Tres familias han enviado cartas al Gobierno central, al de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza para denunciar “constantes desprecios y amenazas de ser devueltos a los campos». Cruz Roja lo niega tajantemente y señala que sus equipos “pueden tener errores, pero, desde luego, no andan amenazando a la gente para echarlos. Ni en Zaragoza ni en ningún sitio”. Una refugiada iraquí en Zaragoza ha sido expulsada del programa de acogida gestionado por Cruz Roja: “Cuando pido mis derechos me hablan mal”
ÓSCAR F. CIVIETA. ELDIARIO.ES.- Aseguran que les ha costado mucho dar el paso, pero que sienten la obligación de hacerlo. Son tres familias de refugiados que denuncian a su entidad de acogida, Cruz Roja, por «maltrato psicológico», mala praxis y por incumplir el protocolo de acogida. Afirman que el resto de familias atendidas por el mismo servicio las apoya, pero que temen sufrir represalias.
El 3 de febrero de 2017 enviaron una misiva al Gobierno de España, al Ejecutivo autonómico y al Ayuntamiento de Zaragoza. Días antes se la entregaron en mano al Justicia de Aragón. “Casi perdemos la vida en nuestros países de origen y hemos recorrido un durísimo camino hasta llegar a España. Por nuestros hijos vamos a hablar y a decir la verdad para que se ponga fin a tantos abusos y para que las siguiente personas que busquen refugio en España, y en concreto con Cruz Roja Zaragoza, no tengan que pasar por lo que estamos pasando nosotros”. Con esta afirmación comienza el escrito en el que estas familias denuncian los hechos, y al que ha tenido acceso eldiario.es.
Una de las familias, formada por un matrimonio y cuatro hijos menores, está acogida en Zaragoza desde el 22 de mayo de 2016. Es kurdo-iraquí y procede de un campo de refugiados en Macedonia. Su caso es el que más se ha complicado, después de que la madre, Faten, haya sido expulsada del programa de acogida.
En su historia se ha involucrado el Justicia de Aragón (el Defensor del Pueblo en la comunidad) que, al carecer de competencias, decidió trasladar las quejas a la Defensoría del Pueblo, “que sí tiene competencias en esta materia”.
Las otras dos firmantes, que prefieren mantenerse en el anonimato, son sirias y llegaron en julio del año pasado a la capital aragonesa desde Líbano. Una formada por matrimonio y cuatro vástagos menores de edad; y la otra por una viuda y cinco hijos –cuatro menores–.
Incumplimientos del protocolo
Una parte importante de las acusaciones se centra en incumplimientos del Sistema de Acogida e Integración para Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional. Centran su malestar, sobre todo, en la duración de las fases de acogida.
Cuando decidieron enviar la carta, las dos familias sirias acababan de terminar la primera fase del proceso de acogida –de seis meses de duración para familias no vulnerables– en la que habían residido en un Centro de Cruz Roja en la capital aragonesa. La kurdo-iraquí se encontraba en la segunda fase desde el 1 de diciembre de 2016.
Según el protocolo de diciembre de 2016 (MEYSS-SGII, versión 2.0), vigente en el momento de enviar las cartas, la primera fase –en la que residen en un centro de acogida– tiene una duración general de seis meses y de nueve para los vulnerables.
La segunda –llamada de integración y en la que viven en un piso– es de otros seis meses en general y 11 para las personas «vulnerables». La tercera, la de autonomía, dura seis meses la general y cuatro para vulnerables. De este modo, se completa un circuito de 24 mensualidades en el caso de los vulnerables, en el que se incluyen familias con hijos menores, mujeres embarazadas, personas con diversidad funcional, etc.
De las familias firmantes, una es monoparental con cuatro hijos menores a su cargo y otra tiene un miembro con una “importante discapacidad física”. Entran, por tanto, teóricamente, dentro de los casos de especial vulnerabilidad según el artículo 46.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Las familias denuncian que siempre les dicen que no estarán más de seis meses por fase.
La dotación para atención a las necesidades básicas, según el protocolo, es de 792 euros al mes para unidades de convivencia compuestas por 5 o más personas –todas las familias firmantes lo cumplen–. El texto normativo establece, además, que esta ayuda es incompatible con las de transporte, vestuario y ocio, salvo cuando se requiera “por razones de extrema vulnerabilidad”. Las familias argumentan que deberían estar consideradas en ese apartado y, por tanto, que han de ser receptoras de las prestaciones por estos conceptos.
