los ultras de Valencia CF— acompañados y jaleados por otros tantos individuos encapados con la bandera española, crecidos por la ridícula presencia policial. Las cámaras de los diversos canales de televisión emitieron en directo estos ataques, gracias a la impunidad de la que disfruta la extrema derecha, como se recoge en varios documentos de observatorios de delitos de odio.
Aquel brutal ataque estuvo coordinado e instigado desde redes sociales por un reducido grupo de fanáticos anti catalanistas, falangistas de toda la vida y un clan de falleros herederos del ‘bunker barraqueta’ —históricamente cebados con ayudas, recursos y prebendas públicas cuando gobernaba el Partido Popular de Rita Barberá—. Los hechos provocaron la indignación de la sociedad en todo el Estado español y la reacción inmediata de la Justicia.
En este contexto, y a escasos días de que se repita la manifestación de la Comissió 9 d’Octubre, el senador territorial de Compromís Carles Mulet recuerda la laxitud policial que hubo entonces en la ciudad de València, ante las agresiones y también los permisos concedidos a la ultraderecha en los últimos meses por el ex delegado del Gobierno del PP, Juan Carlos Moragues. Este autorizó todos los actos de la extrema derecha local, haciéndolos coincidir con convocatorias públicas de partidos políticos y entidades progresistas, sin que se garantizara, al menos, una distancia razonable.
Moragues fue en cambio especialmente activo en la persecución del uso del valenciano en las señalizaciones de numerosos municipios, o contra celebraciones del 14 de abril republicano en muchos ayuntamientos y también por haber permitido a los ultras todas las concentraciones ante las sedes de Compromís y sus actos públicos, recorda el senador Mulet.
Para evitar un nuevo 9 d’Octubre con violencia «por parte de los de siempre», el senador de Compromís ha reclamado a los representantes del Gobierno que garanticen «una jornada tranquila, festiva y en paz», frente a «quienes se están organizando ya para conseguir todo lo contrario, como puede comprobarse en las redes sociales, que tratan de conseguir empañar un día muy importante para todos los valencianos»
Pepe Herrero, de negarlo todo a las amenazas
Jose Antonio García Herrero, más conocido como Pepe Herrero o como el cronista fallero, es uno de los investigados por el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, como presunto instigador de los ataques ultras del pasado año. Varios testigos lo situaron grabando y dando instrucciones en las zonas atacadas por los nazis la tarde del 9 d’Octubre de 2017. Pero los abogados de las víctimas de aquellos ataques —entre ellos varios periodistas que se convirtieron en objetivo—también investigaron y monitorizaron sus cuentas en redes sociales como “Pepe Herero-Onda Fallera” y “Mi Tierra CV” en Facebook, donde se puede comprobar cronológicamente cómo fue desarrollándose la campaña de incitación contra la manifestación legalmente convocada por la Comisión 9 d’Octubre. Herrero trato de impedir en los tribunales (sin éxito) —junto al partido Avant— que se llevara a cabo esta convocatoria, tildándola de manifestación “catalanista”.
En su primera declaración ante el juez, el pasado 18 de abril, negó cualquier implicación en aquellos hechos. Pero su vanidad le traicionó al publicar en una revista de la extrema derecha regionalista un extenso artículo titulado Un 9 d’Octubre, el día que todo cambió donde Herrero reconoce emocionado haber instigado y convocado el ataque a la manifestación “catalanista” autorizada y organizada por la Comissió 9 d’Octubre, además de haber sido un miembro activo en el ataque: “En una tarde en la que podré contar a mis hijos y mis nietos que “Yo estuve allí” e hice estar a cientos de miles de personas que vieron la realidad que siguen intentando ocultar los medios nacionales, locales y políticos partidistas. Las nuevas tecnologías han servido a la verdad. A la realidad vivida en directo por gentes de todo el mundo. Todo el mundo lo vio en directo”.
