Público.- Cuatro de los acusados han sido sentenciados a diez años de cárcel y otros dos, que eran menores de edad, a cinco años. Los abogados defensores y observadores internacionales ven claro que no ha sido un juicio justo y denuncian un proceso «plagado irregularidades».
Nueve meses después del incendio que arrasó el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, las seis personas acusadas de provocar el fuego han sido declaradas culpables por el cargo de «incendio provocado con riesgo para la vida humana». Dos de ellas eran menores reconocidas por el Estado griego, por lo que fueron juzgadas por el Tribunal de Menores y condenadas el pasado marzo a cinco años de prisión. Las otras cuatro personas han sido condenadas a diez años de prisión, la pena máxima propuesta por la Fiscalía, en el juicio celebrado el pasado viernes y sábado en la isla de Quíos.
La defensa de los acusados empezó el juicio rechazando la competencia del tribunal penal para juzgar a tres de ellos, alegando su condición de menores en el momento de los hechos enjuiciados, por lo que debían en todo caso someterse al Tribunal de Menores. Para ellos presentaron elementos probatorios de su minoría de edad que incluían los pasaportes de su país de origen. La petición fue rechazada.
A pesar de que más de 70 organizaciones europeas y cientos de personas habían pedido un juicio justo y transparente, las expectativas eran pesimistas. Desde el momento de su detención, y antes de cualquier proceso legal, los seis acusados fueron presentados a la opinión pública como culpables.
Solo una semana después del incendio, el ministro griego de Migración y Asilo, N. Mitarakis, declaraba que «el campo fue incendiado por seis refugiados afganos que han sido detenidos», violando su derecho a un juicio justo bajo la presunción de inocencia. Aunque el clima previo hacía difícilmente evitable un veredicto de culpabilidad, los observadores internacionales desplazados para asistir al juicio señalan la enorme sorpresa ante la gravedad de las penas impuestas. Asimismo, inmediatamente han señalado distintas objeciones al modo en que se ha desarrollado el juicio.
Annina Mullis, en nombre de Abogados Democráticos Suiza (DJS) y Abogados Europeos por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH), resumía de la siguiente forma el procedimiento: «Basándome en las impresiones recogidas fuera del edificio del tribunal y en la información detallada proporcionada por los abogados, estoy de acuerdo con su valoración de que el juicio en su conjunto no cumple las normas de un juicio justo».
Como planteaba Valeria Häsel, observadora en el juicio e investigadora sobre asuntos de migración, «el proceso ha estado plagado de irregularidades. Solo se permitió la presencia de 15 personas en la sala, ninguna de ellas como público. Se impidió la entrada tanto a periodistas como a una delegación de observadores internacionales y una representante de ACNUR. Había al menos seis agentes de policía en la sala, un número en todo caso desproporcionado».
