ROBERTO R. BALLESTEROS. EL CONFIDENCIAL.– La Guardia Civil detuvo el pasado lunes a nueve miembros de los autodenominados comités de defensa de la república (CDR). Todos ellos llevaban meses preparándose para cometer acciones violentas como respuesta a la futura sentencia del ‘procés’ que está previsto que el Tribunal Supremo dicte a mediados de octubre. Los radicales entendían que la resolución no favorecería los intereses de los dirigentes independentistas inculpados y que, para elevar el pulso con el Estado a otro nivel, debían cometer atentados incluso con explosivos.
Según los documentos encontrados en la decena de inmuebles intervenidos por la Guardia Civil, los arrestados pretendían asaltar y ocupar el Parlament y una casa cuartel de Barcelona durante una semana, además de llevar a cabo una batería de atentados que pusieran en un brete a las fuerzas de seguridad del Estado. Para hacerlo, los miembros de los CDR habían levantado un laboratorio donde fabricaron explosivos (termita, cloratita, goma 2) y donde los agentes localizaron manuales para elaborar bombas, una lista de objetivos, fotografías y un croquis de la mencionada casa cuartel.
Entre los nueve arrestados, estaban Eduard Garzón y David Budria, miembros del colectivo Los 9 de Lledorners, acusados antes de esta detención de robos, ilícitos contra la seguridad vial, atentados a la autoridad y desórdenes públicos. Tanto ellos como el resto de detenidos, sin embargo, se enfrentan ahora a un delito mucho más grave, el de terrorismo. La Audiencia Nacional entiende que el hecho de que planearan llevar a cabo atentados y asaltos sobre instituciones son elementos más que suficientes para imputarles este tipo penal, que según los expertos consultados sitúa los CDR en un panorama muy diferente al que tenían hasta ahora.
Aún es pronto para aventurar si estos nueve arrestados serán finalmente condenados por terrorismo, ya que el procedimiento no ha hecho más que empezar, pero los indicios apuntan claramente hacia un paso más allá de los meros delitos callejeros antes mencionados. Conformar un grupo terrorista —lo que se considera ya a partir de tres miembros— conlleva unas penas mucho mayores, ya que el tipo delictivo presenta un elevado componente social: los terroristas aterrorizan a toda la sociedad, no a una sola persona. De ahí que de este tipo penal se deriven, además de los citados castigos más elevados, otras consecuencias.
El enaltecimiento del terrorismo es una de ellas. No son pocos los actos masivos que pretendían homenajear a etarras y que fueron finalmente prohibidos por la Audiencia Nacional en virtud del artículo 578 del Código Penal. Recibimientos públicos con banderas y fotos de terroristas recién salidos de prisión, imágenes de asesinos colgadas en las fiestas de poblaciones vascas, símbolos de ETA o de organizaciones afines colgando de edificios municipales. «Cualquier acto de alabanza a un terrorista se entiende como enaltecimiento porque supone una humillación a las víctimas», explica Víctor Valentín, analista de terrorismo y autor junto a la jurista Vanesa Santiago del libro ‘Enaltecimiento del terrorismo: análisis jurisprudencial y policial‘.
«Si estos nueve detenidos son condenados como terroristas bajo la organización CDR, esta entidad podría ser considerada terrorista», defiende Valentín, en línea con otras fuentes jurídicas y policiales consultadas que prefieren permanecer en el anonimato. Tras la detención del pasado lunes, de hecho, Vox reclamó al Consejo Europeo que incluyera los CDR en la lista de organizaciones terroristas de la UE. El máximo responsable del partido en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en concreto, envió una pregunta urgente con solicitud de respuesta escrita al citado organismo que se apoyaba en los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común del Consejo 2001/931/PESC sobre grupos terroristas y su financiación. El eurodiputado argumentó que los arrestados planeaban atentar en territorio español en el segundo aniversario «del intento de golpe de Estado» que supuso el 1-O y con motivo de la sentencia del ‘procés’ que está a punto de dictar el Supremo.Los CDR planeaban ocupar el Parlament una semana y colocar explosivos el «día D»JOSÉ MARÍA OLMOLos agentes encontraron termita ya mezclada, otras sustancias químicas, manuales para fabricar artefactos y fotos y croquis de una casa cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Barcelona
«Si la policía coge a una persona con una bomba, la puede detener por estragos; pero si es un grupo y tienen fines ideológicos, como ha sido el caso, automáticamente es terrorismo», argumenta Valentín, que entiende que lo que está pasando en Cataluña «era previsible». «Hemos visto una radicalización violenta gradual en los últimos años y el siguiente paso de esta escalada es siempre el terrorismo; en Cataluña, se vive algo parecido a lo que fueron los primeros pasos de ETA, hace más de 50 años», explica el también vicepresidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, personada en decenas de casos de enaltecimiento.
En el caso de que finalmente los CDR sean declarados un grupo terrorista, según Valentín, las consecuencias serán inmediatas en el ámbito jurídico y social catalán. «El presidente Quim Torra no podría alabarlos ni pedir un aplauso para ellos como hizo en la Diada del año pasado, porque estaría animando a apoyar a una organización terrorista y esto es delito de enaltecimiento», arguye. «En general, todo acto de alabanza a los CDR o sus miembros sería considerado enaltecimiento del terrorismo», añade. La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez, de hecho, ya ha acusado a Torra de fomentar la radicalización violenta por defender a los CDR detenidos. Ordóñez calificó de «irresponsable» el apoyo expreso del ‘president’ a «presuntos criminales» y denunció que «las críticas al operativo antiterrorista» vertidas por Torra «no solo evidencian un claro desprecio por la vida e integridad de las que podían haber sido víctimas del atentado frustrado, sino que también suponen un ataque contra el Estado de derecho».La Guardia Civil detiene a 9 violentos de los CDR y encuentra precursores de explosivosJOSÉ MARÍA OLMOSe han efectuado 9 detenciones y 10 registros para localizar y, en su caso, incautar pruebas que evidencien el grado de preparación de sus «proyectos terroristas con fines secesionistas»
«La amenaza terrorista en Cataluña ha estado a punto de provocar otra tragedia», valoró la hermana de Gregorio Ordóñez, diputado del Parlamento vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián asesinado por ETA en 1995. «Los ciudadanos que vivimos en un Estado de derecho exigimos que la policía nos proteja de forma preventiva. Precisamente nosotros somos víctimas porque falló esa prevención», dijo la presidenta de Covite. Sin embargo, la consideración de organización terrorista de este grupo armado tendría más consecuencias.
Europa está articulando una directiva que será vinculante para todos los Estados miembros que contempla la «retirada de todo contenido terrorista en internet y en las redes sociales», anuncia Valentín, que entiende que no podría haber propaganda de este grupo en la red. Asimismo, continúa, por la ley de víctimas, todos los ayuntamientos e instituciones públicas se verían obligados a «retirar» cualquier tipo de simbología que estuviera vinculada a estos CDR.
Además del caso de los nueve detenidos, existe un procedimiento más avanzado que aún está por discernir, el de Tamara Carrasco, la supuesta coordinadora de los CDR durante los actos de sabotaje de la Semana Santa de 2018 que estos protagonizaron. El juez Diego de Egea ordenó su puesta en libertad y descartó su ingreso en prisión por terrorismo. La Fiscalía, sin embargo, reclamaba su encierro por este delito. Los hechos no son los mismos que dirime la Audiencia Nacional en relación con los nueve últimos detenidos, pero sí muestran otros actos violentos vinculados a los CDR que ayudan a definir el colectivo.