Tras su imputación en abril pasado, el cronista fallero no sólo no ha intentado mantener un perfil bajo, sino que incluso se ha convertido en activo miembro aliado de la extrema derecha regionalista valenciana, protagonizando reuniones con líderes ultras e, incluso, ha señalado objetivos a los que falsamente tildaba de actos de la “CUP y Arran”, para lo que difundía carteles de poblaciones catalanas como Ulldecona (Tarragona) o Vic (Barcelona), donde aparecía la bandera independentista de los Països Catalanas y que Herrero situaba en Paiporta, Bétera, Denia o en algún barrio de la ciudad de Valencia, con el único objetivo de calentar el ambiente anti catalanista.
Actos que eran difundidos en streaming en las redes y apoyadas in situ por organizaciones como España 2000, Avant o también Defenem València que, entre sus filas, también cuenta con imputados por violencia el 9 d’Octubre, entre otros por la agresión a un fotoperiodista del diario El País.
En este estado de cosas, Pepe Herrero ha dado un paso más allá tras los incidentes protagonizados por la ultraderecha en un concierto de música clásica de la banda municipal de Paiporta, ocurrido el 16 de agosto. O tras un acto por la libertad de los presos políticos catalanes en Denia el 8 septiembre y en la víspera de las acciones del Aplec del Camp de Túria en Bétera, el 11 de septiembre (coincidiendo con la Diada de Catalunya). Ahora el cronista fallero amenaza con la violencia en la Diada del País Valencià del 9 de octubre.
Jose Antonio García Herrero grabó un vídeo que colgó en su cuenta de Facebooken el que responde al senador de Compromís Carles Mulet, después de que este pidiera al nuevo delegado del Gobierno en el territorio valenciano que adoptara medidas para evitar la violencia del pasado año. En su exposición el cronista se arroga la capacidad de decidir quién puede ejercer el legítimo derecho a la manifestación, y también amenaza con su supuesta capacidad de desatar la violencia en las calles si no se cumplen sus exigencias: “Si ustedes quieren un 9 de octubre en paz y hay un boicot, el boicot no será de los ultras. El boicot será de los de izquierda radical, de los de Arran, de los de la CUP… que ustedes el año pasado querían por todas y todas que entraran dentro de su manifestación».
A continuación, Herrero insiste en su amenaza videograbada y exige al Consell que determinadas opciones políticas democráticas no participen en la manifestación, porque así lo ha decidido él y su entorno, o de lo contrario habrá violencia: “Si ustedes quieren un 9 de octubre en paz simplemente pedirle al Gobierno [Valenciano] que no se manifiesten los independentistas porque en Valencia no queremos ser como en Cataluña y en Valencia no queremos que pase como lo que está pasando en Cataluña. Cosa que ustedes los de Compromís sí que lo quieren, sí que lo buscan y además están simpatizando con ellos y trabajando para que así sea”. El vídeo, que dura poco mas de minuto y medio, está grabado en una playa al norte de la ciudad de Valencia y fue visto por más de 4.100 personas.
Hay que recordar que Herrero está imputado por instigar las agresiones del año pasado, por lo que sus amenazas son de todo punto creíbles. No en vano en todas las convocatorias con incidentes sus vídeos amenazantes contra personas de ideología contraía y democrática han alcanzado una gran difusión. Por ejemplo en el publicado el día 14 de septiembre, convocando a boicotear el Aplec de Bétera, (dos jornadas lúdicas alternativas que contaban con la autorización del ayuntamiento de la localidad), alcanzó las 12.000 reproducciones. La asistencia de violentos arruinó el acto, tal y como se había anunciado que ocurriría, gracias a la presencia de miembros de España 2000, Avant, Defenem y del PP local, que llegaron incluso a rodear el escenario habilitado para el acto, con la movilización de una docena de guardias civiles absolutamente insuficientes.
La ultraderecha, aún dividida, ha sido muy activa en estos últimos diez meses. Cualquier acto, concierto, propuesta cultural, artística o lúdica susceptible de ser atacada o boicoteada ha corrido esa suerte.
