Los recientes ataques a centros de menores extranjeros en Cataluña resucitan el fantasma de la xenofobia. Los datos contradicen la imagen de adolescentes peligrosos
JOAN FAUS. MARÍA MARTÍN. EL PAÍS.- Los adolescentes marroquíes deambulan desnortados por la plaza Cataluña, en pleno centro de Barcelona, rodeados de un bullicio que les es ajeno. Hay una decena sentados en bancos, cerca de un furgón policial. Es donde pasan las tardes. Mohammed, de 15 años, tiene hambre y frío. Asegura llevar ocho días durmiendo en la calle desde que se fugó de su centro de acogida, en Sabadell. Denuncia que le trataban mal y que no había “nada” que hacer. Cuando se quejó al director sobre las normas, dice que este le espetó: “Si no te gustan, te vas a la puta calle”. Su sueño es ser cocinero, pero se arrepiente de haber emigrado a España. Sus amigos en Marruecos le prometían que se alojaría en buenos albergues y se podría comprar ropa. “Es la mayor mentira del mundo”, zanja desengañado. Dice que él no, pero que sus amigos roban para sobrevivir. “No sabemos qué vamos a hacer”, se queja.
En las dos últimas semanas la tensión en Cataluña ha aumentado varios grados y se han registrado episodios graves de violencia. Niños como Mohamed despiertan el rechazo en la calle. Ven cómo las señoras se abrazan a sus bolsos o los vigilantes les persiguen por los pasillos de los supermercados. “La gente es un poco racista”, sostiene el joven. “Es un problema diario. Estoy pensando en prohibirles la entrada”, asegura Alba Giménez, responsable en una hamburguesería junto a la plaza. La trabajadora afirma que los adolescentes tratan de dormir en el establecimiento, consumen drogas en los baños y se ponen violentos si les pide que se marchen.
El número de niños que migran solos a España viene creciendo en los últimos dos años y, según el Ministerio del Interior, ya son más de 13.000, más del doble de los registrados en 2017. Los expertos consideran que el número, además de ser menor porque el registro oficial no es riguroso, es más que manejable. Pero la acogida de estos niños ha expuesto las costuras de los sistemas de protección de las comunidades autónomas. Las administraciones han pasado a habilitar centros solo para menores extranjeros, donde faltan mediadores y psicólogos, como ha denunciado recientemente Unicef. El cuidado de los niños se ha subcontratado, hay demoras en tramitar su documentación, trabas para que estudien y trabajen y camas en los suelos de los pasillos.
En Barcelona, la ciudad española donde más creció en 2018 la delincuencia (un 17,2%) , fuentes policiales relacionan a los menores solos con el crecimiento de los hurtos. Pero la radiografía de estos niños en Cataluña, la segunda comunidad que más acoge, revela que la inmensa mayoría no encaja en el imaginario que desprecian algunos vecinos. El 79% de los 3.000 niños que dependían de la Generalitat en noviembre no había consumido ningún tipo de droga y el 91% no tenían ningún requerimiento policial y judicial, según un documento al que ha tenido acceso este periódico. En este informe, las autoridades catalanas, sin embargo, reconocen un fenómeno que no deja en buen lugar la atención dedicada a los menores en desamparo: “A medida que aumenta el tiempo que están acogidos en el centro aumenta también la proporción de niños con requerimientos policiales y judiciales”. Tras seis meses bajo tutela, el porcentaje de niños con algún requerimiento sube del 9% de la media al 20%.
En los últimos meses se han repetido los casos en los que alcaldes y vecinos de localidades, poco acostumbrados a la novedad, se han encontrado, sin previo aviso, conviviendo con grupos de inmigrantes adolescentes para los que no había más planificación que unas aulas de castellano y una mesa de ping pong. En algunos de estos pueblos, donde la Generalitat ha metido a los niños en albergues y casas de colonias ante el desbordamiento de sus centros, la mecha de la xenofobia también ha tardado poco en prender. “Hay mucho desconocimiento y no se ha trabajado en los municipios. Hay que pedir a los Ayuntamientos que busquen actividades y colaboren. Es importante que la población los conozca y que participen en las actividades de la comunidad”, analiza la antropóloga Nuria Empez, que trabaja con jóvenes migrantes desde 2003. “Los niños vienen de trayectorias de vida muy complicadas, necesitan un entorno positivo y se encuentran con recursos muy limitados, con personal poco preparado y una gestión improvisada”.
Episodios puntuales
Las tensiones se han visibilizado en las dos últimas semanas. Encapuchados y enfurecidos, el pasado sábado 25 individuos asaltaron un albergue de Castelldefels donde viven 60 menores extranjeros tutelados por la Generalitat. Reventaron parte del mobiliario y atacaron con piedras a adolescentes y educadores. Al día siguiente un grupo aún mayor, de cerca de 60 personas, volvió al centro lanzando piedras. Unos días antes, a 78 kilómetros de allí, en Canet de Mar, otro pequeño municipio de la provincia de Barcelona, un hombre entraba con un machete en otro alojamiento, un ataque que canalizaba la ira de una parte del pueblo que ya había dejado claro, armado con cacerolas y silbatos, que no quería a los recién llegados como vecinos. Les acusan de robar, aunque las cifras por este delito hayan bajado y la propia alcaldesa mantenga que los responsables son mafias que vienen de fuera.
Los ataques, reconoce la Generalitat, han disparado las alarmas. “Nos preocupa que alguien pueda tener estas actitudes contra colectivos vulnerables”, lamenta la secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Georgina Oliva, que apunta a “pulsiones políticas que quieran hacer ver que hay conflictos de convivencia donde realmente no los hay”.
Los incidentes han ganado repercusión en Cataluña, pero diversas manifestaciones contra la presencia de los menores inmigrantes se han visto en Madrid, Andalucía, Zaragoza, Ceuta o Melilla, donde los expertos también apuntan deficiencias en la atención a los niños. “Se trata de episodios de rechazo puntuales, fruto de políticas de acogida improvisadas. En muchos casos hay detrás una administración negligente que enfrenta una gestión muy compleja”, afirma la antropóloga Mercedes Jiménez, una de las mayores conocedoras de la realidad de estos niños en España. “Es cierto que hay más menores y estamos instalados en una visión de urgencia y de alarmismo social, pero nos olvidamos de que hace 20 años que hay menores no acompañados en este sistema de protección. Hay recursos suficientes para haberlo hecho mejor. Falta previsión, falta ordenación”.
Atardece en plaza Cataluña. Mohamed, que tirita de frío, dice que esta noche tratará de dormir en una comisaría en Mataró, a 45 minutos en tren. Se lo ha recomendado un amigo. “Aquí si no tienes familia, hermano, hermana, la vida es muy dura”, se queja. “No hay ayuda”.
