La aporofobia, odio a las personas pobres, lleva sobre la mesa del Senado y el Congreso muchos años pero no acaba de ver la luz. Expertos juristas solicitan que se incluya esta circunstancia agravante en el Código Penal para proteger a un colectivo vulnerable víctima, en numerosas ocasiones, de abusos y discriminación. En la Comunitat Valenciana se están detectando expresiones y conductas que se enmarcarían en esta fobia pero al no estar correctamente regulada, es difícil perseguirlos
EUROPA PRESS. LA VANGUARDIA.- La aporofobia, odio a las personas pobres, lleva sobre la mesa del Senado y el Congreso muchos años pero no acaba de ver la luz. Expertos juristas solicitan que se incluya esta circunstancia agravante en el Código Penal para proteger a un colectivo vulnerable víctima, en numerosas ocasiones, de abusos y discriminación. En la Comunitat Valenciana se están detectando expresiones y conductas que se enmarcarían en esta fobia pero al no estar correctamente regulada, es difícil perseguirlos.
Recientemente se han visto casos de aporofobia en los tribunales, como el youtuber condenado por humillar a un mendigo dándole de comer unas galletas rellenas con dentífrico, pero hay un vacío legal para poder perseguir estos hechos y «se necesita una respuesta ya», opina la fiscal coordinadora de los delitos de Odio en Valencia, Susana Gisbert, y el letrado penalista Joan Comorera, ambos consultados por Europa Press.
La Fiscalía General del Estado también ha hecho pública su postura al respecto: considera necesaria una Ley integral de igualdad de trato y no discriminación, junto a una reforma del Código Penal que incluya como motivos de discriminación la aporofobia.
Ante la falta de amparo legal de este comportamiento, se está optando por incluir la conducta de odio al pobre en delitos contra la integridad moral y se están obteniendo condenas, al menos en el caso de Valencia, pero los especialistas consideran «conveniente» que tuvieran su propia naturaleza: «En ocasiones la integridad moral es difícil de encandinar», ha advertido Gisbert.
Pero su falta de tipificación también provoca «problemas» a la hora de rastrear estos comportamientos: No tienen nombre propio, ni en la ley ni en los archivos de la Policía, con lo que se hace «complicado» saber cuántos se han producido e identificarlos, ha apostillado.
Por su naturaleza, se trata de delitos que difícilmente los denuncian las propias víctimas y no se suelen detectar a no ser que haya alguna circunstancia externa o se difunda algún vídeo en redes sociales. «La vulnerabilidad de estas víctimas es la misma o mayor otros colectivos, y hay que hacer encaje de bolillos para identificarlas y lograr una condena», ha proseguido.
«No hay que parar y hay que incluir este término en el Código Penal», ha abogado la fiscal, quien ha remarcado que de esta manera, «al dar un nombre, habría estadísticas de estos hechos, se podría calibrar el número de delitos que se cometen y se podrían perseguir mejor», ha aseverado. «Hay que avanzar y conseguir un paraguas jurídico propio», opina. «A LA LEY LE FALTA ESO»
El abogado Joan Comorera, también exsenador de En Comú Podem, desde donde ha presentado numerosas iniciativas para regular la aporofobia, coincide con esta reivindicación y ha apuntado: «La ley contempla el racismo, la xenofobia y otros motivos menos la aporofobia a pesar de que hay tratados en la Unión Europea que tratan esta materia, los motivos económicos».
«Existe en la actualidad un abuso muy claro como consecuencia de la situación de pobreza de una persona y creemos que es necesario completar el Código Penal para perseguirlo. A la ley le falta eso. No es cuestión de aumentar las penas sino de complementar algo que falta a la normativa», ha apostillado.
El letrado ha recordado que en otros países sí se contempla esta circunstancia, la aporofobia, en la ley, con lo que España «debería tomar nota», dar un paso al frente y modificar «cuanto antes» la normativa. La aporofobia busca su marco legal.