Los refugiados continúan su denuncia al referirse a las ayudas transversales, que afectan a las tres fases de acogida. Señalan que no reciben tratamiento psicológico, ni los 400 euros destinados a ayudas bucodentales, o los 200 euros de subvención destinada a comprar gafas de ver en el caso de necesitarlas, ambas ayudas están contempladas dentro de las medidas sanitarias del SGII.
La versión de Cruz Roja se opone a lo expuesto por las familias. Cristina Domínguez, del programa de Refugiados de Cruz Roja, afirma que, en casos acreditados de vulnerabilidad, «siempre se ha solicitado prórroga de estancia en centro, de hecho, la mayoría de las familias la están recibiendo». Destaca que, «en algunos casos concretos, fueron los propios interesados quienes no quisieron acogerse a prórroga de estancia en centro».
Respecto a las ayudas, explica que l as previstas en el programa «se conceden a criterio de la entidad, tras una valoración individualizada de cada caso». En todo momento, dice, se ha seguido el protocolo de actuación que marca «y los usuarios no solo han recibido todas las prestaciones y ayudas que marcan los manuales sino que, en aquellos casos en que no cumplían con los requisitos, eran incompatibles, o se trataba de necesidades urgentes que no podían esperar a tener la preceptiva autorización, Cruz Roja ha asumido el coste con fondos propios».
Todas las ayudas, concluye, «se encuentran debidamente registradas y cuentan con los correspondientes documentos justificativos que se presentan al Ministerio para su control y seguimiento periódico».
Material escolar
Uno de los puntos en los que hacen más hincapié tiene que ver con las ayudas en el campo de la educación. Indican que no les dan dinero para material escolar, comedor escolar, guardería para menores o actividades extraescolares. Las familias aseguran que los niños han acudido sin libros al colegio durante mucho tiempo.
Un funcionario del Gobierno de Aragón encargado de la escolarización de refugiados –que prefiere no desvelar su identidad– confirma a eldiario.es que, en el caso de Faten, a finales de febrero el hijo tenía los libros del anterior centro escolar y su hermana, unos que le había proporcionado el propio colegio. Es decir, Cruz Roja no había cumplido con su obligación.
Comenta también el funcionario que, desde el primer momento, comprobó que la entidad hacía “oídos sordos” al protocolo interno firmado por las entidades de acogida y el Gobierno de Aragón. Al solicitar información a la organización sobre la escolarización de los niños, asegura que había “un hermetismo total y no se la facilitaban”.
Según describe, cuando en una reunión entre el colegio y las familias –con él presente– aparecían miembros de Cruz Roja, “notaba la incomodidad por parte de la familia, se ponían tensos e incluso llegaron a pedirme que no avisara a Cruz Roja de estos encuentros para que no estuvieran presentes”.
«Si no te gusta, vete a tu país»
Buena parte de la carta la ocupa el relato del día a día. Desde que llegaron, alegan, reciben “constantes desprecios, gritos, información distorsionada y engañosa, amenazas de ser devueltos a los campos si no obedecemos y todo tipo de maltratos psicológicos por parte de los trabajadores de Cruz Roja y por miembros de la directiva y coordinación de la entidad”.
Señalan, por ejemplo, que todos los documentos que firman –excepto el contrato social– están en español y les dicen cosas como “si no lo firmas, te echamos del programa” o “si no te gusta esto, vete a tu país”. Se quejan también de que la traductora contratada por la entidad solo traduce “en contadas ocasiones” y que han comprobado “que muchas veces lo hace de manera incorrecta, omitiendo deliberadamente parte de lo que queremos expresar”.
La mera insinuación de volver al horror vivido, explican, les produce “terror” y acaban firmando todo “sin saber realmente lo que es”. La barrera del idioma es un muro difícilmente soslayable sin la ayuda precisa: “Después de seis meses en España ya deberíais hablar y entender bien el español”, aseguran que les dicen.
La alimentación es otro de los asuntos que genera problemas. Entre los residentes en el centro hay una menor diabética «que no recibe una dieta diferente» y, cuando la reclama, la respuesta es «come menos cantidad y así te sentará mejor”.
Desde Cruz Roja aseguran que no es cierto. José Javier Sánchez, subdirector de Cruz Roja para Migraciones, afirmó a este medio que se han preocupado de que vaya al hospital y de que tenga un certificado médico: “En cuanto llegan a Barajas tenemos un equipo médico por si hay alguien con mareos, imagínate cuando llega alguien con diabetes a nuestro centro”, explica.
