07/06/2018 ABC.- Alrededor de 400 subsaharianos trataron en la madrugada de ayer miércoles de entrar en Ceuta a través de la valla fronteriza, acción que fue repelida poruna intervención conjunta de las fuerzas de seguridad marroquíes y la Guardia Civil. Se trata del primer intento masivo de asalto en meses y viene a agravar la preocupación ante la redoblada presión migratoria que está registrando España, fundamentalmente a través del Mediterráneo, lo que augura un verano de llegada récord de pateras. Y todo mientras en la UE se estancan las conversaciones para dotar a los Veintiocho de un mecanismo de reparto claro acerca de a quién corresponde asilar a los inmigrantes que acceden de forma ilegal a suelo europeo por tres rutas claras: Grecia, Italia y España.
El martes, en la cumbre de ministros de Interior de la UE en Luxemburgo, se alejaba la posibilidad de cerrar en junio un acuerdo en torno al planteamiento defendido por Alemania y Francia que pretende que estos tres países receptores que se encuentran en primera línea del Mediterráneo se hagan cargo en adelante de todas las solicitudes de asilo de manera permanente (actualmente la responsabilidad es de un año), de modo que la derivación de cuotas a terceros solo podría activarse en situaciones de crisis de refugiados, como la de 2015.
Este sistema, que reformaría el llamado reglamento de Dublín, contó con la oposición ya prevista de los países del Este -Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Letonia y Lituania- que se niegan a aceptar ningún tipo de reparto obligatorio de refugiados, como ya se negaron a reubicar ninguno de ellos estos años atrás. Más allá, también están en contra Bélgica o Austria, cuyo gobierno está en manos del partido de ultraderecha FPÖ y asumirá la presidencia rotatoria de la Unión en julio.
A solas con la cooperación
Desde el punto de vista de España, alivia que este programa que fulmina la acogida compartida no prospere. Ese es un «objetivo cumplido», indica una fuente oficial cercana a las negociaciones. Pero las razones por las que el texto está siendo rechazado, lejos de tranquilizar, inquietan aún más. Europa se escora al radicalismo, indican las mismas fuentes, que lamentan frente al desafío de la inmigración, los miembros de la UE «piensen en clave nacional, no europea, con criterios de respeto, de confianza mutua y de reparto equitativo de la carga».
En este escenario, y a falta de las directrices que incorpore el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, España está apostando prácticamente en solitario por multiplicar la cooperación con los países de origen como eje clave de la política migratoria común, en la que debe primar la solidaridad, la dignidad y la vida.
Que la discusión sobre el reglamento de Dublín haya casi descarrilado ha sido celebrado especialmente por Roma, que estrena Ejecutivo y, dentro de él, al vicepresidente y titular del Interior -amén de líder de la xenófoba Liga- Matteo Salvini, que antes y después de la reunión de Luxemburgo ya dijo que votarían «no» al documento que está sobre la mesa por «penalizar a Italia». Sus planes no son de solidaridad y apoyo mutuo, sino de aumentar controles y expulsar a inmigrantes irregulares de su territorio. «Confirmo que se ha acabado la buena vida para quien ha comido a costa del prójimo, muy abundantemente: hay 170.000 presuntos refugiados que están en un hotel viendo la televisión», argumentó esta semana para ilustrar sus intenciones.
A pesar de este desencuentro total, el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, insistió en que se quiere «llegar a un acuerdo en junio», aunque reconoció que hace falta «asumir responsabilidades» para «sacar adelante» el trabajo de los últimos meses, cuyo fin es que Europa esté preparada en caso de una crisis de refugiados como la vivida entre 2015 y 2016.
La Comisión Europea presentó su propuesta para reformar el reglamento de Dublín hace dos años, durante los cuales ha habido muy pocos avances.
