El Defensor del Pueblo denuncia la “escasa fiabilidad” de los datos del registro oficial
MARÍA MARTÍN / JESÚS A. CAÑAS. EL PAÍS.- El Defensor del pueblo pone en entredicho los números oficiales de menores extranjeros no acompañados. La Policía mantiene un registro para contabilizar el número de esos niños y adolescentes que hay en España, pero sus cifras son con frecuencia distintas a las aportadas por las comunidades que acogen a los menores. El Defensor lleva años alertando de la deficiencia de esta estadística; en su informe de 2019, presentado ayer, denuncia “la escasa fiabilidad de los datos” y la consecuente “imposibilidad de conocer el número de menores tutelados” en España.
El registro, coordinado por la Fiscalía desde 2011, es importante porque permite saber no solo el número de menores extranjeros tutelados en España, sino también información personal de cada uno de ellos, su situación administrativa o el centro de menores en el que vive. Según la propia Administración este registro “constituye uno de los instrumentos más eficaces de la protección del interés superior del menor extranjero” y es “la única fuente de información fidedigna y completa que logra la comprensión del fenómeno migratorio de niños”.
La crítica del Defensor viene acompañada de ejemplos para ilustrar “las deficiencias” de los datos. Según la fiscalía, en 2018 llegaron a España en patera 7.026 menores extranjeros no acompañados. Al sumar la llegada de estos niños y adolescentes a los que ya estaban acogidos con anterioridad, el registro oficial arroja una cifra de 13.796 nombres. La memoria anual del ministerio fiscal asegura que casi la mitad de ellos (6.294) se encontraban tutelados por la Junta de Andalucía.
El número no coincide, sin embargo, con los 7.783 nuevos chavales que la Junta de Andalucía sostiene que acogió ese año, como consta en el informe anual de 2018 del Defensor del Pueblo Andaluz. Según las cifras andaluzas, por tanto, la región asumió ese año más nuevos menores de los que llegaron en patera a toda España. La diferencia podría explicarse si Andalucía hubiese acogido a casi 1.500 menores llegados por otros medios (no en patera), como bajos de camiones, pero las fuentes consultadas consideran el desfase demasiado grande.
El Defensor llama la atención a continuación sobre el número de menores que a 31 de diciembre de 2018 se encontraban atendidos en el sistema de protección andaluz: apenas 2.290. “La primera conclusión, tras el contraste de estos datos, es que miles de menores extranjeros no acompañados abandonan anualmente el sistema de protección sin que se pueda establecer con claridad las causas de este masivo abandono o, lo que es más preocupante, su paradero”, afirma.
EL PAÍS también ha podido comprobar en varias ocasiones la disparidad de cifras respecto a este colectivo. La última, el pasado 20 de abril, cuando el Ministerio del Interior informó del número de menores extranjeros actualizado por comunidades autónomas. Según ese registro, Andalucía acogía a 30 de marzo a 3.714 menores. Esa cifra dista de la ofrecida por la Junta, que en este caso rebaja sus números a apenas 1.689 chavales. Tampoco cuadran las cuentas en Ceuta, donde según el registro oficial hay 777 menores, pero según la ciudad autónoma hay 404. Ni en Cataluña donde el registro sitúa 1.870 chavales, pero la Generalitat asegura que hay 4.258. Ante la disparidad, un portavoz de Interior mantuvo que su estadística es “rigurosa y exhaustiva”.
Michel Bustillo, responsable de la ONG Voluntarios por Otro Mundo que atiende a estos jóvenes cuando cumplen la mayoría de edad, es testigos de las deficiencias del registro. “De los 50 niños que he atendido entre 2018 y 2019, el 70% tenía problemas, bien porque no estaban reseñados o bien porque estaban mal registrados”, explica. “Durante esos años, especialmente, las reseñas han sido deficientes. En muchas ocasiones he tenido que llevar yo a los chicos a la comisaría para que se les registrase y se tomasen sus huellas por primera vez”.
La calidad del registro depende de la coordinación de todos los agentes involucrados en la protección de los menores. Si la policía no reseña al menor nada más llegar son los centros de acogida los que tienen que comunicar a las comunidades autónomas cada uno de los residentes que entra y que se marcha y las comunidades, a su vez, transmitir la información a la Policía para que actualice la base de datos. “Las constantes quejas recibidas y las significativas carencias, reiteradamente comprobadas por esta institución en las actuaciones que realiza, deberían llevar a una revisión urgente del funcionamiento del citado registro”, advierte el Defensor.
El fiscal jefe de la Sala de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, defiende que el sistema funciona “bien”, pero admite que puede mejorar. Covisa achaca las posibles deficiencias del registro a que no todos comunican correctamente la información. “Claro que hay que mejorarlo, sobre todo los que están obligados a facilitar los datos y no los dan. Si el niño se ha escapado y no lo hacen constar será imposible la corrección. La Policía solo puede gestionar el registro si recibe la información precisa y eso es una batalla constante”, afirma.
Subvenciones en función de las cifras
Con el registro oficial de menores inmigrantes en la mano, el Gobierno repartió en octubre de 2018, en pleno auge de llegadas de pateras, 40 millones de euros entre las comunidades para compensar el aumento de plazas puestas a disposición de este colectivo. Andalucía se llevó cerca del 70% de la subvención. Mientras, Madrid, que se quedó sin financiación, y Cataluña, que recibió solo dos millones de euros, denunciaron que los números no eran fieles a la realidad de sus saturados centros de acogida.
