El Correo.- El Gobierno autorizó en el primer semestre de 2020 operaciones por valor de 22.544 millones, el volumen más alto jamás alcanzado por esa industria en el país, que se consolida como el séptimo mayor exportador mundial de armamento
Cuesta creerlo en un escenario cambiante como el actual, pero hay una empresa en el municipio guipuzcoano de Andoain, encajonada entre el río Oria y a la A-1, que ya se dedicaba a la fabricación de armamento hace cinco siglos, cuando los montes rezumaban mineral de hierro y España era el gendarme del mundo. Como no podía ser de otra forma, la producción se ha adaptado a los tiempos y hace ya mucho que dejó de montar arcabuces, escopetas y espingardas para centrarse en transmisiones para carros de combate, sistemas de propulsión de artillería pesada y equipos antiaéreos. 220 trabajadores se ganan allí la vida; profesionales cualificados en un sector sometido a constantes evaluaciones y auditorías, reacio siempre a hablar de sí mismo.
La guipuzcoana Sapa Placencia es una de las 528 empresas recogidas en el Catálogo de la Industria Española de Defensa, donde tienen cabida desde pymes (el 85% de las compañías inscritas) hasta grandes consorcios como Maxam, Navantia, Santa Bárbara Sistemas, Indra o Airbus, el gigante aeronáutico que lo mismo construye el mayor avión de pasajeros del mundo que cazas de combate. Un sector que nunca ha gozado de muchas simpatías entre la opinión pública, pero que demuestra un excepcional dinamismo y rentabilidad -7.156 millones de euros de facturación, calcula la asociación española de empresas tecnológicas TEDAE, donde las líneas de negocio, de uso civil o no, a menudo se solapan- y que emplea a cerca de 100.000 personas en aeronáutica militar, defensa terrestre y naval, y seguridad.
Lo saben muy bien en Trubia, a las afueras de Oviedo, donde el último megacontrato ha devuelto la alegría a los vecinos: 348 unidades del blindado VCR 8×8 Dragon que permitirá aumentar la plantilla hasta los 938 empleados, un 50% más de los que ya tenía esta fábrica que opera de la mano de Santa Barbara Sistemas. O en San Fernando (Cádiz), donde se trabaja en un buque patrullero para Marruecos y en tres de las cinco corbetas vendidas a Arabia Saudí y aún pendientes de entrega, lo que garantiza este año la carga de trabajo. No es de extrañar que su alcaldesa, la socialista Patricia Cavada, haya admitido con anterioridad que ninguna empresa del municipio requiere tanta mano de obra como Navantia «y es ahí donde hay que poner toda la carne en el asador».
Expal en Vitoria (explosivos), Instalaza en Zaragoza (desde armas de infantería a dispositivos de visión nocturna), Leonardo Hispania en Valencia (especialistas en torretas de control remoto que se equipan con ametralladoras o lanzagranadas)… son distintas versiones del mismo relato.
Eurofighter al rescate
El negocio de las armas tiene su principal aliado en las exportaciones, donde España juega un papel preeminente desde hace dos décadas. Así lo demuestra la Feria Internacional de Defensa y Seguridad que, con permiso de la pandemia, acogerá nuestro país por segunda vez este próximo noviembre y en la que se espera la visita de 20.000 profesionales. Para muestra un botón: durante el primer semestre del año pasado, el Gobierno concedió licencias por valor de 22.544 millones de euros, las más importantes vinculadas al proyecto Eurofighter y al avión de transporte A400M de Airbus, con Alemania, Francia, Reino Unido y Bélgica como principales socios.
Esta situación apuntala a nuestro país como el séptimo mayor exportador de armas del mundo, con el 3,1% del mercado. Así lo aseguran desde el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), que sitúa al frente de ese ranking a Estados Unidos (que acapara más de la tercera parte del negocio mundial) y en el que nos sigue de cerca Israel.
En 2019, las exportaciones experimentaron una subida del 8,6%, hasta situarse en 4.042 millones. No son muchos los sectores capaces de competir con estas cifras. España exporta aceite de oliva por un valor superior a los 3.200 millones de euros al año (es líder mundial), vino por 2.690 millones y vehículos de automoción por 4.503 millones. Nuestro principal nicho de negocio, sin embargo, son -por paradójico que resulte con la que está cayendo- los medicamentos, que se sitúan en el top de las ventas a terceros: nada menos que 12.104 millones se facturaron en exportaciones el año 2019 (por no hablar de su rentabilidad social: 42.500 empleos. Y eso sólo los directos).
