La organización pacifista inicia una serie de demandas relacionadas con el comercio de material militar a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Uno de los recursos ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
DANILO ALBÍN. PÚBLICO.- Los reclamos de transparencia y control sobre la venta de armas a países involucrados en violaciones a los derechos humanos cobrarán ahora formato judicial. La organización pacifista y ecologista Greenpeace ha anunciado la apertura de sendos litigios contra el Gobierno por una serie de negocios con el régimen de Arabia Saudí, líder de la coalición que desde 2015 bombardea Yemen.
«La venta de armas a terceros países está sobradamente regulada en España para evitar que se haga un mal uso de ese material. Sin embargo, el problema viene porque todas las autorizaciones de transacciones (término utilizado por la Ley para referirse a las exportaciones), son secretas gracias a la vigencia de la ley franquista de Secretos Oficiales, y al acuerdo del Consejo de Ministros de tiempos del Presidente (Felipe) González», destaca Greenpeace en un dossier.
En tal sentido, denuncia que «toda la legislación que regula las exportaciones de armas es de facto papel mojado, porque no se pueden conocer los argumentos del Gobierno para autorizar las exportaciones, lo que impide verificar que las mismas cumplan la legalidad nacional e internacional en materia de protección de los derechos humanos».
Precisamente, el proceso judicial emprendido por Greenpeace busca que «las autorizaciones de exportación de armas dejen de ser secretas». Apela para ello al derecho de acceso a la información «como parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión» que contempla la Constitución española.
La estrategia judicial «se basa en la interposición de dos procedimientos judiciales simultáneamente, ambos con el mismo objetivo de lograr una mayor transparencia en las autorizaciones sobre el comercio de armas en España». Para ello, Greenpeace ha elegido dos casos reales de exportación que se han utilizado para iniciar los dos procedimientos judiciales: «una exportación de morteros de la empresa NTGS a Arabia Saudí, y una venta de bombas al mismo país y a Emiratos Árabes Unidos de la empresa Expal», explica en su dossier.
De esta forma, la organización ha iniciado de forma paralela «un procedimiento ordinario contencioso-administrativo y un Procedimiento Especial para la Protección de Derechos Fundamentales». Greenpeace contempla además la presentación de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «en caso de que la jurisdicción española desestime nuestra pretensión, tanto con una inadmisión a trámite como con una sentencia desfavorable a nuestra demanda».
Admitida a trámite
En cuanto a la vía contenciosa-administrativa, la organización señala que «se basa en la denegación de información referida a la licencia o licencias para la exportación de munición de Expal Systems a EAU y Arabia Saudí concedidas por la JIMDDU, entre el año 2017 y la actualidad». Según ha explicado, «el escrito de interposición presentado ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid».
«Mediante este litigio, perseguimos que nuestros Tribunales incorporen la doctrina internacional que reconoce que el derecho de acceso a la información es un derecho instrumental y accesorio del derecho a la libertad de expresión e información, sobradamente conocido en el mundo del periodismo», subraya.
