RICARDO QUIROGA. EL ECONOMISTA.- Entre 2014 y hasta el 17 de mayo de 2020, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT ha registrado 209 casos de crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTI+, siendo 2019 el año con la mayor cantidad de casos, mientras que en cuatro meses y medio del presente año, el tercer periodo con más incidencias registradas por esta organización. De esos casos de agresión, el 44.5% corresponde a mujeres trans, mientras que el 40.7% a hombres homosexuales o bi.
Estos, entre otros números, los dio a conocer el Observatorio este lunes en un encuentro moderado por la psicóloga social y académica de la UNAM, Gloria Careaga, creadora de la Fundación Arcoiris, que forma parte del Observatorio, junto con decenas de asociaciones de 10 estados de la República Mexicana.
Ahí mismo se dio a conocer que en los años que lleva en activo el Observatorio, de han reportado 56 asesinatos por impacto de bala, 51 por arma blanca, 33 por golpes y 27 por asfixia, entre otros; mientras que en los espacios en los que ocurrieron los crímenes de odio predominan la casa de la víctima, con 62 incidencias, y la calle, con 46 casos.
“La población LGBT ocupa los primeros lugares en registrar mayor cantidad de discriminación en todo el país. Se habla de que seis de cada 10 personas de la comunidad fueron discriminadas en el último año. 53% de la población LGBT ha sufrido acoso, expresiones de odio, violencia física, emocional, verbal o en otras formas”, detalló Natalia Lane, coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans.
Remarcó que una de las poblaciones más vulnerables, ubicadas en el centro de la violencia, son las mujeres trans y los hombres gays afeminados y refirió que “eso habla justo de la estructura patriarcal, misógina, que condena todo aquello que tenga que ver con lo femenino, que se asocie con la mujer”.
Por ello, señaló la importancia de que las fiscalías de todo el país, al momento de investigar, sancionar y perseguir los delitos contra la comunidad, reconozcan los términos como crímenes de odio, homofobia o transfobia.
Por su parte, el relator de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, expresó que la realidad de la pandemia ha venido a exacerbar la desigualdad, la pobreza y otras diferencias sociales que si bien ya estaban presentes, han puesto a los distintos sectores, incluyendo a la comunidad LGBTI+, en mayor estado de marginación. Calificó al informe del Observatorio como una de las herramientas que dotan de efectos prácticos para la obtención de evidencias que conducen a soluciones en materia de políticas públicas. Por ello, instó a las entidades estatales para incorporar la información a sus fuentes de datos y a proponer soluciones pragmáticas.
Por su parte, la fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, respondió que desde las fiscalías del país se ha iniciado un programa de capacitación y sensibilización de funcionarios públicos para la incorporación de protocolos con adecuada atención de víctimas de la comunidad LGBTI+ y, para ello, “garantizar que el acceso a la justicia sea efectivo y desdibujar la división social heteronormativa con un enfoque sustentado en los derechos humanos y la dignidad de las personas”.
