NOTICIAS DE GIPUZKOA.- La Unión Europea está más cerca de sancionar las violaciones de derechos humanos en el globo de forma más rápida y contundente. La Comisión Europea ha presentado su esperada propuesta para crear un mecanismo que penalice los abusos graves de derechos humanos. Crímenes como el del periodista saudí Jamal Khassogi tendrían con este nuevo instrumento una condena europea basada en acciones y no solo en declaraciones sobre el papel.
Es uno de los principales legados de Juncker y gran objetivo de Josep Borrell. La Unión Europea está más cerca de crear un régimen de sanciones para condenar los ataques a los derechos humanos que a diario ocurren en todos los rincones del mundo.
El bloque comunitario ya cuenta con un marco sancionador, pero es muy lento, como ha demostrado la respuesta a la represión en Bielorrusia, y muy específico. De hecho, la Unión impone sanciones a Rusia por la anexión ilegal de Crimea o los ataques con armas químicas a opositores; a Venezuela o Bielorrusia por la represión y la violencia en las protestas; o al régimen sirio por los atroces ataques contra la población civil.
Bajo el nuevo instrumento, que ya recibe el nombre de ley Magnistky o ley Navalny, las medidas serán las mismas: congelación de activos o prohibición de viajar a suelo comunitario. Sin embargo, la Comisión Europea tendría por primera vez la potestad para supervisar la prohibición de desplazamientos, evitando polémicas como la vivida hace unos meses por el aterrizaje de la vicepresidenta venezolana sancionada por la UE a España.
EN JUEGO EL DERECHO A VETO
La Presidencia alemana quiere que el Consejo apruebe la propuesta en diciembre para que entre en vigor a comienzos del 2021. Sin embargo, no todas las capitales están cómodas con ella. Los países pequeños como Chipre, Malta o Grecia no quieren dejar escapar su derecho de veto. Nicosia ha mantenido «secuestradas» durante meses las sanciones contra el régimen de Alexandr Lukashenko como medida coercitiva para imponer mano dura desde Bruselas con Turquía. Otros como Hungría han bloqueado declaraciones contra Israel o Italia contra Rusia. Los Estados miembro con políticas exteriores más controvertidas quieren guardarse esta carta bajo la manga.
Con motivo de la presentación de la propuesta, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, ha señalado que «ya va siendo hora de contar con un régimen de sanciones de la UE que haga rendir cuentas a los responsables de violaciones y abusos de los derechos humanos». Para Borrell, Alto Representante de Exteriores de la UE, «constituirá un potente instrumento para exigir responsabilidades a los responsables de violaciones y abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo». «Se trata de una oportunidad para que Europa alce la voz en defensa de sus valores e intereses», ha señalado el jefe de la diplomacia europea en un momento que las ambiciones geopolíticas de la actual Comisión han quedado bastante eclipsadas por la pandemia.
LA LEY DE EEUU COMO REFERENCIA
Este instrumento encuentra su espejo en la Ley Magnitsky que Estados Unidos rubricó en 2012 para sancionar a funcionarios rusos. La normativa toma el nombre del contable ruso Sergei Magnitsky, que murió en custodia en una cárcel de Moscú tras ser detenido por investigar la corrupción del Kremlin. Su fallecimiento salpicó al propio Vladimir Putin. Cuatro años después, la ley pasó a ser global y da potestad al inquilino de la Casa Blanca para imponer sanciones a cualquier ciudadano del mundo que haya cometido una violación grave de los derechos humanos o actividades graves de personas en los Gobiernos.
Con la Ley Magnitsky, Estados Unidos ha restringido, por ejemplo, la libertad de movimiento de ciudadanos saudíes implicados en el asesinato de Khasoggi. El brutal crimen del periodista en el consulado de su país en Estambul fue precisamente el empuje para que Países Bajos presentase esta propuesta hace casi dos años a sus homólogos comunitarios.
