Se reciben más de 3.500 solicitudes por semana, con Venezuela y Colombia a la cabeza
MARÍA MARTÍN. EL PAÍS.- Récord europeo de solicitudes de asilo. España suma, por primera vez, más peticiones de refugio que cualquiera de los socios comunitarios, según los datos oficiales de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. La profunda crisis en Venezuela y la violencia que se extiende por varios países de Centroamérica y Colombia han disparado los números en los tres últimos años hasta las 118.000 solicitudes en 2019. En el arranque de 2020, las cifras escalan hasta las 3.500 peticiones semanales. Pero solo el 5% de esas peticiones acaban siendo reconocidas: España está a la cola de Europa, con cifras parecidas a las de Hungría y muy lejos de la media de la UE (30%).
El drama de los viajes en patera copa los telediarios, pero otro fenómeno —más silencioso— llega a través de los aeropuertos y es uno de los principales desafíos migratorios de España: son los solicitantes de asilo, personas que buscan refugio tras huir de la violencia o de la persecución. En los despachos de las autoridades españolas se siguen con atención las estadísticas que llegan cada semana de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. Las cifras provisionales, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, reflejan una evolución de vértigo en España. En noviembre de 2019 se batieron récords con la llegada de más de 3.600 personas por semana. Y en el arranque de 2020, la tercera semana de enero registró más de 3.700 solicitudes.
Se abre así un escenario inédito. España no alcanzó cifras similares ni siquiera en 2015, cuando la guerra siria empujó de golpe hacia Europa a más de un millón de refugiados. Aquel año Alemania recibía casi 500.000 solicitudes de asilo; España no llegó a 15.000. El máximo histórico se alcanzó en 1993, en el contexto de la guerra de los Balcanes.
Los cambios de las macrotendencias migratorias nunca tienen una sola explicación. El cóctel de factores que ha hecho que España lidere la recepción de potenciales refugiados comienza en el Mediterráneo, pero las causas hay que buscarlas también en las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a las caravanas de centroamericanos y, sobre todo, en relación con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Los acuerdos de la UE con Libia y Turquía para contener las rutas hacia Italia y Grecia han desplazado la presión migratoria hacia España. Pero han sido la crisis en Venezuela y la violencia de las pandillas en países como El Salvador y Honduras las que han llevado a decenas de miles de personas a pedir refugio en España, por los lazos históricos, culturales y lingüísticos con América Latina. “Hablar de asilo en España es hablar de Latinoamérica”, advierte Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora del think tank barcelonés CIDOB.
Buena parte de los actuales solicitantes en España provienen de Venezuela (35%), Colombia (25%), Honduras (5,8%), Nicaragua (5%) y El Salvador (4%), un perfil muy diferente del de los sirios, afganos o iraquíes que llegan a Alemania, Grecia y Francia. “La mayor parte de los solicitantes de asilo en España no huye de una guerra en el sentido tradicional, sino que huye de violencias estructurales”, sostiene Garcés-Mascareñas.
A Luis Fernando, un diseñador colombiano de 23 años que trabaja en una ONG, lo sacaron de Cali en 2017 a fuerza de extorsión. Una tarde recibió una carta —“los famosos panfletos”— en su casa. “Es un comunicado que envían los paramilitares a mucha gente; políticos, periodistas, líderes sociales, voluntarios de ONG, funcionarios, abogados… Me dejaron claro me consideraban un objetivo militar”, recuerda. “Andaba emparanoiado, no me atrevía a salir a la calle y dejé de trabajar”.
Acabó pidiendo dinero a los prestamistas —“un Cofidis a lo bestia, controlado por grupos armados”—. Cercado por las amenazas de unos, la presión de otros y la ausencia de un Estado que lo protegiese, se marchó y acabó en Madrid en mayo de 2019. “Aquí hay una paz tremenda”, celebra.
“Es muy probable que el ritmo de solicitudes continúe así, teniendo en cuenta la situación en Venezuela, Colombia o Centroamérica”, prevé la representante de Acnur en España, Sophie Muller. Aunque el Defensor del Pueblo alerta desde hace seis años de que hay que reforzar el sistema, estos números han cogido a España con el pie cambiado: la red de acogida y la gestión de expedientes era obsoleta y sigue siendo insuficiente. “La Oficina de Asilo está en una situación lamentable”, reconoció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al asumir el cargo en 2018. La Oficina, aunque reforzada, continúa al borde del colapso: resuelve los expedientes más rápido que nunca, pero cerró el año con 120.000 solicitudes pendientes. España, que ahora solo concede un 5% de las peticiones, se ha colocado a la cola de Europa, donde se otorgan de media el 30%. Ese 5% es similar a los números de Hungría, con un Gobierno ultra abiertamente antinmigración.
Casos que deberían ser reconocidos o rechazados en seis meses tardan año y medio en España. Las plazas de acogida que gestiona la Secretaría de Estado de Migraciones tampoco son suficientes. Decenas de familias estarían durmiendo en las calles de Madrid si no fuese por la solidaridad de párrocos, activistas y vecinos.
