La tensión ha explotado tras el informe de derechos humanos que presentó la oficina de Michelle Bachelet sobre la situación de violencia en el país
CATALINA OQUENDO. EL PAÍS.- El informe que presentó la semana pasada la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la deteriorada situación de violencia en Colombia hizo estallar la tensión entre el Gobierno de Iván Duque y el sistema de la ONU. El ala más radical de la derecha, el uribismo agrupado en torno al expresidente Álvaro Uribe, pidió expulsar la oficina de la alta comisionada y redobló los ataques a Naciones Unidas.
En cuanto se conoció el informe, el presidente se refirió al documento señalando que planteaba “una intromisión a la soberanía de Colombia”, y en un acto de respuesta coordinada, sus ministros de Defensa y el encargado del área de Estabilización y Legalidad, criticaron que el informe era “impreciso” o “chambón” (descuidado) y que “desborda el mandato que ha suscrito el Gobierno con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos”. Los miembros del partido de Duque se han unido a las críticas. “El presidente debería revisar la relación de Colombia con ONU y cerrar esa oficina de la Comisionada de DD HH, convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional. Acá tenemos Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Consejería para los DD HH”, difundió el expresidente del Senado, Ernesto Macías. Su petición se extendió a las redes sociales donde fieles del uribismo promueven la etiqueta #fueraONUdeColombia. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el informe era “injusto” y que “sin proponérselo, estimula la acción de los asesinos”.
El informe presenta un crudo panorama de la situación de derechos humanos durante 2019 en el que se evidencia el retorno de prácticas como las masacres -36, la cifra más alta desde 2014-, así como el asesinato de líderes sociales y la presunta participación de miembros de las fuerzas militares en acciones ilegales como torturas. Pero, además, recomienda una transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y que la supervisión de esta fuerza de choque pase de la Policía al Ministerio del Interior. Este último fue uno de los puntos que más molestó al presidente Duque. “Eso les corresponde a las autoridades colombianas en el marco de la institucionalidad colombiana”, dijo el mandatario aunque el domingo pasado quiso bajar el voltaje a la tensión. “Mantenemos una relación respetuosa con la ONU y además orientada hacia los proyectos en Colombia”.
Pero la controversia se extendió a otras áreas. Durante el fin de semana, el relator de la ONU Michel Forst denunció que el Gobierno rechazó su ingreso al país para finalizar un informe sobre defensores de derechos humanos que presentará este jueves 4 de marzo en Ginebra. “Querían borrar por completo mi informe”, denunció a medios de comunicación. Ante sus declaraciones, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila dijo que no existían “ni vetos ni desbandadas” y sobre el caso de la oficina de Derechos Humanos insistió que el documento de la oficina de Bachelet “presentaba omisiones de información” que “no ayudan a construir paz”.
Y aunque en anteriores Gobiernos también hubo molestias por los informes, la relación con el sistema de Naciones Unidas se mantenía cordial. Sobre la polémica, desde la Misión de Verificación de la ONU en Colombia se difundió un comunicado en el que ratifica la cooperación que mantiene con Colombia desde hace seis décadas y su ánimo colaborativo. “Nuestros reportes ofrecen recomendaciones constructivas desde diferentes perspectivas siempre con el propósito de aportar al desarrollo sostenible y a la construcción de paz en el país”.
Este no es el único frente abierto en la disputa con las agencias de la ONU, pero sí el más sonoro. Hace pocos días, el Gobierno canceló el convenio de asesoría técnica en sustitución de cultivos ilícitos con la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), lo que, de acuerdo con su exdirector, demuestra “el desprecio” del Gobierno por la decisión de campesinos de participar voluntariamente en la erradicación de la coca.
