El Gobierno estudia disolver algunos grupos e investiga la campaña de acoso y mensajes de odio en Internet contra la víctima
MARC BASSETS. EL PAÍS.- “El miedo va a cambiar de bando”, ha dicho el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la decapitación, el viernes, de un profesor de secundaria que en sus clases hablaba de la libertad de expresión y de las caricaturas de Mahoma en el semanario Charlie Hebdo. Ahora Francia busca respuestas. Pero el terrorista está muerto y no parece que actuase dentro de una célula. ¿Qué hacer? El objetivo es el “acoso” y la “desestabilización” de los islamistas que socavan las leyes o agitan el odio. La medida más llamativa es la petición de desmantelar grupos que el Gobierno designa como “enemigos de la República”.
La batalla ha comenzado. El Gobierno dispone de una lista de 51 asociaciones que serán sometidas a un examen riguroso en los próximos días. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció este lunes su intención de pedir el desmantelamiento del Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF, en sus siglas en francés) y de la ONG islámica Baraka City.
“Lo deseo”, declaró Darmanin en la cadena de radio Europe 1. “He aquí una asociación manifiestamente implicada, porque el padre que lanzó una fetua contra el profesor se refería a esta asociación. Es una entidad que recibe ayudas del Estado y se beneficia de deducciones fiscales. Denuncia la islamofobia de Estado. Y tenemos elementos para pensar que son enemigos de la República”, añadió.
Al hablar de fetua, el ministro se refería a la campaña que el padre de una estudiante de 13 años lanzó en las redes sociales contra Samuel Paty, el profesor de Historia y Geografía en Conflans-Sainte-Honorine, cerca de París, por mostrar las imágenes de Mahoma, algo en principio contrario a la religión musulmana. Al Gobierno le preocupa que esté surgiendo un nuevo tipo de terrorista: solitario, con medios precarios, sin conexiones con organizaciones internaciones e inspirado por el sentimiento de ser víctima de la islamofobia en la Francia de la laicidad. Darmanin ha pedido también el cierre de la mezquita de Pantin, en las afueras de París, por difundir uno de los vídeos contra el profesor.
La policía ha puesto en marcha operaciones contra decenas de individuos que, aunque no tengan relación directa con el atentado, deben saber que “no habrá descanso ante los enemigos de la República”, dijo Darmanin en la entrevista citada. Se han abierto, además, más de 80 investigaciones por odio en Internet contra quienes, “de forma apologética, explicaban de una manera u otra que el profesor se lo había buscado”. Y se ha iniciado el proceso de expulsión hacia sus países de unos 230 extranjeros —culpables de crímenes y delitos, o en situación irregular— que constan en las listas de sospechosos.
Quince personas, entre ellas el padre de la alumna y un predicador islámico, están detenidas para ser interrogadas. No hay imputados por ahora. En una reunión de tres horas el domingo por la noche con los principales ministros, Macron les pidió que se preparase con cuidado y con todas las medidas de seguridad necesarias el reinicio de las clases el 2 de noviembre después de las dos semanas de pausa otoñal. Y les encargó que previeran “acciones concretas” que podrían adoptarse en el Consejo de Ministros del miércoles.
Para Macron, la respuesta al último atentado supone un rompecabezas político y legal. Desde la derecha y la extrema derecha, se insta al presidente a superar los debates léxicos: ¿hay que hablar de islamismo? ¿de comunitarismo? ¿de separatismo? Los críticos también sostienen que ya no bastan las expresiones colectivas de emoción. El domingo decenas de miles de personas se manifestaron por todo Francia para recordar a Paty. Y el miércoles, la Universidad de la Sorbona acogerá una ceremonia de homenaje nacional.
Que todo esto es insuficiente, nadie lo cuestiona en realidad, ni a derecha ni a izquierda. Y, sin embargo, no está claro qué medidas podrían adoptarse más allá de las que permite la legislación actual y de las que el presidente francés anunció a principios de octubre en un discurso contra lo que llamó el “separatismo islamista”. Las asociaciones y personalidades que se encuentran en el objetivo de las autoridades llevan tiempo difundiendo mensajes radicales sin ser ilegalizadas ni condenadas.
Exhibición de fuerza
Por ahora, la idea del Gobierno es hacer ante estos grupúsculos e individuos una exhibición de fuerza retórica y administrativa. Se trata de explotar al máximo los márgenes legales para enviarles la señal de que el Estado será inflexible. También de aprovechar la conmoción por el asesinato de Paty para sacudir conciencias, en Francia y en el extranjero, donde a veces la burocracia de los países donde deben ser expulsados los supuestos sospechosos —los países de Magreb o Rusia principalmente— arrastran los pies, según una fuente del Ministerio del Interior. Con la ley contra el separatismo, que se presentará en diciembre y debería adoptarse en el primer semestre de 2021, Francia se dotará de herramientas para desmantelar las asociaciones y mezquitas radicales y atajar su financiación, y también para impedir o castigar el adoctrinamiento de los menores en el país.
“Los islamistas”, dijo el presidente de la República a sus ministros en la reunión del Palacio del Elíseo, “no deben poder dormir tranquilos en nuestro país”.
