Miles de polacos protagonizan el movimiento de resistencia civil más importante desde la caída del comunismo en 1989 para defender los pocos resquicios legales para el aborto legal
MIGUEL A. GAYO MACÍAS. EL CONFIDENCIAL.- Anochece en la Plaza Mayor de Cracovia y, tras cortar el tráfico de las principales calles, miles de personas —hombres y mujeres— se concentran como casi cada día desde hace dos meses en la histórica ciudad. Ni la pandemia, ni las amenazas de los violentos grupos ultracatólicos, ni el imponente despliegue policial que acompaña a estas manifestaciones han hecho decaer el ánimo de muchos ciudadanos que, por toda Polonia, protagonizan el movimiento de resistencia civil más importante desde la caída del comunismo en 1989. Luchan por preservar los pocos resquicios legales que quedan para el aborto legal en su país y contra la deriva de un Gobierno que —denuncian— se asemeja cada día más a una teocracia.
Juzguen ustedes mismos: la filosofía del primer ministro y líder del partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), Jaroslaw Kaczyński, sobre el aborto se resume en que «todos los bebés deben nacer para que al menos se les bautice, se les dé un nombre y se les entierre«. Para incentivar esta visión, su Gobierno aprobó la ley ‘trumienkowe’ (‘pequeño ataúd’), que concede un pago de 900 euros a las mujeres que den a luz a un feto que con seguridad va a nacer con graves malformaciones, con la condición de que nazca vivo. A partir de ahora, será obligatorio.
Un reciente fallo del Tribunal Constitucional obligará a las polacas a dar a luz a fetos con malformaciones graves, enfermedades irreversibles o corta esperanza de vida. La sentencia del alto tribunal —un poder que está en el centro a las críticas al Estado de Derecho en este país— anula el supuesto que permitía interrumpir el embarazo en ciertos casos y que se sustentaba en una ley antitortura. La decisión supone que, de los aproximadamente 1.000 abortos legales que se practican cada año en el país, unos 980 pasarán a ser ilegales, lo que equivale a una prohibición prácticamente total.
“Este Gobierno odia a las mujeres. Este es el único país de Europa donde se pueden comprar sucedáneos de Viagra sin receta en cualquier farmacia, pero está prohibido vender la píldora del día después sin prescripción. Eso lo dice todo”, resume Bartosz Piasecki, uno de los muchos hombres que han decidido sumarse a las protestas bautizadas ‘Strajk Kobiet’ (‘mujeres en lucha’). “No es feminismo, son derechos humanos”, asegura.
Escaleras en los callejones
Pese a que, hasta la fecha, ninguno de los manifestantes ha podido ser acusado de algún delito, un airado Kaczyński acusaba a los manifestantes de tener “sangre en sus manos” durante una tensa sesión parlamentaria el mes pasado. Los señaló por usar un símbolo que se asemeja a las runas armanen en forma de doble rayo de las infames SS nazis. Se refería al logo creado por la diseñadora Ola Jasionowska que, junto con la silueta de una mujer con mordaza, se ha convertido en parte del paisaje urbano polaco. Ventanas, parabrisas, escaparates y balcones de toda el país exhiben pancartas, pósteres o banderas en apoyo a la ‘Strajk Kobiet’. En las calles se pueden reconocer a los manifestantes por sus mascarillas negras con un rayo rojo, prendas con el lema “Jebać PiS” (‘que le jodan al PiS’) o por tararear la popular canción ‘Call on me’ con la letra cambiada.
Eso no ha impedido que los episodios de brutalidad policial hayan ido en aumento: estampidas en callejones y túneles, detenciones aleatorias de personas a varias manzanas de las manifestaciones, varios fotógrafos de prensa heridos e incluso una diputada ‘gaseada’ a pocos centrímetos de su cara cuando trataba de enseñar su credencial oficial. La casa del primer ministro se ha convertido en un búnker, permanentemente protegida por 300 furgonetas de policía y un despliegue paramilitar nunca visto desde el estado de excepción de hace más de tres décadas.
En paralelo, los grupos de ultraderecha han actuado de manera violenta y con casi total impunidad, llegando a incendiar un piso que tenía colgada una pancarta, agrediendo a unas mujeres que intentaban entrar a una iglesia con mascarillas negras. En Varsovia, los vecinos de los callejones donde la policía suele acorralar a grupos de manifestantes dejan escondidas escaleras que les permitan escapar escalando los muros.
Las protestas también han recibido el apoyo de varios eurodiputados, como la irlandesa Frances Fitzgerald, que en una carta firmada por varios colegas mostraba su respaldo sin fisuras. “Nosotros, en el Parlamento Europeo, os apoyamos y estamos de vuestro lado. Que Polonia no sea un ‘pieklo kobiet’ (‘infierno de mujeres’) nunca más», rezaba la misiva. En una resolución de finales de noviembre, el Europarlamento dejaba claro que “la prohibición de facto de abortar en Polonia pone en riesgo la vida de muchas mujeres” que se verán obligadas a abortar de manera clandestina o a viajar al extranjero.
En la vecina Alemania, son comunes las clínicas que cuentan con personal polaco para atender exclusivamente a las mujeres llegadas de este país. En la República Checa, polacas como Jolanta Nowaczyk han puesto en marcha fundaciones y organizaciones que intentan ayudar a sus compatriotas a preparar el viaje, la documentación y todo lo necesario para acudir a clínicas de Praga, pero asegura que en los últimos tiempos ha sufrido “amenazas de grupos provida que, no sería la primera vez, atacan a las clínicas o doctores que ayudan a abortar”.
Noche ¿buena?
La legislación sobre el aborto es uno de los temas más polémicos en Polonia y pone de relieve las diferencias ideológicas, religiosas y políticas que separan a la sociedad. Hasta ahora, el ‘statu quo’ —más o menos aceptado por todos— permitía abortar en caso de malformaciones en el feto. Hace pocos años, el PiS ya intentó implantar una prohibición parecida a la que se plantea actualmente y, en aquel entonces, la respuesta del movimiento “Mujeres de Negro” fue tan masiva y rotunda que se dio marcha atrás.
Pero, ahora, aprovechando la crisis y limitaciones de movimiento por la pandemia, la facción más conservadora y cercana a la Iglesia ha visto su oportunidad. Un movimiento que el ex primer ministro Donald Tusk ha calificado de “iniquidad política, un ejercicio de cinismo”.
El PiS confiaba en que, traspasando la responsabilidad de la decisión al Tribunal Constitucional —controlado por el Gobierno—, podría imponer su voluntad sin sufrir desgaste político. Al tratarse de legislación constitucional, sería una medida prácticamente irreversible. En la presente situación, solo el veto presidencial puede impedir que la nueva legislación entre en vigor. Pero el presidente Andrzej Duda, afín al PiS, ha asegurado que si la ley supera la votación del Congreso, él la firmará.
A pesar de que ya se ha cumplido el plazo para remitir la decisión del Tribunal Constitucional al Parlamento para su votación, esto todavía no se ha producido. Analistas sopesan si esto puede significar que el Gobierno se ha arredrado de nuevo ante las masivas protestas de las mujeres o, simplemente, que esté esperando el momento propicio. Tan propicio que podría ser incluso el día de Nochebuena, apunta la prensa local, para mitigar cualquier protesta.
