La nueva partida sale del fondo de contingencia de los Presupuestos, destinado a gastos no previstos, y se suma a los 140 millones de euros ya prometidos por la Unión Europea
MARÍA MARTÍN. EL PAÍS.- El Gobierno en funciones aprobará una partida de 30 millones de euros para ayudar a financiar el despliegue de las autoridades marroquíes para frenar la inmigración irregular. El importe es una inyección económica directa al Reino de Marruecos y se suma a los 140 millones ya comprometidos por la Unión Europea. Las renovadas relaciones con los marroquíes han contribuido a que este año la inmigración irregular haya caído casi un 27% respecto al año anterior, cuando se registró un número de llegadas sin precedentes, según datos del Ministerio del Interior a 15 de julio.
Esta nueva partida debe aprobarse este viernes en el Consejo de Ministros y saldrá del Fondo de Contingencia de los Presupuestos, un mecanismo para atender gastos imprevistos como catástrofes naturales, pero al que también se recurre para financiar operaciones militares en el extranjero. En esta ocasión, el dinero servirá para sufragar parte de los «gastos incurridos por las autoridades marroquíes en sus actividades de colaboración con España y toda la Unión Europea en la vigilancia de fronteras y en la lucha contra la inmigración irregular que tiene como destino las costas españolas», reza el documento que justifica este suplemento de crédito en beneficio del Ministerio del Interior. Estos gastos incluyen, entre otros, combustible, mantenimiento de los equipos de patrullaje, terrestres y marítimos, dietas e indemnizaciones operativas del personal.
Hace menos de dos semanas España aprobaba, también en el Consejo de Ministros, una licitación de 26 millones de euros para comprar y entregar a Marruecos un lote 750 vehículos, 15 drones, decenas de escáneres, radares y otro equipamiento técnico para el refuerzo del control de sus fronteras. Esta partida sí se incluía en los 140 millones negociados con la UE y se corresponde con una parte de ese presupuesto (40 millones) que tiene que gestionar España a través de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
Tanto España como la Unión Europea llevan desde el año pasado buscando fórmulas económicas para un Marruecos que se comparaba con países como Libia y Turquía, convertidos en aliados europeos contra la inmigración a golpe de talonario. Marruecos, sin embargo, mantiene en público que su esfuerzo es «unilateral» y por «responsabilidad». Así lo manifestó el director de Migración y Vigilancia de Fronteras marroquí, Khalid Zerouali, en una reciente entrevista con EL PAÍS. «Marruecos nunca ha puesto la financiación como requisito previo», aseguró. Zerouali, por otro lado, consideró «un buen inicio» los 140 millones de euros europeos y dejó entrever que en sus futuras conversaciones en Bruselas se establecerá la compensación que Marruecos considería deseable. Sobre la mesa de los 28 está la propuesta de consolidar un cheque plurinanual para el país magrebí.
La aprobación de esta partida se enmarca en la estrategia de cooperación con terceros países, «eje esencial y transversal de la política migratoria española». Desde el año 2006, coincidiendo con la llegada en cayucos de miles de personas a las islas Canarias, España envía recursos materiales y económicos a países como Mauritania y Senegal, que en aquel momento eran el punto de partida de la inmensa mayoría de migrantes que se lanzaban al Atlántico. Los sucesivos gobiernos consideran esta estrategia un éxito pues prácticamente consiguió cerrar la ruta migratoria a las islas. Esa cooperación económica está contenida en un programa de seguridad ciudadana del presupuesto de la Secretaría de Estado de Seguridad y está dotado con algo más de 14 millones de euros, menos de la mitad de lo que se entrega ahora a Marruecos.
