La Fiscalía ha mantenido la petición de 21 años de cárcel para el líder del grupo «pilla-pilla», una banda que organizaba emboscadas contra homosexuales, alegando combatir a pederastas, para después humillarlos y vejarlos en las redes sociales.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el ministerio público ha decidido elevar a definitivas su petición de pena al final del juicio, que ha quedado visto para sentencia, contra los seis presuntos miembros del grupo, que se ha celebrado en el Juzgado de lo penal número 2 de Granollers (Barcelona).
Los acusados, para quienes el fiscal Miguel Angel Aguilar solicita penas de entre 21 y dos años de prisión, respondían en calidad de autores por delitos contra la integridad moral y contra la intimidad.
Según el ministerio público, el grupo, creado y liderado por Mykola, de nacionalidad ucraniana, se inspiraba en la organización neonazi rusa «Occupy Pedofilya» y se dedicaba a perseguir a homosexuales bajo el pretexto de querer neutralizar a pederastas.
Para ello, los rodeaban y obligaban a responder a un interrogatorio forzado que grababan en vídeo y colgaban en internet.
En concreto, según la fiscalía, entre noviembre y diciembre de 2013, los miembros del grupo contactaron con al menos tres homosexuales haciéndose pasar por menores de edad para concertar citas.
Cuando las víctimas acudían al lugar del encuentro, un grupo de entre diez y veinte personas -de las que han sido identificados por el momento los seis acusados y un menor- las abordaban para atemorizarlas, humillarlas y represaliarlas.
Durante los encierros, rodeaban a las víctimas para que no huyeran y las filmaban mientras las obligaban a responder preguntas sobre su condición sexual o su DNI, además de hacerles reconocer bajo coacción que eran unos «pederastas abusadores de niños».
A lo largo del juicio, se han visionado varias veces los vídeos a puerta cerrada para proteger la intimidad de las víctimas, que declararon ayer.
Los acusados sólo han aceptado responder a preguntas de su defensa y han rechazado atender los requerimientos de fiscalía o de las acusaciones, entre las cuales se encuentran los principales colectivos españoles de defensa de los derechos LGTBI, como la Comissió Unitària 28 de Juny.
Sólo uno de los presuntos agresores se ha reconocido en uno de los vídeos -de los que han negado conocer la procedencia- aunque la defensa de todos ellos ha enmarcado la acción en un intento por ridiculizar a adultos que mantenían relaciones con menores, desmarcándose así de las acusaciones de homofobia.
Se trataría, han dicho, de una situación vejatoria sujeta a indemnización pero que en ningún caso es constitutiva de delitos penales.
Al término del juicio, el presidente del Observatori Contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, ha pedido, en representación de los colectivos LGTBI, «una sentencia justa» que de prioridad a «los derechos humanos».
