Los dos partidos acusan al periodista de provocación para la rebelión armada, amenazas al Gobierno y un delito de odio «al promover de forma directa hostilidad y violencia por razón de ideología». El abogado de IU Juan Moreno explica que solicitar esta confirmación es lo «formalmente correcto» e indica que «lo único que se puede aventurar es que no existe ningún defecto de forma» con la querella
ÁLVARO SÁNCHEZ CASTRILLO. INFOLIBRE.- Paso previo del Supremo antes de decidir si admite a trámite la querella interpuesta por IU y Podemos contra el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. La Sala Segunda del Alto Tribunal dictó el pasado 31 de enero una providencia, a la que ha tenido acceso infoLibre, en la que solicita a la Junta Electoral Central (JEC) que remita certificación que acredite que el periodista del partido ultraderechista ostenta en la actualidad la condición de miembro del Parlamento Europeo. Además, designa a la magistrada Susana Polo como ponente para conocer de la causa.
El abogado de IU Juan Moreno explica en conversación con este periódico que este movimiento es lo «formalmente correcto», aunque recuerda que para la admisión a trámite de la querella interpuesta por la Fiscalía en el marco del 1-O «no la pidieron». Preguntado por si este paso dado puede interpretarse como una buena señal para sus intereses, prefiere mantenerse prudente: «Lo único que se puede aventurar es que no existe ningún defecto de forma, por lo que avanza la tramitación, que va relativamente deprisa».
La querella contra Tertsch, que ambos partidos interpusieron a finales de enero, se centra en los mensajes lanzados por el periodista desde su cuenta de la red social Twitter llamando a la «intervención del Ejército» y a «violentar el orden constitucional vigente», manifestaciones que «se produjeron en un contexto» en el que desde «determinados sectores de la sociedad» se estaba alentando «la creación de un agresivo clima de rechazo» a la investidura del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. En el escrito se acusa al diputado de Vox en la Eurocámara de provocación para la rebelión armada –artículo 477 del Código Penal–, amenazas al Gobierno de la Nación –artículo 504– y un delito de odio –artículo 510– «al promover de forma directa hostilidad y violencia por razón de ideología».
Los hechos se remontan al pasado 2 de enero, cuando Tertsch escribió en redes sociales: «En estos días parece que todos los cómplices de Zapatero desde el etarra Otegi a los comunistas Iglesias y Garzón se esfuerzan por hacer inevitable la aplicación del artículo 8 para que las Fuerzas Armadas interrumpan un obvio proceso golpista de voladura de España como nación». El mensaje fue publicado pocas horas antes de que diera comienzo en el Congreso la primera sesión de investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Y tuvo «una notable repercusión en los medios de comunicación», lo que a ojos de los querellantes «da cuenta de la preocupación que ha generado en la sociedad española esta declaración del querellado», del que destacan además su «capacidad de difusión» –cuenta con más de 157.000 seguidores en la plataforma–.
IU y Podemos resaltan que estas manifestaciones se realizaron en un momento «en el que determinados sectores de la sociedad alentaron la creación de un agresivo clima de rechazo» a la investidura del candidato socialista. De hecho, sólo diez días antes, el exjefe del Ejército de Tierra y actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, había asegurado que los «poderes del Estado» –sin identificarlos– no debían «permitir» que el entonces líder del Ejecutivo en funciones pusiese «impunemente en peligro la legitimidad institucional del Estado». «El querellado viene participando de la generación de un clima de hostil confrontación frente a las legítimas y democráticas decisiones del Gobierno de España, generando un contexto de velada amenaza respecto a las decisiones que el Ejecutivo constitucional viene adoptando», apuntan los querellantes.
Sobre el delito de provocación para la rebelión armada, el escrito recuerda que uno de los fines de la rebelión que se recoge en el ordenamiento jurídico es el de la sustitución por otro del Ejecutivo. Y que la provocación, conspiración y proposición para cometer este delito está castigada con la pena de prisión inferior en uno o dos grados a la del tipo correspondiente. En este sentido, señalan que «no cabe duda» de que el querellado se ha valido de un «medio de difusión de masas» para publicitar «su incitación a la rebelión de los miembros de las Fuerzas Armadas». Además, aseveran que si el legislador «ha incluido la provocación (o incitación)» para la comisión del delito es por «las graves consecuencias» que las conductas «provocadoras de un alzamiento o insubordinación de carácter militar» pueden tener «sobre la paz social y el normal funcionamiento del juego democrático».
«No cabe razonar» que nos encontremos «ante desvaríos»
En relación con el delito de amenazas al Gobierno de la Nación, señalan que el llamamiento realizado por Tertsch constituye «un intento de amenazar o atemorizar» tanto al Ejecutivo como al conjunto de funcionarios y empleados que trabajan para él con el objetivo de que «no desplieguen las políticas que han sido objeto de refrendo por parte del Parlamento». «En tanto de lo contrario –continúa la querella–serán las Fuerzas Armadas las que deberán asumir, de forma autónoma y sin estar sujetas a las órdenes del Gobierno que el querellado dice rechazar, el control de la vida política del país para restaurar lo que a juicio del querellado debe ser la correcta aplicación de su propia interpretación de los valores que representa la Constitución».
Pero también puede ser constitutivo, añaden, de un delito de odio al entender los querellantes que esta conducta pública «fomenta, promueve o incita de forma directa o indirecta» la «hostilidad» o «violencia» contra aquellas personas que apoyan la acción del Gobierno. «Todo ello por razón de su ideología», afirman.
Izquierda Unida y Podemos también analizan el «alcance y verosimilitud» del contenido de los mensajes lanzados. Y, en su opinión, «no cabe razonar» que nos encontremos «ante desvaríos o querencias absolutamente descabelladas» y sin sustento en la sociedad. Así, los querellantes recuerdan que el eurodiputado de la extrema derecha española tiene como compañeros de partido a diferentes militares retirados «que pudieran tener predicamento e influencia» dentro de las Fuerzas Armadas y que «de forma indiciaria, parecen compartir total o parcialmente las proclamas del querellado». «Se puede razonar de forma certera y honesta que tales soflamas pueden generar o generan un clima de temor o amedrantamiento entre algunos individuos o parte de la población civil», culmina el escrito contra Tertsch.
