Cada poco tiempo, los criminales que se cobijan entre la masa de aficionados al fútbol se encargan de recordar al resto de sociedad que los ultras siguen presentes
SERGIO R. VIÑAS. EL MUNDO.- El pasado 25 de enero, el fútbol español vivió una nueva jornada de vergüenza propia y ajena. A los cánticos racistas contra Iñaki Williams en el RCDE Stadium se sumaron dos reyertas callejeras entre ultras, una en Cornellà entre radicales del Athletic y del Espanyol y otra junto a Mestalla entre ultras locales y del Barcelona. Cada poco tiempo, los criminales que se cobijan entre la masa de aficionados al fútbol se encargan de recordar al resto de sociedad que los ultras siguen presentes. Y tras cada bochorno, las mismas preguntas. ¿Cómo ha podido volver a pasar? ¿Por qué tenían entradas? ¿De verdad se está haciendo algo con esta gente? ¿No es posible erradicar a los radicales del fútbol español?
Las quedadas entre estos grupos ya se realizan siempre a través de redes sociales, foros y sistemas de mensajería digital, vías de comunicación complejas de vigilar. Los ultras, además, tienen sus propias estrategias para esquivar a la Policía. Los Herri Norte que fueron a Cornellà, por ejemplo, lo hicieron en coches. Por mucho que la Ertzaintza tuviera conocimiento -que lo tenía- de que podía haber desplazamiento de ultras desde Bilbao con entradas para el partido, es prácticamente imposible interceptarlos durante el viaje si no se trasladan en autobús. Pero eso sólo explica el detalle concreto del problema ultra en España, no el fondo.
«Todo cambió tras lo de Jimmy», coinciden en señalar todas las fuentes consultadas para la elaboración de este reportaje. La muerte en 2014 del ultra del Deportivo a manos de radicales del Atlético en una batalla campal supuso sin duda un antes y un después en la guerra contra la violencia en el fútbol. «Antes estábamos muy solos, ahora hay conciencia verdadera de que es un asunto que trasciende el ámbito estrictamente policial y judicial y se trabaja en esa dirección. Aunque sigue faltando que el Gobierno de turno se ponga manos a la obra para tener una nueva Ley del Deporte que nos facilite el trabajo», afirma un agente experto en la lucha contra los movimientos ultra.
UN NUEVO PROTOCOLO TRAS EL CASO JIMMY
Días después de la muerte de Jimmy, CSD (Gobierno), LaLiga y RFEF acordaron un protocolo que daba luz verde al cierre parcial de gradas, a imponer sanciones por violencia verbal y a la regulación de las entradas a disposición de los clubes visitantes entre otras medidas. Ese fue el punto de partida de todas las acciones desarrolladas en el último lustro. A partir de ahí, LaLiga ha intensificado su presión personándose como acusación particular ante cualquier hecho violento e impulsando gradas de animación controladas en los estadios como reemplazo a los espacios que en el pasado ocupaban los ultras. Además, Antiviolencia no permite la exhibición en los estadios de símbolos de grupos que tengan miembros con historial violento vinculado al fútbol (ver gráfico).
Todas estas medidas han sido y son útiles en la lucha contra la violencia en el fútbol pero, demostrado queda, no suficientes. Tras los incidentes en Cornellà y Valencia, LaLiga ha anunciado que revisará el protocolo de venta de entradas por internet. «Estamos trabajando para que todas las que se venden sean nominativas. Hasta ahora, para un partido no declarado de alto riesgo, puedes comprar hasta seis entradas dando un solo nombre y DNI. Queremos que sea como las entradas para el público visitante, que todas se vendan con nombres y apellidos», explica Florentino Villabona, director de Integridad y Seguridad de LaLiga. Los Boixos Nois que fueron a Valencia, por ejemplo, habían adquirido las entradas para el partido por internet.
El gran cambio que esperan en el organismo que preside Javier Tebas, no obstante, es otro. «La Ley del Deporte especifica que no se pueden vender entradas a los violentos, pero necesitamos más herramientas para hacer cumplir esa ley al 100%», apunta Villabona. Por ello, LaLiga ha solicitado a la Agencia de Protección de Datos, a través de la Comisión Antiviolencia, que los clubes puedan acceder al listado policial de personas detenidas o identificadas por hechos vinculados con el fútbol -en el interior de los estadios, en sus aledaños o en medios de transporte antes y después de los encuentros-.
De esa manera, podrán tener un listado fiable y legal de ultras violentos y negarse a que compren entradas. «Si logramos que eso sea así, minimizaremos al menos en un 80% la presencia de ultras en el fútbol español», vaticina el ejecutivo de LaLiga, que cifra en unos 1.500 los ultras violentos que hay en España. La Agencia de Protección de Datos debe determinar ahora si esa demanda de LaLiga contraviene o no la Ley de Protección de Datos.
Las diferentes policías consultadas por este periódico coinciden en ensalzar la determinación de LaLiga para erradicar a los ultras y los beneficios de su colaboración mutua. La opinión sobre los clubes, en cambio… «La mayoría no colaboran, o lo hacen muy poco, porque no quieren problemas. En general, ponen muchas trabas y siempre tienen alguna excusa para no actuar contra los ultras. Son muy tibios», explica y lamenta un agente especializado en violencia en el fútbol. Y señala también a jugadores y entrenadores: «No puede ser que siga habiendo equipos que vayan a celebrar sus victorias a la zona donde están los ultras. Les están legitimando y convirtiendo al resto del estadio en aficionados de segunda. Erradicar eso debería ser el primer paso».
