Euro News.- Google ha informado el martes que emprenderá acciones legales contra una versión extendida de la ley alemana de incitación al odio que entró en vigor recientemente, alegando que sus disposiciones violan el derecho a la privacidad de sus usuarios.
Alphabet, que gestiona la plataforma de intercambio de vídeos YouTube, presentó una demanda ante el tribunal administrativo de Colonia para impugnar una disposición que permite transmitir los datos de los usuarios a las fuerzas del orden antes de que esté claro que se ha cometido un delito.
La solicitud de investigación judicial llega en un momento en el que Alemania se prepara para las elecciones generales de septiembre, en medio de la preocupación de que el discurso hostil y las influencias a través de las redes sociales puedan desestabilizar la política de campaña del país, que normalmente se mantiene estable.
“Esta intervención masiva en los derechos de nuestros usuarios, en nuestra opinión, no sólo entra en conflicto con la protección de datos, sino también con la Constitución alemana y la legislación europea”, escribió Sabine Frank, jefa regional de políticas públicas de YouTube, en un blog.
Alemania promulgó la ley contra el discurso de odio, conocida en alemán como NetzDG, a principios de 2018, haciendo que las redes sociales en línea YouTube, Facebook y Twitter sean responsables de vigilar y eliminar el contenido relacionado con el odio.
La ley, que también obligaba a las redes sociales a publicar informes periódicos sobre su cumplimiento, fue ampliamente criticada por ineficaz, y el Parlamento aprobó en mayo una ley para endurecer y ampliar su ámbito de aplicación.
Google ha criticado especialmente un requisito de la NetzDG extendida que obliga a los proveedores a transmitir a las fuerzas del orden los datos personales de quienes comparten contenidos sospechosos de difundir el odio.
Sólo una vez que esa información personal esté en posesión de las fuerzas de seguridad se podrá decidir si se inicia una querella penal, lo que significa que los datos de personas inocentes podrían acabar en una base de datos sobre delitos sin su conocimiento, argumenta.
