La Razón.- El Parlamento de Ghana aprobó esta semana un proyecto de ley anti-LGBTQ+ que podría encarcelar a personas por más de 10 años.
El proyecto de ley presentado al Parlamento hace tres años criminaliza tanto a las personas LGBTQ como a las que apoyan el movimiento. El legislador Sam George dice que se sintió aliviado cuando se aprobó el borrador de la leya. «Me han quitado una carga», dijo ante los periodistas, según informa la agencia Ap.
El proyecto de ley ha sido enviado al despacho del presidente para que estampe su firma en los próximos días.
Se ha generado una condena internacional en torno a las acciones del Parlamento. En general, se ha considerado que Ghana está más avanzada en el desarrollo de los derechos humanos que otros países africanos.
Una coalición de activistas de derechos humanos denuncia que el proyecto de ley viola derechos humanos básicos. «Pretende violar, entre otros, el derecho a la dignidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de participar en procesiones, la libertad académica, la igualdad y la no discriminación», afirma el grupo en un comunicado.
Los defensores de la propuesta la defienden diciendo que tiene como objetivo brindar protección a los niños y a las personas que son víctimas de abuso.
Sus promoteres aseguran que consultaron a líderes religiosos influyentes al redactarlo. Entre quienes lo apoyan se encuentran el Consejo Cristiano de Ghana, la Conferencia de Obispos Católicos y el principal imán del país.
Poco después de conocerse la noticia, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se ha mostrado en contra de la nueva legislación, que condena a personas LGTBI «simplemente por ser quienes son» y amenaza con sancionar a quienes apoyen al colectivo.
«Insto al Gobierno de Ghana a que tome medidas para garantizar que todas las personas puedan vivir libres de violencia, estigma y discriminación, independientemente de su orientación sexual o identidad de género», ha manifestado Turk, según se desprende de un comunicado emitido por el Alto Comisionado.
«El proyecto de ley es contrario a la propia Constitución de Ghana y a las obligaciones y compromisos regionales e internacionales en materia de Derechos Humanos libremente asumidos, incluido el de no dejar a nadie atrás en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», añade Turk.
Así las cosas, el jefe de Derechos Humanos de la ONU ha advertido de que las sanciones previstas para los miembros del colectivo LGTB «no solo violan normas y estándares internacionales», sino que «existe amplia evidencia de que legitiman los prejuicios y exponen a las personas» al odio, abuso policial y torturas, entre otros.
«También perpetúan la discriminación y la denegación de acceso a servicios básicos, incluidos la atención sanitaria, la educación y la vivienda», ha zanjado el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que advierte de que esta propuesta aprobada por el Parlamento tendrá un impacto negativo en la sociedad ghanesa.
Este proyecto de ley es, a pesar de todo, una versión suavizada del último borrador presentado en el Parlamento, que contemplaba penas de prisión más extensas e incluso una controvertida cláusula sobre terapias de reconversión.
Ghana ya ilegalizó en el pasado las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, penadas con una condena de hasta tres años de cárcel. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han mostrado su preocupación por este nuevo proyecto.