Salvavidas temporal
El embudo y la falta de alternativas para establecerse de forma legal en España han convertido el sistema de asilo en un salvavidas temporal para los extranjeros que no son reconocidos como refugiados. Mientras se gestionan los expedientes, los solicitantes no pueden ser expulsados y a los seis meses se les permite trabajar.
La reforma del modelo de atención a los refugiados es una prioridad de la UE. La negociación se juega en un tablero en el que el sentimiento antinmigración se extiende en varios países. Los socios del norte exigen más control, mientras que los países de entrada (España, Italia y Grecia) piden solidaridad para repartirse el peso de la presión migratoria. “La postura de España se basa en una responsabilidad razonable de los socios, no en el increíble desequilibrio actual, que deja toda la carga en manos de los países mediterráneos”, explican fuentes diplomáticas. Bruselas trabaja en un sistema de “solidaridad obligatoria” para que haya una recolocación de los refugiados entre una masa crítica de países, añaden fuentes comunitarias. Ese acuerdo no está cerca.
En paralelo, el nuevo modelo para gestionar la llegada de solicitantes de asilo será más duro para descartar y deportar más rápidamente a los llamados inmigrantes económicos. “En esta negociación, el Gobierno español puede ejercer un papel de liderazgo estableciendo unos estándares de calidad y diseñando un procedimiento de asilo justo y ágil que permita determinar con rapidez quiénes necesitan protección internacional y quiénes no”, plantea Sophie Muller, la representante de Acnur en España. En este pulso europeo entre el control de fronteras y la protección, España prepara su nueva ley de asilo. Fue a cuenta de esta ley, y del endurecimiento del discurso del ministro del Interior en materia migratoria, por lo que el PSOE y Podemos escenificaron las primeras tensiones en el Ejecutivo hace unos días. Las propuestas de Interior siguen la senda restrictiva de Europa. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, proponía restringir el acceso al asilo a los extranjeros que estuvieran en centros de internamiento e incluye nuevos motivos para denegar solicitudes.
Con información de Julia F. Cadenas.
DEJAR A LOS HIJOS EN LA CIUDAD MÁS VIOLENTA DEL MUNDO
Flor Cárcamo se siente como Alicia en el país de las maravillas cuando camina por las calles de Madrid tras dejar San Pedro Sula (Honduras), donde ha vivido los últimos 31 años de su vida. Hace nueve meses dejó a sus dos hijos —de tres y cinco años— con lo que queda de su familia, que aún resiste en la segunda ciudad más poblada de Honduras, la más violenta del mundo.
Su relación con la violencia ha sido algo tan cotidiano que la vivía hasta con cierta naturalidad, como si fuera algo inevitable. Hasta que hace ocho años mataron a uno de sus nueve hermanos, de 29 años, cuando unos pandilleros intentaban reclutarle. La policía forense encontró su cuerpo una semana después. Pasaron tres años y Flor perdió a otro, de apenas 20 años. Nunca encontraron el cadáver.
Se puso a investigar. Ya ataba cabos cuando ocurrió algo que la detuvo: la llamada de una vecina. “Andan unos hombres encapuchados en un carro persiguiendo a tu niña”. Flor tiene otra hija a la que los pandilleros llevaban semanas esperando a la salida del colegio. Hacían siempre lo mismo: le enseñaban fotos de sus dos tíos muertos y de su madre. Con ello, trataban de mandar un mensaje a Flor a través de su hija de 10 años.
Comenzó a tramitar los documentos y a buscar coyotes (traficantes de personas) para llevar a su hija hasta la frontera con Estados Unidos, donde vive el padre. Dejó su trabajo en una fábrica de camisetas y dedicó todo su tiempo a protegerla hasta que llegara la fecha del viaje. 14 días, cinco coyotes, seis coches y 12.000 dólares después, llegaron juntas a la frontera. Madre e hija se separaron cuando le cedió la potestad a un padre al que la niña solo conocía a través de videollamadas.
De vuelta en San Pedro Sula, la situación no mejoró. Se decidió a denunciar las amenazas que había sufrido; no pasó nada. La guerra entre las pandillas que controlan cada manzana de su barrio se intensificó. Dos de sus hermanos se marcharon a México, otro se unió a una de las caravanas hasta Estados Unidos. La violencia marcaba el ritmo de su familia y acabó por marcar también el suyo. Y se decidió. Por sus hijos.
Su cuñada vive en España y la animó. Pocos meses después se subía a un avión hacia el aeropuerto de Madrid-Barajas. Pero no pidió asilo inmediatamente. Tenía miedo de que no la creyeran y la deportaran. Se instaló con la mujer de su hermano asesinado y consiguió un trabajo cuidando ancianos. Ahora ha cambiado de opinión porque las noticias que le llegan desde San Pedro Sula no son buenas: quiere traer a España a sus hijos antes de que las pandillas intenten reclutarles.
