España se someterá este miércoles al Examen Periódico Universal de la ONU para evaluar el grado de cumplimiento de los Derechos Humanos en su territorio. La próxima legalización de las devoluciones en caliente, los avances en la investigación de las muertes del Tarajal, o los maltratos en los CIE, son algunos de los asuntos que deberá aclarar.
ELDIARIO.ES.- España se someterá este miércoles al Examen Periódico Universal que realiza Naciones Unidas para evaluar el grado de cumplimiento de los Derechos Humanos en su territorio, un control en el que tendrá que defender su política de devoluciones sumarias de inmigrantes en Ceuta y Melilla a petición tanto del Comité como de distintos países, entre los que figuran Reino Unido y Noruega.
El examen, que se realiza en Ginebra y al que se enfrenta España por segunda vez (la primera fue en 2010) tiene en cuenta el informe que elabora el Gobierno sobre los Derechos Humanos en España y los que remiten organizaciones de la sociedad civil, instituciones como el ACNUR o el Defensor del Pueblo y los relatores especiales de la ONU que hayan visitado el Estado en el periodo analizado.
Los informes remitidos a la ONU reflejan la situación hasta principios de 2014, por lo que no abordan la legalización de las devoluciones en caliente que emprendida en la recta final del año mediante una disposición adicional al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que modificará la Ley de Extranjería. No obstante, tanto el Comité de Derechos Humanos como diversos países han pedido expresamente a España explicaciones al respecto.
Es el caso de Noruega, que formula por escrito la siguiente pregunta: «¿Podría España explicar la compatibilidad entre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y el principio de no devolución, una parte consuetudinaria del Derecho Internacional, y con la actual legislación de la Unión Europea?».
Casi con la misma redacción está registrada la cuestión que plantea Reino Unido, en busca de una argumentación desde España que justifique «la compatibilidad de la nueva ley con el principio de no devolución, que constituye una parte consuetudinaria del Derecho Internacional, y con la actual legislación de la Unión Europea».
Desde República Checa, preguntan directamente al Gobierno de España si «considera la posibilidad de revisar el cumplimiento de las leyes de inmigración y sus propuestas de modificación, en particular de las disposiciones que permiten devoluciones sumarias de migrantes y refugiados sin el debido procedimiento, a la luz del principio de no devolución y la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes».
Sobreocupación en Ceuta y Melilla
No es la única pregunta del examen sobre este asunto. El Ejecutivo checo pide a España que explique «cómo va a garantizar la seguridad y unos estándares mínimos en las condiciones de los centros (de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Ceuta y Melilla», crónicamente superpoblados.
El informe elaborado por el Gobierno español, que nada decía de las devoluciones en caliente, reconoce que los CETI están «sobreocupados», expone que Ceuta y Melilla «están soportando en los últimos meses una extraordinaria presión migratoria, debida a los asaltos masivos a los perímetros fronterizos» y recuerda que la Comisión Europea había comprometido 10 millones de euros en «medidas de emergencia» en este sentido.
Con todo, la Ley de Seguridad Ciudadana no está en el objetivo sólo por la modificación de la de Extranjería. Reino Unido quiere saber «cómo se va a asegurar el Gobierno de España de que la nueva ley no se utilizará para prevenir o limitar protestas públicas legítimas a través de sus restricciones sobre dónde pueden producirse manifestaciones y multas por infracciones menores durante las mismas».
Suecia, en la misma línea, pide al Ejecutivo que argumente «qué medidas se han adoptado para asegurar que la nueva ley de Seguridad Ciudadana no limita en ninguna medida el ejercicio del derecho a la libertad de reunión».
Violencia policial, restricción sanitaria y asilo
Por otra parte, Alemania solicita explicaciones sobre la falta de elaboración del Reglamento de la Ley de Asilo, que debió entrar en vigor seis meses después de aprobada la normativa y que, seis años después, no ha visto la luz. «A Alemania le gustaría saber más sobre el estado actual del proceso de implementación y cómo el Gobierno de España está lidiando con la inseguridad jurídica que resulta de las disposiciones que faltan», dice la cuestión formulada.
El Gobierno holandés, además, se interesa por las denuncias de violencia policial sobre los migrantes. «¿Podrán las autoridades asegurar que todas las denuncias de tortura y otros tratos degradantes sobre inmigrantes irregulares son objeto de una investigación imparcial?», plantea.
Asimismo, aborda la situación de la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular después de que un Real Decreto de 2012 les retirase el acceso a la tarjeta sanitaria, y pregunta si las autoridades pueden «asegurar» que estas personas «tienen acceso al sistema de salud bajo la legislación española».
Eslovenia profundiza en el tema y pone el foco en los menores. Quiere que España de cuenta de los servicios que «aún están disponibles gratuitamente para los niños sin cobertura sanitaria» y que diga si existe un presupuesto nacional para «asegurar que los niños migrantes en situación irregular reciben servicios básicos de salud en España».
Las muertes de Ceuta y el maltrato en los CIE
España, cuya delegación estará encabezada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, según informa la ONU, no se enfrenta por sorpresa a estas cuestiones. El pasado mes de noviembre recibió un requerimiento del Comité de Derechos Humanos reclamando más información a partir de los reportes de la sociedad civil, las instituciones y los relatores especiales, como el del Comité de Prevención de la Tortura.
Así, solicitó al Gobierno por escrito «información sobre los avances en la investigación del caso de la muerte de 15 inmigrantes que fallecieron el 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal, en Ceuta» y se sirva de «comentar los informes sobre casos de malos tratos en los CIE y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades migratorias».
Además, le pidió explicaciones sobre la información «que da cuenta de abusos cometidos en el procedimiento de expulsión de extranjeros, en particular marroquís desde Ceuta y Melilla, y que muchas de las expulsiones ocurridas no cumplen con el procedimiento migratorio vigente en el Estado», sobre «procedimientos irregulares en la expulsión de niños no acompañados» y «las medidas tomadas para poner fin a los controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos».
