La decisión representa una importante victoria, aunque parcial y temporal, para el presidente. El Alto Tribunal estudiará en octubre la constitucionalidad de la controvertida medida
IDOYA NOAIN. EL PERIÓDICO.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado este lunes una victoria, importante aunque también parcial, a Donald Trump. La corte ha permitido que se empiece a aplicar parte de su polémico veto a refugiados e inmigrantes de seis países de mayoría musulmana, que había sido frenado por tribunales inferiores. Y aunque habrá que esperar hasta el otoño para que el Supremo estudie el caso y tome una decisión definitiva que dirimirá trascendentales cuestiones sobre el poder del presidente y sus límites constitucionales en temas como seguridad nacional, inmigración y discriminación religiosa, de momento Trump se sale con la suya en su intento de cerrar un poco más las puertas de EEUU.
Según la decisión del Alto Tribunal, la Administración de Trump podrá negar los visados de entrada a EEUU a todos los inmigrantes de Siria, Libia, Irán, Yemen, Somalia y Sudán que no puedan demostrar una “relación fiable” con personas que ya están en el país o con entidades estadounidenses como universidades o empresas. De ese modo impide que se vete a quienes puedan probar que tienen vínculos familiares, académicos o laborales en EEUU, pero aun así Trump se ha mostrado extático.
En un comunicado, el presidente ha calificado la decisión como “unaclara victoria para la seguridad nacional” y se ha mostrado “particularmente agradecido” de que se haya alcanzado de forma “unánime” por los nueve jueces del Supremo. “Como presidente no puedo permitir que entre en nuestro país gente que quiere hacernos daño”, ha afirmado también el mandatario, quien desde el primer momento ha justificado el veto como una cuestión de seguridad nacional. “Quiero gente que pueda amar a EEUU y a todos sus ciudadanos y que serán productivos y trabajarán duro”.
TUMULTUOSO PROCESO
Trump trató de establecer el veto en enero, poco después de llegar a la Casa Blanca, mediante una orden ejecutiva que congelaba por 120 días todo el programa de refugiados y vetaba durante 90 días la entrada a inmigrantes de siete países de mayoría musulmana (los seis mencionados e Irak). Aquella decisión, que muchos identificaron como un veto religioso, provocó caos en los aeropuertos, protestas, una ola de condena internacional y un aluvión de demandas que lograron frenar al presidente en los tribunales. Ante ello, Trump firmó otra orden ejecutiva con una versión revisada del veto, que mantenía las barreras para refugiados e inmigrantes pero sacaba a Irak de la lista de países afectados, así como a los ciudadanos de esos países que ya tuvieran su documentación de inmigración aprobada y en regla. También fue retada y paralizada en los tribunales.
Trump tiene ahora más de una razón para celebrar. Y es que no solo el Supremo ha levantado el pie, aunque sea parcialmente, de esos frenos: tres de los jueces conservadores (Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch) han dejado claro que por ellos se podría aplicar el veto sin ninguna restricción, ni siquiera la de tener lazos demostrables con personas y entidades de EEUU. Y esa opinión, que ocupa tres de las 16 páginas de la decisión, permite anticipar que fallarán a favor de la Administración cuando el caso empiece a dirimirse en octubre. Para alcanzar la mayoría solo sería necesario que se sumaran a esa opinión dos jueces más y es algo posible, dado que en el Alto Tribunal hay otros dos jueces nombrados por presidentes republicanos (el presidente del Supremo, John Roberts, y Anthony Kennedy).
EL EFECTO INMEDIATO
Trump firmó el 14 de junio un memorando que establecía que una vez que la justicia hablara el veto podría entrar en vigor en las 72 horas siguientes. Lo que queda ahora por ver es si su aplicación es fluida. Y aunque no se prevé un caos en los aeropuertos como el que siguió a la primera orden, pues el veto no afecta a quienes ya tenían documentación en regla y solo frenará a los nuevos solicitantes, se teme que vuelvan a producirse situaciones complicadas en las que pueda discutirse qué es una relación “fiable”.
Los jueces han escrito que se requiere “una relación familiar cercana” o “una relación formal y documentada” en el caso de entidades. También especifican que no se podrá intentar establecer esa relación profesional como forma de esquivar el veto. Pero los tres magistrados que apostaban por no hacer excepciones creen que se corre el riesgo de que la solución adoptada no funcione y apuntan a que podría haber nuevas demandas de inmigrantes que consideren que se les ha vetado arbitrariamente.
La decisión de este lunes del Supremo, además, pone presión a la Administración. Para cuando empiecen las vistas del caso, en octubre, se habrá superado el plazo de 90 días que el Gobierno de Washington se dio para revisar si es seguro bajo sus parámetros el proceso de escrutinio y aprobación de inmigrantes de los seis países afectados. Estará cerca también de cumplirse el plazo de 120 días para hacer lo mismo con los refugiados. Y si decide prolongar el veto, tendrá que dar nuevos argumentos para justificarlo.