¿Cómo ha llegado a ocupar esta posición un país que no destaca precisamente por su peso militar en el concierto internacional? La razón hay que buscarla en la tupida red de alianzas que conforman la escena comunitaria y que otorga a sus socios un papel en esa larga cadena que empieza, por ejemplo, con el I+D+i en un estudio alemán, la construcción del sistema de propulsión en una planta francesa y el ensamblaje final en España, como ha ocurrido con el A400M de Airbus en sus instalaciones de San Pablo y Tablada (Sevilla), o con el Eurofighter en Getafe.
Siguiendo con el ejemplo del caza, pongamos por caso que la UE decide desarrollar un avión de combate que permita atender las necesidades de defensa de los países miembros. ¿A quién se dirige? A aquellos con una industria militar potente -Alemania, Francia, España e Italia- capaces no sólo de alumbrar ese proyecto, sino también de comprometerse a adquirir unidades durante los próximos 15, 20 o 30 años.
Proteger un sector estratégico
Así, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado contemplan la compra este ejercicio de Eurofighters EF-2000 por valor de 488 millones, y eso dentro de un plan a largo plazo que contempla inversiones por un monto total de 13.749 millones. Lo mismo ocurre con los helicópteros Chinook NH-90 y Tigre, los blindados 8×8 Dragon que se fabrican en Trubia o los submarinos S-80 llamados a relevar a los ya caducos ‘Galerna’, ‘Tramontana’ o ‘Mistral’ con base en Cartagena y en los que se prevé gastar otros 4.000 millones.
La pandemia ha golpeado a todos los sectores de la economía y el del armamento no es una excepción. Las exportaciones que han llegado a destino suponen sólo un 5,3% de las autorizadas y de puertas adentro tampoco parece el mejor momento para hacer grandes dispendios en materia de defensa. Sin embargo, todo indica que la industria saldrá airosa de esta situación. La UE recomendó a sus socios que protegieran sus empresas estratégicas y el Gobierno ha querido compensar la escasa demanda abriendo la espita y autorizando futuras operaciones en el extranjero, lo que hace prever que la tendencia alcista se recupere cuando la emergencia sanitaria remita.
La evolución de España en este campo ha sido meteórica, más teniendo en cuenta que durante la dictadura la industria de defensa atendía sólo sus propias necesidades. El panorama sufrió un giro de 180º con la entrada en la OTAN, privatizándose empresas como Bazán (que salió de escena después de botar el portaaviones ‘Príncipe de Asturias’) y haciendo que otras actuasen bajo el paraguas de grandes consorcios, como ocurrió con la aeronáutica CASA y Airbus. Según datos del Ministerio de Industria, en la década 2010-2019, las compañías españolas incrementaron sus exportaciones de armas nada menos que un 295%, una ‘tarjeta’ en la que cobra especial protagonismo la venta de aeronaves (representan las tres cuartas partes de lo facturado). Una espiral que han alimentado durante los últimos años nuestros aliados y que llevó a María Dolores de Cospedal, a la sazón ministra de Defensa, a decir que era hora de acabar con viejos prejuicios y hacer una apuesta decidida por el ramo: «Cada euro invertido aquí tiene un retorno de dos euros y medio», dijo.
En cuanto a los destinatarios de este material, las últimas estimaciones que maneja el Gobierno apuntan a que el 71,5% de las exportaciones realizadas en el primer semestre del año pasado correspondieron a países de la OTAN y la UE. No fueron los únicos. Asia también destaca en este capítulo, con clientes en algunos casos sumamente incómodos, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Turquía -los dos primeros en guerra abierta con Yemen; el último, enfrentado a la población kurda y muy presente en zonas en conflicto de Siria-.
La Junta Interministerial Reguladora del Comercio de Material de Defensa (JIMDDU) es la encargada de autorizar estas exportaciones (el año pasado denegó 24 por las sospechas que levantaban sus destinatarios). Tica Font, del Centro Delás de Estudios por la Paz, critica que sus actas no sean públicas. «Pedimos que el Parlamento juegue un papel activo en la decisión final de autorizar esas exportaciones, que no quede todo reducido a una comisión de secretos oficiales. Si no conocemos los detalles hasta seis meses después de aprobarse el envío, poco podemos hacer».
