EFE.- La Eurocámara pidió hoy poner fin a la «discriminación institucional» a nivel de la UE contra las minorías nacionales y garantizar sus derechos en el ámbito político, lingüístico y educativo.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución para pedir a la Comisión Europea (CE) una legislación vinculante comunitaria al respecto.
«La Unión Europea debe respetar su diversidad lingüística y cultural», declaró el ponente del documento, el eslovaco Jozsef Nagy, puesto que «todos los ciudadanos europeos deberían poder usar su lengua materna en la calle y espacios públicos sin miedo».
El texto, con 489 votos a favor, 112 en contra y 73 abstenciones, llama al Ejecutivo comunitario a comenzar por adoptar una definición clara sobre «minoría nacional» para poder crear un marco europeo que garantice la no vulneración de los derechos fundamentales del ocho por ciento de ciudadanos europeos que, según los eurodiputados, pertenecen a estos grupos.
En concreto, el Parlamento exhortó a la Comisión a que plantee en su directiva poner fin a la condición de apátrida de ciertas comunidades romaníes en Europa y que se garanticen sus derechos humanos de forma plena.
Los europarlamentarios insistieron en la importancia de proteger de la marginalización a comunidades y promover la representación de las lenguas minoritarias y regionales en los sistemas educativos de los Estados miembros y en sus medios de comunicación.
El Parlamento también animó a los Gobiernos europeos a que adopten sistemas y leyes electorales que favorezcan la representación de las minorías nacionales y étnicas, así como que éstas puedan aprender sin obstáculos su historia y lenguas en los programas escolares nacionales.
Los eurodiputados pidieron asimismo que la futura legislación comunitaria incluya un mecanismo que supervise su cumplimiento por parte de los Estados miembros, con vistas a la posible llegada a sus Ejecutivos de partidos nacionalistas con discursos discriminatorios.
«Ya hemos comprobado que un nacionalismo excluyente puede, retorciendo el derecho, justificar violentas actuaciones policiales contra ciudadanos pacíficos o convertir en un asunto penal un problema político y acabar encarcelando cargos públicos por sus actividades políticas. Algo que debería ser imposible en nuestra Unión», subrayó al respecto la eurodiputada nacionalista vasca (PNV) Izaskun Bilbao.
