10/05/2018 Efe.- El veto a la ley que permitía cambiar de sexo en el registro civil a partir de los 16 años sin informe médico es el noveno que realiza en dos años el presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que no ha dudado en usar este poder en asuntos sociales, financieros o políticos.
Con un elevado índice de aprobación popular (dos de cada tres lusos tienen una opinión favorable de él), Rebelo de Sousa, de 69 años y católico confeso, comenzó a utilizar esta prerrogativa reservada a los jefes de Estado lusos apenas tres meses después de asumir el cargo en marzo en 2016.
Su primer veto tuvo impacto en una medida de interés social, la ley de gestación de sustitución o vientres de alquiler, que frenó para que fuese «mejorada», según se explicó en aquel momento a través de un comunicado de la Presidencia.
Faltaba, expuso el presidente, «afirmar de forma más clara el interés superior del niño o la necesidad de información cabal a todos los interesados» en el proceso, y devolvió por ello la ley al Parlamento para acabar aprobándola más de un año después.
El veto a la ley que dejaba cambiar de sexo en el registro civil a los 16 años, motivado por la falta de exigencia de un informe médico previo a esta decisión, es la segunda gran ley del ámbito social que frena el presidente, quien siempre ha desligado sus preferencias ideológicas de sus decisiones.
Lo explicó incluso en campaña electoral y lo ha reiterado esta misma semana en una entrevista en la que avanzaba que, si el debate sobre la eutanasia que empieza a finales de este mes lleva a la redacción de una ley que la permita, no la vetará siempre que esté bien fundamentada.
«Tuve el cuidado de decir (en campaña electoral) que el veto político no sería una afirmación de posiciones personales (…) He adoptado ese criterio en todas las circunstancias», subrayó en declaraciones al diario «Público» y Radio Renascença.
Por ello, Rebelo de Sousa dijo este miércoles que promulgará la ley que permite el cambio de sexo en el registro civil si el Parlamento incluye un informe médico para los menores de edad, una postura neutra que, sin embargo, ha matizado en otras situaciones.
Por ejemplo, cuando promulgó hace dos meses «con objeciones» las modificaciones a la ley de financiación de partidos, que vetó en un primer momento por dos controvertidas medidas: la eliminación del límite de fondos que las formaciones pueden acumular y la exención del pago del IVA.
También dio dos reveses al Gobierno frenando en septiembre de 2016 un decreto del Ejecutivo del socialista António Costa que obligaba a los bancos a informar a la Autoridad Tributaria sobre las cuentas de residentes en Portugal con saldo superior a 50.000 euros.
Dijo entonces que la medida era una «inoportunidad política», puesto que era un momento de «sensible consolidación» del sistema bancario luso, y el Gobierno finalmente renunció a la iniciativa.
Además, vetó otro decreto del Ejecutivo, ya en marzo de este año, el nuevo Estatuto de los Militares de la Guarda Nacional Republicana (GNR), un cuerpo equivalente a la Guardia Civil española.
Otros vetos de Rebelo de Sousa han sido para la ley que permitía a los ingenieros civiles firmar proyectos de arquitectura, y el decreto que alteraba los estatutos de la Sociedad de Transportes Públicos do Oporto (STCP) y del Metro de Oporto, por «vedar, taxativamente, cualquier participación de entidades privadas».
Asimismo, ha parado cambios al decreto sobre la transferencia de Carris, la empresa pública de autobuses urbanos de Lisboa, al Ayuntamiento de la ciudad porque se prohibía cualquier concesión futura de la empresa.
Y el mes pasado, Rebelo de Sousa devolvió al Parlamento el proyecto de ley que regula las plataformas de transporte de pasajeros, como Uber o Cabify, y le pidió que buscase una solución más equilibrada en el trato de estos operadores con respecto a los tradicionales taxis.
La Constitución portuguesa otorga al jefe del Estado la capacidad de «veto absoluto» a las leyes aprobadas directamente por el Gobierno y «veto relativo» a las normas avaladas por el Parlamento.
En este caso, el Parlamento puede volver a aprobar la misma ley sin realizar cambios y el presidente estaría obligado a promulgarla en ocho días o directamente enviarla al Tribunal Constitucional.
Cynthia de Benito
