El Defensor del Pueblo y tres ONG de rescate piden al Gobierno que busque alternativas y recuerdan que el país magrebí no es un lugar seguro
MARÍA MARTÍN / RAFA BURGOS. EL PAÍS.- El Gobierno mantiene su decisión de dejar en manos de las autoridades libias el destino de 12 migrantes (incluidos dos menores) que fueron rescatados el pasado jueves en aguas internacionales por un pesquero español. El Defensor del Pueblo pidió a Exteriores que estudie la posibilidad de permitir su desembarco en España “por cuestiones humanitarias” y recordó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no considera Libia un puerto seguro para los migrantes. Tres organizaciones dedicadas al rescate en el Mediterráneo también rechazaron la entrega de los náufragos a Libia.
La Vicepresidencia del Gobierno, que comanda las negociaciones con las autoridades libias para que asuman a los rescatados, defiende que Libia, por ser el puerto más cercano, es el más seguro. La legislación define como puerto seguro aquel al que se puede llegar, permanecer y abandonar sin que el buque corra peligro.
“No se trata solo del riesgo que corra un barco, estamos hablando de personas. De devoluciones en caliente. Son náufragos que deben ser desembarcados cuanto antes en un puerto seguro y Libia no lo es”, denuncia Ricardo Gatti, jefe de misión a bordo del Open Arms, cuya tripulación ha prestado asistencia médica y comida al pesquero Nuestra Madre Loreto, con base en Santa Pola (Alicante). La Organización Marítima Internacional, que regula las actuaciones en las zonas de rescate, advierte de que los Estados deben “respetar los principios relativos a la protección internacional”. Estos incluyen la no devolución de refugiados o solicitantes de asilo a territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión o nacionalidad.
La postura del Gobierno supone un giro en su pólítica ante las operaciones de rescate de migrantes en el Mediterráneo Central, donde en lo que va de año han muerto más de 1.277 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Desde que decidió acoger el Aquarius en junio, con 630 personas a bordo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ofrecido en tres ocasiones más un puerto seguro en España, aunque cada vez con menos entusiasmo.
La falta de consenso sobre qué hacer con los rescatados ante la política de puertos cerrados de Malta e Italia ha llevado al Gobierno a buscar salidas negociadas con sus socios europeos. El 15 de agosto, el presidente Sánchez se felicitaba por haber liderado un pacto por el que se consiguió que Malta aceptase el desembarco de 141 náufragos rescatados por el Aquarius y que seis países de la UE asumiesen su acogida.
La situación en el Nuestra Madre Loreto se vive con agonía. La Vicepresidencia reconoce que la situación del pesquero, que afronta un temporal, es de “serio riesgo”, pues el número de personas a bordo duplica su capacidad. El barco, de 24 metros de eslora, está a 100 millas de Trípoli y a 120 de Malta, aguardando a que se decida su hoja de ruta en un despacho. Al cierre de esta edición, la Embajada española en Trípoli esperaba aún una respuesta de las autoridades libias. Las organizaciones de rescate Proactiva Open Arms, Sea-Watch y Mediterránea han pedido al Gobierno español que exija a Italia y a Malta que abran sus puertos al barco. La Generalitat valenciana ha ofrecido sus puertos para recibir a los migrantes.
La tripulación está “muy ocupada capeando el temporal y preocupada por los chicos”, contó Vicente Sampere, segundo patrón del barco. “No están acostumbrados a la mar y están muy mareados, no paran de vomitar”. Su propósito era virar hacia el norte para continuar faenando. “Y después refugiarnos y repostar, porque solo nos queda comida y gasóleo para seis días”, afirma Sampere.
De momento, maniobran para quedarse en el mismo sitio. En el pesquero no cayeron bien las palabras del ministro de Exteriores, Josep Borrell, que dijo este martes que la situación del barco “no es de emergencia”, pues “siguen faenando y las personas que tienen a bordo están atendidas”.
“Hemos dejado de faenar para no poner en riesgo la seguridad de estas personas”, defendió el patrón Pascual Durá. Él no es partidario de entregar los migrantes a los libios y, aunque ello supondría un perjuicio económico enorme, está dispuesto a llevarlos a un puerto español.
