El Partido Conservador anuncia en su congreso anual que tomará medidas para frenar la inmigración antes de completar el proceso de Brexit. «Tenemos que asegurar que no asumen trabajos de los británicos», dijo la ministra de Interior, dispuesta a endurecer las condiciones de las empresas para contratar a extranjeros. Hablamos con varios españoles que trabajan o buscan trabajo en el país: «Es difícil que se lleve a cabo, pero si es así, nos precarizaría aún más»
SOFÍA PÉREZ MENDOZA. EL PAÍS.- El anuncio de Amber Rudd, ministra del Interior de Reino Unido, de empezar ya a tomar medidas para «frenar» la inmigración ha sido una de las guindas del pastel del congreso anual del Partido Conservador británico. Rudd concretó el martes que el Gobierno no esperará a que se complete el Brexit para endurecer las condiciones a las empresas para la contratación de trabajadores extranjeros. No descartaba, incluso, obligarles a hacer listas del número de empleados no británicos para que el Ejecutivo pueda controlar que «llenan vacíos» y no «asumen trabajos que podrían realizar los británicos».
La noticia, que por el momento no es más que un anuncio que la propia ministra tenido que matizar, se ha colado en muchos cafés de trabajo. Pablo Gutiérrez, periodista, lo ha comentado con sus compañeros de sección en The Guardian. En su departamento, 10 de los 30 empleados no son británicos. Diego Armunia, ingeniero industrial, ha hecho lo mismo con sus vecinos de mesa en una empresa de Cambridge.
Uno y otro se mudaron a Reino Unido con trabajo. No como Sara Morán, que ha ido pasando por un empleo precario tras otro. «He trabajado en hostelería durante cinco años y en pocos sitios he coincidido con ingleses», cuenta Morán. «Esos trabajos solo los aceptan los europeos».
Miedo a más precarización
Como a Armunia y Gutiérrez, le parece «imposible» que la política de control y trabas a la contratación de trabajadores inmigrantes se ponga sobre un papel. A pesar de ello, no puede evitar asustarse «un poco». Lleva dos años hipotecada –literalmente, pagando un préstamo al banco– para pagar sus estudios universitarios. Cada curso académico le cuesta 9.000 libras, unos 10.200 euros.
«Tengo expectativas y pienso en todo este esfuerzo… para luego no encontrar nada», dice al otro lado del teléfono. Teme que las políticas conservadoras «precaricen aún más» a personas y que disuadan a los que tienen planes de moverse a Reino Unido a hacerlo. En media hora tiene una entrevista de trabajo.
Se podrían contar hasta 102.498 historias diferentes, el número de españoles residentes en Reino Unido a fecha 1 de enero de 2016, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra incluye solo a las personas españolas que se han empadronado en su país de destino, pero hay muchas más, sostiene Marea Granate. No está, por ejemplo, Gutiérrez; ni tampoco Morán.
Para hacernos una idea, el colectivo calculó un desfase de hasta 40.000 personas en los datos de residentes aportados por el INE y el número real de españoles que migraron a Gran Bretaña en 2014.
Marea Granate considera que la medida, de hacerse realidad, es «absolutamente injusta e inservible» y ahonda en una dicotomía que inauguró el referéndum del 23 de junio, planteado en los términos de «inmigración sí, inmigración no».»Los más intolerantes con la inmigración se ven legitimados para expresarse porque se sienten de algún modo amparados por su Gobierno», afirman desde el colectivo. La ministra de Interior ha negado el miércoles en la BBC que los planes fueran «xenófobos».
Sara Morán, de 26 años, ha escuchado a compañeras en hostelería contar experiencias de racismo en su puesto de trabajo. «Un cliente dijo a una chica que por qué estaba ahí si no hablaba inglés, que no podía entender cómo podían contratarla». Armunia admite que la campaña que precedió a la votación «crispó mucho a la gente en contra de los extranjeros». «A veces vemos cosas sutiles, que ahora tal vez detectamos porque estamos más alerta», explica.
El Brexit «duro» de May
Amber Rudd se dirigió directamente a los empresarios en su discurso, a los que exigió «que no miren automáticamente al extranjero, donde el trabajo es más barato y quizás, a veces, menos eficiente». La intervención terminó de dibujar el nuevo perfil de los tories, más conservador que liberal, más intervencionista y menos aliado del sector empresarial. Las tensiones por las posibles consecuencias de estas intenciones ya se han dejado sentir entre las élites empresariales de la City, inquietas con el impacto financiero que pueda provocar el Brexit «duro» planteado por la primera ministra, Theresa May.
El desempleo en Reino Unido es menor del 5%, de manera «que el paro no puede ser una excusa para justificar este tipo de medidas antimigratorias», argumenta Marea Granate. En Gran Bretaña hay cerca de cinco millones y medio de población no británica, un 8% del total. El 5% son europeos, casi tres millones.
Los extranjeros se concentran especialmente en trabajos sin cualificación, según Marea Granate, pero también en sectores profesionales como el sanitario. Rodrigo Martín trabaja como enfermero en Southampton, donde recaló hace tres años tras no encontrar salidas laborales en España. En urgencias tiene seis compañeros españoles, diez portugueses, dos polacos, dos rumanos y un australiano. La sanidad pública británica no puede funcionar sin ellos.
