El Parlamento muestra una falta total de consenso político
EUSEBIO VAL. LA VANGUARDIA.- El Parlamento francés se mostró ayer absolutamente dividido, muy lejos del consenso, sobre la política de inmigración y asilo, uno de los mayores desafíos a largo plazo que afronta el país, al igual que el resto de Europa. El primer ministro, Édouard Philippe, planteó por primera vez la posibilidad de instaurar un sistema de cuotas para nuevos inmigrantes, en virtud de la nacionalidad y la profesión, como hacen Estados Unidos y Canadá.
El debate en la Asamblea Nacional –y hoy en el Senado– era un deseo del presidente Emmanuel Macron, que en las últimas semanas ha endurecido su mensaje, sobre todo en cuanto a la acogida de refugiados, dejando entrever una voluntad de captar votos en la derecha del espectro político ante las elecciones municipales del próximo marzo. Pero el sistema presidencial francés sitúa al jefe del Estado por encima del Parlamento –no rinde cuentas ante él sino directamente ante el pueblo– y, en consecuencia, Macron no participó en la sesión sino que lo hizo Philippe.
Le Pen acusa de “traición” a quienes han gobernado y a las oenegés de “cómplices de los traficantes”
La novedad principal de la intervención del primer ministro fue su propuesta, todavía muy vaga, del sistema de cuotas. Tal iniciativa está llamada a ser muy controvertida. No es fácil establecer criterios de selección que no parezcan discriminatorios. Philippe insistió también en que el régimen de asilo francés está “saturado” (hubo 123.000 peticiones en el 2018, con un aumento del 22%) y habrá que tomar medidas.
Philippe trató de mantener una posición de equilibrio, moderada, respetuosa con la tradición francesa de acogida pero también susceptible de hacerse más rígida. La oposición de derechas y de izquierdas no dejó margen alguno para el entendimiento.
Jean-Luc Mélenchon, de Francia Insumisa (izquierda radical), acusó al Gobierno de realizar “una nueva operación de propaganda en una campaña electoral permanente”. Con su habitual vehemencia, Mélenchon defendió la presencia de población foránea como una exigencia moral y también económica, de lo contrario la economía y la seguridad social se hundirían. Luc Carvounas, del Partido Socialista, admitió que la acogida a los refugiados no puede ser incondicional, aunque sí dijo que albergarlos provisionalmente en condiciones dignas debería ser obligado.
El diputado de Los Republicanos (LR, derecha) Guillaume Larrivé subió el tono, dramatizó las- cosas y se preguntó, de entrada, si había que hablar “de inmigración o de invasión”, lo cual provocó algunos abucheos. “El siglo XXI expone a Francia al caos migratorio”, constató Larrivé, aludiendo a su posición geográfica y lazos históricos con muchos países de África. “Para que Francia siga siendo Francia, debe retomar el control”, alertó el diputado conservador, a la vez que animaba a ser valientes para provocar “una ruptura política y jurídica de envergadura” en el terreno migratorio, llegando incluso a suprimir el derecho de suelo (que facilita la nacionalidad a los nacidos en Francia) para priorizar el derecho de sangre (es francés quien es hijo de francés).
No muy distintos fueron los argumentos de Marine Le Pen, la presidenta del Reagrupamiento Nacional (ex Frente Nacional). La líder ultraderechista consideró la inmigración en Francia “un escándalo absoluto”, acusó de “traición” e “incompetencia” a los políticos –de todos los partidos excepto el suyo– que durante años han gobernado y tolerado el flujo masivo, un “proceso de destrucción masiva” que ha desestabilizado Francia y que continúa, según ella, con el actual Gobierno y “las onegés, cómplices de los traficantes”.
