El trato a los inmigrantes que recalan en Ceuta y Melilla es el principal foco de las críticas de un comité de las Naciones Unidas. El informe también denuncia la ausencia de un «marco normativo e institucional adecuado» y algunas prácticas policiales
JAVIER MARTÍNEZ. INFOLIBRE.- El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU, órgano encargado de velar por el respeto y correcta aplicación de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, publicó el pasado viernes sus conclusiones tras un análisis a fondo de las políticas españolas en materia de racismo. El organismo expresa su preocupación en torno a varias cuestiones que, a su juicio, constituyen un déficit de la lucha contra la discriminación racial en el país. Entre ellas, las devoluciones en caliente desde Ceuta y Melilla, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), las muertes del Tarajal, el uso de perfiles étnicos por la Policía y la ausencia de una legislación efectiva, entre otros temas.
La frontera entre Ceuta y Melilla y Marruecos sigue siendo un punto negro en materia de derechos humanos para el historial de España, según la ONU. El comité denuncia las devoluciones sumarias de inmigrantes desde las dos ciudades autónomas –las llamadas devoluciones en caliente–, un procedimiento autorizado por la Ley de Seguridad Ciudadana. El comité solicita que se revise esta enmienda para garantizar “el acceso a procedimientos de asilo a todas las personas susceptibles de protección internacional (…) incluyendo una evaluación individualizada en cada caso, así como la garantía de protección frente a la devolución sin discriminación”.
El organismo es muy crítico con los hechos acaecidos en El Tarajal. Quince inmigrantes murieron intentando acceder a Ceuta por su espigón fronterizo. La causa fue archivada en octubre de 2015 al no detectar la jueza indicios de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes por parte de los guardias civiles imputados. El comité de la ONU llama a investigar el caso “de manera pronta, eficaz, completa y transparente”. La magistrada admitió que el sobreseimiento era “provisional”, al estar la justicia española a la espera de que Marruecos envíe los resultados de la autopsia a los fallecidos.
El informe también llama a acabar con la existencia, en muchas comunidades autónomas, “de las escuelas gueto, las cualesconcentran un alto número niños migrantes y gitanos”. Se anima en este sentido al Estado a adoptar “políticas educativas efectivas que aseguren la distribución equitativa de los estudiantes, con el fin de poner fin al fenómeno.
Legislación insuficiente
La crítica al marco normativo e institucional es una constante en estas observaciones por insuficiente e inadecuado. El CERD solicita que se apruebe el Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación –remitida al Congreso para su tramitación por el Gobierno de Zapatero– y que se reforme el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial, que a su juicio carece de independencia y de recursos. Por otro lado, cuestiona que el Gobierno no recoja los datos necesarios para diseñar políticas efectivas contra la discriminación racial, tales como los datos desglosados sobre la composición étnica de la población española, los incidentes racistas registrados y los casos judicializados.
Acorde con el ‘informe sombra’
En una nota de prensa, la organización Rights International Spain (RIS) se congratula de que el informe del comité de Naciones Unidas “recoge en buena medida” las preocupaciones y las recomendaciones de su llamado informe sombra, que ya denunciaba las lagunas del Estado español con respecto al racismo y que fue remitido al organismo. Su objetivo, según RIS, es “complementar todo aquello que el Gobierno español ha silenciado en sus respuestas al listado del Comité de Derechos Humanos de la ONU”.
