El Gobierno eslovaco ha anunciado una reforma legal para combatir la criminalidad que pretende crear una base de datos sobre el origen étnico de los infractores
«La comisión de delitos no está relacionada con la etnicidad, sino con algunas situaciones sociales que hay que atender», dicen desde el Centro Europeo de Derechos para los Gitanos
La ministra de Justicia también ha mostrado su rechazo argumentando que las leyes deben aplicarse a todos los ciudadanos y no a «grupos étnicos específicos»
EFE. ELDIARIO.ES.- El Gobierno eslovaco ha anunciado una reforma legal para combatir la criminalidad en poblaciones con alta presencia de población gitana y que pretende, entre otras medidas polémicas, crear una base de datos en función del origen étnico de los infractores. El anuncio ha despertado una lluvia de críticas dentro y fuera del Ejecutivo que lo consideran discriminatorio y contrario a los derechos fundamentales.
El proyecto legal lleva por título «Ley para la represión de la criminalidad en las localidades gitanas» y fue anunciado recientemente por el ministro del Interior, el socialdemócrata Robert Kalinak, en una rueda de prensa al aire libre escenificada en un asentamiento gitano en la localidad de Krompachy.
Kalinak avanzó que esta iniciativa legal modificará leyes ya existentes para introducir medidas como el registro de los delincuentes por criterios étnicos, crear patrullas ciudadanas de vigilancia, dar más competencias a la Policía e incluso prohibir a ciertas personas la residencia en determinadas áreas.
«No puedo aceptar ninguna ley que diferencia a los delincuentes por su origen étnico», ha señalado al respecto el responsable del Gobierno eslovaco para la comunidad gitana, Abel Ravasz, miembro de Most-Hid, el partido de la minoría húngara que forma parte del Gobierno tripartito.
Ravasz ha denunciado que este proyecto puede suponer una violación de derechos humanos fundamentales y ser discriminatorio y ha advertido de que la recogida de estadísticas por etnia no aporta nada al orden público. Este alto cargo ha denunciado también que el Ministerio del Interior no ha contado con su departamento para redactar el nuevo texto legal.
«Los delitos no se relacionan con la etnicidad»
De hecho, el Centro Europeo de Derechos para los Gitanos (ERRC, en sus siglas en inglés), considera que la iniciativa puede violar la Constitución. «Es una tema de protección de datos y del derecho a la privacidad. Por supuesto creo que puede ser inconstitucional», explica a Efe Michel Zalesak, abogado eslovaco de esa institución, con sede en Budapest.
«No creo que haya una necesidad de esos datos porque la comisión de delitos no está relacionada con la etnicidad. Puede estar relacionada con algunas situaciones sociales que hay que atender. No se va a resolver nada recopilando datos étnicos de los criminales», denuncia. «El ministro dijo que el 70 % de los crímenes son cometidos por gitanos. No tengo ni idea de cómo llegó a este número y es una alegación ridícula», cuestiona Zalesak.
Kalinak explicó durante su presentación que este proyecto incluirá enmiendas a la Ley del Cuerpo de Policía, a la Ley de Infracciones, al Código Penal y a la legislación social y sanitaria. El ministro no descartó una enmienda constitucional que condicione la recepción de subsidios sociales a que los padres envíen a sus hijos al colegio o velen por su salud.
Desde el propio Gobierno, la ministra de Justicia, Lucia Zitnanska, ha mostrado su rechazo al proyecto argumentando que las leyes deben aplicarse a todos los ciudadanos y no a «localidades o grupos étnicos específicos».
«Es muy fácil incitar la tensión en la sociedad mediante distintas leyes populistas y atajos, pero es muy difícil de calmar», ha advertido la política, también de Most-Hid. Varios políticos y expertos han opinado que, con esta medida, Kalinak solo está desviando la atención y la presión política que existe sobre él. El ministro superó el pasado diciembre una moción de censura.
Así opina Lucie Duris Nicholsonová, vicepresidenta del Parlamento eslovaco, que ha acusado a Kalinak de jugar «la carta de los gitanos» para salvar su carrera. Con ella coincide Zalesak, quien acusa al ministro de querer trasladar esa presión «sobre quienes no pueden defenderse».
De hecho, el ERRC ha anunciado que lleva años recogiendo pruebas para llevar a Kalinak ante la Justicia por lo que considera «políticas discriminatorias llevadas a cabo por la Policía contra los gitanos en los últimos años».
En cualquier caso, y pese al mediático anuncio del ministro, poco concreto ha trascendido hasta ahora del proyecto y desde el ERRC están aún a la espera de una respuesta a su solicitud de información sobre el proyecto legal. A preguntas de Efe, el Ministerio del Interior indicó que espera poder tener lista la ley para su debate en el Parlamento a mediados de año.
Una discriminación generalizada
Se calcula que la población gitana en Eslovaquia asciende a 400.000 personas, casi un 7% de la población, y está concentrada en el este del país, en localidades aisladas del resto de la población y con frecuencia insalubres.
La discriminación contra la comunidad romaní en Eslovaquia ha sido denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional. En su último informe anual, la ONG denunció que, en 2016, «apenas se avanzó en la tarea de hacer efectivo el derecho a la educación del alumnado romaní» y se hizo eco de varios casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra la población gitana.