Todo empezó con el acoso a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana por parte de España 2000 que fue denunciado por Mónica Oltra. La absolución de todos los acusados por aquellos hechos les dio alas creyéndose impunes de todos sus actos. Y así empezó todo.
Luego pusieron el foco en la música reivindicativa y boicotearon en mayo el concierto del grupo catalán Ebri Knight, junto a los valencianos de Herba Negra, en la sala Amstel del “Veles e Vents” de La Marina de València. El líder de Avant, uno de esos pequeños partidos de mesa camilla y brasero, absolutamente irrelevantes, puso el grito en el cielo por el nombre de las canciones que interpretaba especialmente Ebri Knight que, según dijo, “eran violentas y fomentaban el catalanismo en Valencia”, y se propuso impedir su actuación
Parte de las letras de las canciones del disco Guerrilla”, como Vientos del Pueblo, forman parte del poemario de Miguel Hernández y el grupo cantaba estas canciones en castellano, la lengua materna del poeta y dramaturgo comunista, natural de Orihuela. Aun así, el concierto fue suspendido.
Al partido Avant pertenece, precisamente, uno de los imputados por las agresiones ultras del pasado año en Valencia. Se trata de Francisco José Sargués Muñoz, candidato al ayuntamiento de Albal. El pasado 19 de julio se sentó en el banquillo en una vistilla ante el juez instructor para conocer su acusación por agredir a un periodista. Junto a él también compareció el líder de los nazis de Yomus, Vicente Estruch Cortes, alias el Alfarrasí, y un nuevo imputado.
Aquel brutal ataque estuvo coordinado e instigado desde redes sociales por un reducido grupo de fanáticos anti catalanistas, falangistas de toda la vida y un clan de falleros herederos del ‘bunker barraqueta’ —históricamente cebados con ayudas, recursos y prebendas públicas cuando gobernaba el Partido Popular de Rita Barberá—. Los hechos provocaron la indignación de la sociedad en todo el Estado español y la reacción inmediata de la Justicia.
En este contexto, y a escasos días de que se repita la manifestación de la Comissió 9 d’Octubre, el senador territorial de Compromís Carles Mulet recuerda la laxitud policial que hubo entonces en la ciudad de València, ante las agresiones y también los permisos concedidos a la ultraderecha en los últimos meses por el ex delegado del Gobierno del PP, Juan Carlos Moragues. Este autorizó todos los actos de la extrema derecha local, haciéndolos coincidir con convocatorias públicas de partidos políticos y entidades progresistas, sin que se garantizara, al menos, una distancia razonable.
Moragues fue en cambio especialmente activo en la persecución del uso del valenciano en las señalizaciones de numerosos municipios, o contra celebraciones del 14 de abril republicano en muchos ayuntamientos y también por haber permitido a los ultras todas las concentraciones ante las sedes de Compromís y sus actos públicos, recorda el senador Mulet.
Para evitar un nuevo 9 d’Octubre con violencia «por parte de los de siempre», el senador de Compromís ha reclamado a los representantes del Gobierno que garanticen «una jornada tranquila, festiva y en paz», frente a «quienes se están organizando ya para conseguir todo lo contrario, como puede comprobarse en las redes sociales, que tratan de conseguir empañar un día muy importante para todos los valencianos».
Pepe Herrero, de negarlo todo a las amenazas
Jose Antonio García Herrero, más conocido como Pepe Herrero o como el cronista fallero, es uno de los investigados por el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, como presunto instigador de los ataques ultras del pasado año. Varios testigos lo situaron grabando y dando instrucciones en las zonas atacadas por los nazis la tarde del 9 d’Octubre de 2017. Pero los abogados de las víctimas de aquellos ataques —entre ellos varios periodistas que se convirtieron en objetivo—también investigaron y monitorizaron sus cuentas en redes sociales como “Pepe Herero-Onda Fallera” y “Mi Tierra CV” en Facebook, donde se puede comprobar cronológicamente cómo fue desarrollándose la campaña de incitación contra la manifestación legalmente convocada por la Comisión 9 d’Octubre. Herrero trato de impedir en los tribunales (sin éxito) —junto al partido Avant— que se llevara a cabo esta convocatoria, tildándola de manifestación “catalanista”.