Se muestran molestos los refugiados por la rigidez de los horarios de la cocina, “hasta el punto de que si un menor ha pasado mala noche con fiebre y se ha levantado de la cama más tarde, fuera ya del horario de desayuno, no le han dado nada para ingerir hasta la hora establecida para comer, transcurriendo más de 16 horas”.
Explican que tienen miedo a hablar con las personas de Cruz Roja, y se ven obligados a informarse de sus derechos a través de gente ajena a la entidad. Voluntarios y voluntarias de las que destacan su colaboración y agradecen su ayuda.
En la organización dicen que las acusaciones son falsas y “completamente infundadas». Sánchez señala que sus equipos “pueden tener errores, pero, desde luego, no andan amenazando a la gente para echarlos. Ni en Zaragoza ni en ningún sitio”. Respecto a que estas personas tengan temor a desvelar su identidad y a hablar con los miembros de la organización, resalta que, “afortunadamente, es todo lo contrario, ellos tienen toda la tranquilidad para hablar con nuestros equipos y solicitar lo que precisen”.
Sánchez sostiene que estas denuncias “pueden responder a una estrategia para conseguir algo que necesiten, y que nosotros no estemos en situación de darles porque el programa tiene sus límites”.
Cruz Roja y Gobierno de España
Sánchez repite como argumento básico que estas personas llegan “de no tener absolutamente nada a un país en el que van a recibir ayuda, y, quizás, tienen unas exigencias muy altas, más de lo que cabría esperar. Nuestro equipo de intervención social y de atención psicológica trabaja mucho con ellos en ese aspecto”.
Sus trabajadores y trabajadoras, dice, tienen mucha experiencia, “si no han trabajado con este colectivo lo han hecho con personas sin hogar o con problemas de drogadicción”. Y repite que puede que estas personas “lleguen con una idea equivocada y con unas expectativas que no son las que después pueden tener”.
A este respecto, Cristina Domínguez, del programa de Refugiados de Cruz Roja, apunta que «todas las personas atendidas pueden presentar cualquier reclamación al Ministerio» y que nunca han recibido «ningún cuestionamiento o indicación por parte de la Secretaría General de Migraciones».
El pasado 12 de abril, el Gobierno de España respondió a la carta enviada por las familias. En este documento, remitido desde la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes, se dice que las prestaciones “no se tramitan directamente por esta Subdirección, siendo las entidades que gestionan el programa quienes evalúan y valoran las circunstancias de cada situación, adaptando la intervención a las necesidades que se presentan”.
En el caso de las familias firmantes, continua la respuesta del Ejecutivo estatal, “Cruz Roja ha remitido un informe detallando las actuaciones que se han desarrollado (…) así como las ayudas que se les han facilitado y por qué cuantías, pudiendo comprobar desde aquí que se adecuan a lo previsto en el Programa”.
Recuerdan, para terminar, que la firma del contrato de participación en el programa de acogida “lleva aparejada la adquisición de una serie de compromisos y deberes por parte de las personas participantes tales como “la implicación en el itinerario determinado por la entidad de referencia, el respeto a las normas de convivencia de los dispositivos de acogida y la actitud de colaboración y respeto hacia los profesionales de apoyo”.
El resto de instituciones
Los acogidos han tenido contacto, del mismo modo, con el Gobierno de Aragón, en concreto con la directora general de Igualdad y Familia, Teresa Sevillano, con la que se reunieron el 15 de marzo; y con el Ayuntamiento de Zaragoza –la vicealcaldesa, Luisa Broto, les recibió también el pasado marzo–.
Ambos ejecutivos, preguntados por eldiario.es, apuntan que es un caso que está fuera de sus competencias, ya que es el Gobierno de España el que decidió qué entidades se encargarían de la acogida. Apuntan desde la Administración autonómica, no obstante, que sí ha habido reuniones con la entidad para tratar la cuestión.
En el Consistorio recuerdan que el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, pidió a Mariano Rajoy, junto a los alcaldes de Madrid, Barcelona, Valencia y A Coruña, que las entidades locales puedan gestionar la acogida de refugiados y asegurar el cumplimiento de las cuotas de reubicación firmadas por el Estado español. En una reunión mantenida el pasado mes de junio entre Luisa Broto y la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, reiteró esta solicitud reclamando la creación de una cuarta fase en el programa de acogida de la que se harían cargo los municipios.
La otra institución que tuvo conocimiento de los hechos fue el Justicia de Aragón. Desde ella comentan que han pedido información al Gobierno de Aragón y a Cruz Roja, que están recabando informes, “y que la institución siempre estará vigilante para que se reconozcan los derechos y se cumplan los protocolos de acogida”.