“Están creciendo”. A Flor se le trunca la voz por primera vez y retira una lágrima en un gesto rápido. No quiere sentimentalismos: quiere contar los hechos. El 22 de enero obtuvo cita para solicitar asilo y le contó esta historia a un policía. El agente, muy profesional, le preguntó por qué había tardado siete meses en hacerlo y por su elección por España. “Este es el país de las maravillas”, contestó.
OBLIGADO A HUIR POR NEGARSE A ACEPTAR UN SOBORNO
Trabajar en prisión nunca ha sido algo fácil. Menos si se trata de La Picota, una de las cárceles más importantes de Colombia. En este centro se recluye a los grandes capos de la droga del país. Detrás de esas paredes estaba Fernando Bernal (Bogotá, 38 años) que se encargaba del mantenimiento del sistema de videovigilancia. Su labor era solamente técnica, sin riesgo. Pero eso cambió con una petición indiscreta de los guardias: “Necesitamos que borre las grabaciones [de las cámaras]”. Su negativa vino acompañada de ataques físicos, amenazas y su eventual huida del país. Ahora, tres meses después de llegar a España, espera que se le otorgue asilo, aunque es consciente de que la solicitud cruzará un laberinto burocrático del que cree que no saldrá en mucho tiempo.
Bernal ha vivido en un año lo que muchos no experimentarán en toda una vida. Nada revela en este hombre los sinsabores de los últimos meses. Cabello peinado hacia atrás con gomina, camiseta roja, cazadora gris y unos vaqueros. Su seriedad es contagiosa. No es para menos, ha pasado de tener una vida estable —con un grado en telecomunicaciones, esposa, un hijo en la universidad y un sueldo aceptable— a dormir en la calle en el invierno madrileño. Y, si corre con suerte, en una cama de los centros de la campaña municipal contra el frío.
A pesar de todo, nada se compara a esas semanas de tensión antes de salir de Colombia. Los guardias de seguridad de La Picota —cuyo director fue detenido en 2018 tras haber recibido un soborno de 5.000 euros de un interno— perdían la paciencia tras sus negativas. Más de una vez algún desconocido lo interceptó en la calle con un mensaje: “Piénselo bien, o lo vamos a desaparecer”. Decidió salir del país tras ser apuñalado en el brazo izquierdo. No quedaba otra opción.
Las amenazas se extendieron a su familia, que tuvo que refugiarse en casa de sus suegros después de que unos desconocidos encañonaran a su hijo cuando salía de la universidad. “Mándale saludos a tu padre”, fue el mensaje que le dieron. El recuerdo estremece su voz. Entrelaza sus manos y se acomoda en la silla del patio de la parroquia madrileña de San Carlos Borromeo, punto de encuentro de otros solicitantes de asilo en la capital española. Su familia continúa en Colombia. No salen de casa. Su esposa cubre los gastos gracias al dinero de sus suegros y a los pesos que gana vendiendo licor. Su hijo ha dejado los estudios. No encuentra la frase exacta para expresar lo que siente: “Ha sido muy duro”.
Todo esto sucede a miles de kilómetros desde donde a Bernal solo le queda la impotencia de no poder apoyarlos económicamente. Cuando llegó a Madrid, pidió empleo en tiendas de alimentación, pero no tuvo éxito por carecer de papeles. Sus ahorros solo alcanzaron para pagar el alquiler de una habitación de Alcobendas las primeras semanas. Ahora tiene cero euros en la cuenta. Pasó el día de San Valentín en una comisaría tramitando su solicitud de asilo. Y ahora espera que su suerte cambie.
DOS AÑOS DE PERMISO PARA LOS VENEZOLANOS
España solo otorga protección al 5% de los solicitantes de asilo. Es una tasa próxima a la de Hungría, donde se ha impuesto el discurso antirrefugiados, y está muy lejos de la media europea del 30%. Ese número tan bajo se explica, por un lado, porque a la inmensa mayoría de los venezolanos que pide asilo les deniegan su solicitud por no cumplir los requisitos para convertirse en refugiados. La negativa no les permite beneficiarse de los permisos permanentes para residir y trabajar en España y del sistema diseñado para ayudarles en su integración social y laboral, pero sí reciben un reconocimiento especial, que se niega a otras nacionalidades. El Gobierno decidió hace un año conceder a los venezolanos que han visto denegadas sus solicitudes desde 2014 un permiso de residencia y trabajo de hasta dos años por razones humanitarias. Esta autorización solo puede obtenerse formalizando una solicitud de asilo: esta fórmula elegida por el Gobierno sirve también para explicar el enorme aumento de peticiones de este colectivo en los últimos meses. “Otro de los motivos es la mirada restrictiva de nuestras autoridades para conceder asilo a víctimas de las maras, procedentes principalmente de El Salvador y Honduras”, denuncia la directora de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán. “Estos perfiles merecerían también algún tipo de protección”.
