La cercanía a las costas africanas provoca una «constante» presión migratoria sobre Canarias, agravada en los tres últimos años, según señala la Fiscalía General del Estado, que advierte de que la respuesta a esos flujos no debe improvisarse, por lo que pide instalaciones permanentes para acoger dignamente a los migrantes.
En su Memoria relativa al 2022, el Ministerio Público considera que deberían de existir «instalaciones permanentes» para garantizar una acogida inmediata «en condiciones de dignidad» y no lugares preparados de acuerdo a las necesidades existentes en cada momento «y, por tanto, sujetos a la improvisación».
Recuerda que en diversas ocasiones ha alertado de «las malas condiciones» de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Lanzarote y Fuerteventura, «sin que hasta el momento se hallan solucionado los problemas detectados», y urge medidas para solventarlos y evitar «indeseables» situaciones como la del muelle de Arguineguín en 2020, donde llegaron a hacinarse más de 2.500 migrantes.
En 2022, la inmigración irregular en España descendió un 25,6 % respecto al año anterior (pasando de 41.945 llegadas a 31.219), un reducción del 27,9 % en el caso de las entradas por vía marítima, subraya la Memoria, que señala en cambio el incremento del 4,5 % de las entradas irregulares a Ceuta y Melilla saltando la valla.
Respecto a la tragedia ocurrida el 24 de junio de 2022 en el intento de salto a la valla de Melilla en el que murieron al menos 23 personas, la Fiscalía hace hincapié en que «tras una dilatada investigación» archivó las diligencias al no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Por otra parte, la Fiscalía reclama la modificación de la Ley de Asilo o la redacción de una nueva que contemple supuestos más amplios y permita dar protección internacional en situaciones derivadas de pandemias, hambrunas, miseria extrema o catástrofes climatológicas, y regule procedimientos efectivos de solicitudes a través de las misiones diplomáticas y en frontera.
En España el número de peticiones de asilo ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años (de 2.588 en 2012 a 118.842 en 2022) y el Ministerio Público advierte de la «grave dificultad» que existe para diferenciar «los merecedores de tal estatuto y los meros inmigrantes».
En este contexto, alaba la «encomiable labor realizada y los magníficos resultados» de la Oficina de Asilo y Refugio, que en 2022 concedió 161.037 solicitudes de protección temporal a desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania.
«RESPUESTA INSTITUCIONAL» ANTE LAS CONDUCTAS DE ODIO
En materia de odio y discriminación, la Fiscalía menciona la preocupación por la «polarización social existente», que da lugar a «múltiples conductas» ante las que «el legislador no puede ser equidistante» y en las que la respuesta no puede ser solo penal.
Porque los delitos de odio son «la expresión más severa de la discriminación» y es necesaria una «respuesta institucional», sostiene la memoria, que celebra la introducción en 2022 en el Código Penal de la agravante de antigitanismo, una forma de «hacer justicia a las víctimas de estos delitos».
Y subraya su «convencimiento» de que «el camino» para luchar contra cualquier tipo de discriminación «viene de la mano de la educación, sensibilización y concienciación de la igual dignidad de todos los seres humanos».
