El Defensor del Pueblo denuncia la activación del protocolo de auxilio marítimo para expulsar migrantes desde los islotes de soberanía española
LAURA J. VARO / MARÍA MARTÍN. EL PAÍS.- El Gobierno entregó a Marruecos el pasado 3 de enero a 42 personas que habían desembarcado en el archipiélago de Chafarinas, un conjunto de tres islas de soberanía española. El grupo, en el que había 26 mujeres y dos niños, llegó en bote a la isla del Congreso y permaneció varias horas en tierra hasta que la Guardia Civil acudió para subirlos a su embarcación. Esta vez no se les llevó a Melilla, como se había hecho en ocasiones anteriores, sino que fueron transbordados a un barco de la Marina Real que los llevó al puerto marroquí más cercano. El Ejecutivo se refirió a aquella operación como un “rescate” marroquí, pero cinco meses después, el Defensor del Pueblo ha concluído que esa intervención fue una devolución en caliente.
Según la institución, “la devolución expeditiva de los inmigrantes no respeta la legislación en materia de extranjería y del Convenio de Ginebra sobre los refugiados”. Los detalles de la operación que ahora reseña el Defensor fueron deliberadamente omitidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que negociaba en aquel momento su investidura. En un único comunicado, la Delegación del Gobierno de Melilla se refirió al episodio como un “rescate” por parte de las autoridades marroquíes y omitió que los migrantes estaban en territorio español. Tampoco hizo mención a la participación de los agentes españoles. Tras una solicitud a través del portal de Transparencia, el Ministerio del Interior empleó casi dos meses en ampliar la información, fuera de plazo, y volvió a omitir que fue la Guardia Civil quien entregó el grupo a los marroquíes. Su papel se limitó, según Interior, a “la coordinación del rescate”.
Fuentes del Instituto Armado confirman que fueron los agentes españoles quienes los embarcaron en un operativo de dos horas que finalizó con su traslado a la patrullera marroquí en dos viajes. La intención detrás de la devolución era cerrar la ruta hacia las islas, que llevaba semanas en auge. Así lo confirmaba el comunicado que se refería al “rescate marroquí”.
Entre los migrantes, cubiertos con plásticos para protegerse del frío, había 26 mujeres, algunas enfermas, y dos niños de tres y cuatro años, según la ONG Caminando Fronteras, que denunció el caso. Mujeres y niños son considerados especialmente vulnerables a la trata, lo que impide que sean inmediatamente expulsados del territorio y les garantiza protección. Nadie entre los rescatados recibió asistencia médica, asesoramiento jurídico o tuvo posibilidad de pedir asilo antes de su devolución.
La Guardia Civil defiende que su actuación está respaldada por el convenio internacional de búsqueda y salvamento marítimo (SAR), que considera náufragos a personas en peligro en el mar, pero también en zonas de costa deshabitadas y de difícil acceso. Tras un rescate, los náufragos deben ser trasladados al lugar seguro más cercano. En este caso, se consideró que era el puerto de Cabo de Agua, a dos millas náuticas, en Nador. Esta decisión supuso un cambio de criterio pues menos de una semana antes, otro grupo de migrantes fue a la isla de Isabel II, el único islote habitado del archipiélago de Chafarinas, a menos de una milla de distancia.
Testigos militares
A principios de marzo, cuatro días antes de que se decretase el estado de alarma, se registró un episodio similar, esta vez en el conjunto de islotes de soberanía española frente a la costa de Alhucemas. Según informó Caminando Fronteras, en la madrugada del día 10 de marzo llegaban a la Isla del Mar 12 personas, entre las que habría dos embarazadas. Todas acabaron en Marruecos. Según la versión oficial, no fueron atendidas por las autoridades españolas, pese a que se avisó de su situación.
El Ministerio de Fomento, del que depende Salvamento Marítimo, confirmó entonces que el grupo llegó a tierra, suponiendo que debió ser atendido por los militares. Según un portavoz de Defensa, “los militares españoles presenciaron cómo los marroquíes hablaban con los migrantes y después cómo se subieron a la embarcación”. La narración choca con la versión de los supervivientes, según la activista Helena Maleno, que dirige la ONG Caminando Fronteras: “Los mensajes escritos nos decían que los militares españoles les habían entregado a los marroquíes”. El portavoz rechazó aclarar detalles del episodio.
Las devoluciones en caliente están recogidas en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, pero se refieren únicamente a los realizados en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla mientras [los inmigrantes] “intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera”. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado febrero, que absolvió a España de haber violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos con la expulsión de dos subsaharianos que sortearon la valla de Melilla en 2014, también se refiere a circunstancias concretas. El fallo concluye que los inmigrantes se colocaron ellos mismos en una situación ilegal al intentar entrar en España por un lugar no autorizado aprovechándose de ser un grupo numeroso y usando la fuerza.
