EFE. LA VANGUARDIA.- Entidades y colectivos pro derechos humanos alertan de que el estado de alarma está propiciando abusos y excesos policiales, unas situaciones que se están repitiendo con el paso de los días, por lo que han advertido que el confinamiento no es excusa para «tolerar» el uso excesivo de la fuerza.
A falta de ultimar el recuento de casos, son múltiples las organizaciones que ya ha denunciado la vulneración de derechos por parte de distintos cuerpos policiales durante los dispositivos desplegados y patrullajes realizados para controlar las medidas de restricción de movimiento con las que se busca contener el contagio del COVID-19.
Algunos episodios han sido registrados por vecinos desde sus casas y difundidos a través de las redes sociales, donde se han hecho virales en cuestión de horas, aunque en otras ocasiones acaban en un saco roto: si los abusos se ciñen a vejaciones o tratos indebidos, los ciudadanos a menudo suelen desistir.
Por eso, desde las organizaciones animan a la población a registrar estos incidentes y ponerlos en conocimiento de la administración, ya que consideran que la mejor manera de afrontarlos es precisamente «visibilizándolos».
La abogada penalista Anaïs Franquesa, portavoz de «Defender a Quien Defiende», que integra a una decena de entidades pro derechos humanos, así lo ha recalcado en declaraciones a Efe, en las ha recordado que el confinamiento de la población «no significa que los criterios de proporcionalidad y congruencia de la policía estén en suspenso».
«El estado de alarma quiere decir que hay una limitación de movilidad y que la ciudadanía debe ser responsable y solidaria, pero en ningún caso que el uso legítimo de la fuerza se tenga que tolerar», ha recalcado antes de opinar: «Es en momentos de excepcionalidad cuando las garantías deben apurarse al máximo».
Franquesa también ha asegurado que se está produciendo un aumento «claro y evidente» de las sanciones y detenciones después de que los Mossos d’Esquadra hayan superado en la última semana las 2.500 denuncias y los 15 detenidos diarios por incumplir el confinamiento.
Unas cifras por las que ha advertido que la tensión y las dificultades por la emergencia sanitaria son «comprensibles» pero en ningún caso justifican «que haya una sensación de impunidad total a la hora de actuar» ni que desemboquen en «una escalada de mayor represión y persecución».
En esta misma línea se ha expresado el adjunto del Síndic de Greuges, Jaume Saura, quien ha destacado a Efe el elevado número de detenciones practicadas por la policía por saltarse el confinamiento y ha resaltado que incumplirlo no está castigado penalmente y, por tanto, no puede implicar la «privación de libertad».
«Una detención es un tema muy grave y sólo puede producirse si hay un delito. Saltarse el estado de alarma solo no es suficiente», ha indicado antes de enfatizar que el decreto aprobado por el Gobierno «no da poderes excepcionales» a la policía y tampoco limita ningún otro derecho más allá de la libertad de movimiento.
No obstante y aunque, a su juicio, la actuación policial en Cataluña está siendo, en general, «correcta», también ha avisado que están recibiendo quejas relacionadas con abusos o excesos, que todavía están recopilando y analizando antes de efectuar recomendaciones.
Hasta entonces, Saura ha adelantado que las multas deben ser el «último recurso» tras una actuación «pedagógica», previa explicación de las medidas vigentes, y ha opinado que, ante la duda, la policía no debería sancionar a ningún ciudadano.
Desde SOS Racismo Cataluña también han puesto de relieve que el estado de alarma ha «disparado» las abusos policiales, especialmente hacia «las poblaciones migradas y racializadas no-blancas».
La ONG ha condenado las identificaciones «por perfil racial» y ha urgido a las instituciones a que tomen cartas en el asunto para revertir este «racismo institucional» que, aseguran, se está agravando.
Por otro lado, los cuatro casos de excesos policiales más sonados han sido recientemente denunciados por «Defender a Quien Defiende» en representación de Novact, Irídia, Legal Sol, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, Calala, Ecologistas en Acción y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que han exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que depure responsabilidades.
En una carta, dirigida también el Defensor del Pueblo, han señalado dichas actuaciones, llevadas a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, como «indiciariamente delictivas» o, cuanto menos, objeto de «mala praxis» policial, por lo que han solicitado que se evalúen de manera urgente.
«Incurrieron presuntamente en uso de la fuerza no autorizado por los reglamentos de actuación contra ciudadanos en el marco del estado de alarma», ha subrayado la plataforma, a la que se ha sumado también la Asociación Libre de la Abogacía, la Cooperativa Red Jurídica, el Grupo Motor de No Somos Delito y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB.
