El Norte de Castilla.- La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto diligencias penales contra el consejero catalán de Educación, Josep González-Cambray por el caso del 25% de castellano en las aulas.
Convivencia Cívica y Hablamos Español, entidades que abogan por el bilingüismo en la escuela catalana, presentaron el pasado 1 de junio una denuncia contra el consejero de Educación y otros altos funcionarios de su departamento, por los delitos de desobediencia a los tribunales y prevaricación. Ambos delitos acarrearían penas de inhabilitación. La querella entiende que Cambray tuvo en todo momento una «clara voluntad incumplidora» y a su juicio utilizó todo tipo de «estratagemas» para «no cumplir» la sentencia que obliga al Govern a impartir el 25% de las clases en español y poder seguir aplicando la inmersión lingüística obligatoria.
De momento, el TSJC no ha admitido aún a trámite la querella. La sala ha recibido un escrito, que se ha registrado, ha designado ponente y ha dado traslado a la Fiscalía para el informe preceptivo antes de convocar la sala de deliberación por si se admite o no a trámite. La Fiscalía tendrá que pronunciarse. En este caso y también en la querella que presentó por este mismo motivo Ciudadanos ante el Ministerio Público. Vox hizo lo propio ante el TSJC.
El TSJC no se ha pronunciado aún sobre los últimos movimientos de la Generalitat como respuesta a la sentencia del 25% de español. El pasado 31 de mayo, expiró el plazo dado por la justicia al Govern para que ejecutara la sentencia sobre el 25%. El Gobierno catalán no dio órdenes a los centros escolares para aplicar el fallo judicial, más bien al contrario. El Govern aprobó un decreto ley, que no fijaba porcentajes en la enseñanza de lenguas. González-Cambray envió a los centros escolares instrucciones un cuestionario para validar que sus proyectos lingüísticos se adapten al nuevo decreto aprobado por la Generalitat. En paralelo, el Parlamento catalán aprobó una ley sobre el uso del catalán, que ratificó el catalán como lengua vehicular y reconoció el castellano como curricular. En sus alegaciones, el Govern dijo que la sentencia es inaplicable por la existencia de una nueva normativa que rechaza fijar porcentajes.
