JESÚS DUVA. EL PAÍS.- El número de los llamados “delitos de odio” (los ataques a personas debido a sus creencias, identidad sexual u origen étnico) ascendió en España en 2013 a 1.172, según fuentes de la Secretaría de Estado de Seguridad, que recoge datos de todos los cuerpos policiales, excepto la Ertzaintza vasca. La mayoría de los incidentes están relacionado con la orientación sexual de las víctimas (452 casos) seguidos de los de tinte racista (381), los discapacitados (290), las creencias religiosas (42), los antisemitas (3), y contra los mendigos (4). Por territorios, aquellos en los que se ha producido más ataques son Andalucía, Madrid y Cataluña, dado su alta densidad de población.
En relación con las tipologías (penales y administrativas) concretas, se encuentran las siguientes: abusos sexuales, 164; lesiones, 149; amenazas, 114; agresión sexual, 91; actos racistas y xenóbofos en acontecimientos deportivos, 83; hurto de objetos que portaban las víctimas, en 67 casos; agresión sexual con penetración, en 64 incidentes; vejaciones de carácter leve, 58; exhibicionismo, 32, y otro tipo de actos sin definir en 350 casos. Los abusos sexuales suelen producirse en casos de ataques a personas por su orientación o identidad sexual, mientras que el resto están muy departidos en las otras tipologías delictivas, según la Secretaría de Estado de Seguridad.
Estos datos coinciden con la constitución del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación -Covidod- que reclama la aprobación de una ley específica que garantice la asistencia jurídica, la atención humanitaria y la protección de los afectados. Según este organismo, el acto de presentación del consejo ha contado con el apoyo de la Secretaría General de Migraciones y de la Fiscalía para los Delitos de Odio, y está integrado por entidades como Movimiento contra la Intolerancia, Red Europea contra los Crímenes de Odio, Unión Romaní, Federación de Comunidades Judías de España, Asociación de Refugiados e Inmigrantes y la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, entre otras.
La decisión de organizar a las víctimas y contar con el apoyo de expertos y entidades especializadas en este sector se produce tras la aprobación de la directiva europea sobre los derechos de las víctimas.