En su primera declaración ante el juez, el pasado 18 de abril, negó cualquier implicación en aquellos hechos. Pero su vanidad le traicionó al publicar en una revista de la extrema derecha regionalista un extenso artículo titulado Un 9 d’Octubre, el día que todo cambió donde Herrero reconoce emocionado haber instigado y convocado el ataque a la manifestación “catalanista” autorizada y organizada por la Comissió 9 d’Octubre, además de haber sido un miembro activo en el ataque: “En una tarde en la que podré contar a mis hijos y mis nietos que “Yo estuve allí” e hice estar a cientos de miles de personas que vieron la realidad que siguen intentando ocultar los medios nacionales, locales y políticos partidistas. Las nuevas tecnologías han servido a la verdad. A la realidad vivida en directo por gentes de todo el mundo. Todo el mundo lo vio en directo”.
Pepe Herrero terminó reconociendo que fue uno de los instigadores de los ataques a la manifestación del año pasado
Tras su imputación en abril pasado, el cronista fallero no sólo no ha intentado mantener un perfil bajo, sino que incluso se ha convertido en activo miembro aliado de la extrema derecha regionalista valenciana, protagonizando reuniones con líderes ultras e, incluso, ha señalado objetivos a los que falsamente tildaba de actos de la “CUP y Arran”, para lo que difundía carteles de poblaciones catalanas como Ulldecona (Tarragona) o Vic (Barcelona), donde aparecía la bandera independentista de los Països Catalanas y que Herrero situaba en Paiporta, Bétera, Denia o en algún barrio de la ciudad de Valencia, con el único objetivo de calentar el ambiente anti catalanista.
Actos que eran difundidos en streaming en las redes y apoyadas in situ por organizaciones como España 2000, Avant o también Defenem València que, entre sus filas, también cuenta con imputados por violencia el 9 d’Octubre, entre otros por la agresión a un fotoperiodista del diario El País.
En este estado de cosas, Pepe Herrero ha dado un paso más allá tras los incidentes protagonizados por la ultraderecha en un concierto de música clásica de la banda municipal de Paiporta, ocurrido el 16 de agosto. O tras un acto por la libertad de los presos políticos catalanes en Denia el 8 septiembre y en la víspera de las acciones del Aplec del Camp de Túria en Bétera, el 11 de septiembre (coincidiendo con la Diada de Catalunya). Ahora el cronista fallero amenaza con la violencia en la Diada del País Valencià del 9 de octubre.
Jose Antonio García Herrero grabó un vídeo que colgó en su cuenta de Facebooken el que responde al senador de Compromís Carles Mulet, después de que este pidiera al nuevo delegado del Gobierno en el territorio valenciano que adoptara medidas para evitar la violencia del pasado año. En su exposición el cronista se arroga la capacidad de decidir quién puede ejercer el legítimo derecho a la manifestación, y también amenaza con su supuesta capacidad de desatar la violencia en las calles si no se cumplen sus exigencias: “Si ustedes quieren un 9 de octubre en paz y hay un boicot, el boicot no será de los ultras. El boicot será de los de izquierda radical, de los de Arran, de los de la CUP… que ustedes el año pasado querían por todas y todas que entraran dentro de su manifestación”.
Hay que recordar que Herrero está imputado por instigar las agresiones del año pasado, por lo que sus amenazas son de todo punto creíbles. No en vano en todas las convocatorias con incidentes sus vídeos amenazantes contra personas de ideología contraía y democrática han alcanzado una gran difusión. Por ejemplo en el publicado el día 14 de septiembre, convocando a boicotear el Aplec de Bétera, (dos jornadas lúdicas alternativas que contaban con la autorización del ayuntamiento de la localidad), alcanzó las 12.000 reproducciones. La asistencia de violentos arruinó el acto, tal y como se había anunciado que ocurriría, gracias a la presencia de miembros de España 2000, Avant, Defenem y del PP local, que llegaron incluso a rodear el escenario habilitado para el acto, con la movilización de una docena de guardias civiles absolutamente insuficientes.
La ultraderecha, aún dividida, ha sido muy activa en estos últimos diez meses. Cualquier acto, concierto, propuesta cultural, artística o lúdica susceptible de ser atacada o boicoteada ha corrido esa suerte.
Todo empezó con el acoso a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana por parte de España 2000 que fue denunciado por Mónica Oltra. La absolución de todos los acusados por aquellos hechos les dio alas creyéndose impunes de todos sus actos. Y así empezó todo.
Luego pusieron el foco en la música reivindicativa y boicotearon en mayo el concierto del grupo catalán Ebri Knight, junto a los valencianos de Herba Negra, en la sala Amstel del “Veles e Vents” de La Marina de València. El líder de Avant, uno de esos pequeños partidos de mesa camilla y brasero, absolutamente irrelevantes, puso el grito en el cielo por el nombre de las canciones que interpretaba especialmente Ebri Knight que, según dijo, “eran violentas y fomentaban el catalanismo en Valencia”, y se propuso impedir su actuación
Parte de las letras de las canciones del disco Guerrilla”, como Vientos del Pueblo, forman parte del poemario de Miguel Hernández y el grupo cantaba estas canciones en castellano, la lengua materna del poeta y dramaturgo comunista, natural de Orihuela. Aun así, el concierto fue suspendido.
Al partido Avant pertenece, precisamente, uno de los imputados por las agresiones ultras del pasado año en Valencia. Se trata de Francisco José Sargués Muñoz, candidato al ayuntamiento de Albal. El pasado 19 de julio se sentó en el banquillo en una vistilla ante el juez instructor para conocer su acusación por agredir a un periodista. Junto a él también compareció el líder de los nazis de Yomus, Vicente Estruch Cortes, alias el Alfarrasí, y un nuevo imputado.
No obstante, y por vez primera en muchos años, la delegación del Gobierno en el País Valencià, queriendo contentar a todos, ha autorizado este 9 de octubre que se lleven a cabo en la ciudad de Valencia tres manifestaciones y una concentración de organizaciones y partidos que aplaudieron o participaron en los ataques del pasado 9 d’Octubre a la manifestación de la izquierda valenciana.
Estas manifestaciones autorizadas discurrirán prácticamente por el mismo trazado que la manifestación tradicional de la izquierda valenciana, aunque con salidas separadas apenas por una hora de diferencia, pero desde el mismo lugar, lo que supone un auténtico disparate en una jornada que será especialmente tensa.
Según Toni Gisbert, portavoz de la “Comissió 9 d’Octubre” —plataforma que cobija todas las entidades convocantes de la izquierda— y coordinador de Acció Cultural del PV, “esta decisión se ha podido tomar por dos motivos. O son noveles y creen que pueden programar las marchas de este modo o simplemente son irresponsables y no hay voluntad real de asegurar la seguridad de una cita festiva”.
“Es intolerable —añade Gisbert— que la Delegación del Gobierno caiga en la trampa de unas organizaciones pantallas de la extrema derecha sin capacidad asociativa consolidada, que emplean los mecanismos legales para manifestarse con el objetivo de dificultar el ejercicio de manifestación y libertad de expresión de una comisión que cuenta con fuerzas políticas, sindicatos y asociaciones con una base social real y que lleva desde los años setenta movilizándose.
En este sentido Gisbert advierte que “el delegado del Gobierno es el responsable político de cualquier cosa que pueda pasar. Y si se producen agresiones o incidentes, o, incluso, no logramos poder ejercer nuestro derecho a manifestarnos con normalidad, sin miedo y la policía no garantiza que cuando se acabe la manifestación que la gente pueda volver a sus casas sin ninguna agresión de la extrema derecha, se le pedirá que asuma su responsabilidad. Aun se puede cambiar el recorrido. Hay tiempo. Debe rectificar”.
